A partir de la década de los ochenta, en Estados Unidos comenzó a manifestarse una tendencia sostenida hacia la repartición más desigual del ingreso, rompiendo así con un movimiento de medio siglo que fue conduciendo a aminorar las disparidades de ingreso entre diversos estratos de la población. Inequívocamente, la sociedad estadunidense es hoy, en este plano, más inequitativa de lo que era hace quince años: en 1992, el 20 por ciento de las familias de mayores ingresos se apropiaba de alrededor del 57 por ciento del ingreso, lo que representó un incremento de la participación de este estrato en el ingreso de 6 puntos porcentuales a partir de 1983 y de 10 puntos desde 1962.
Dada la elevada participación que tienen los salarios dentro del ingreso de Estados Unidos, la causa fundamental que está generando este fenómeno es la creciente disparidad que se ha ido manifestando entre los salarios percibidos por diferentes categorías de trabajadores. La brecha entre los que reciben los altamente calificados y los de menor preparación se ha ampliado considerablemente. Este es uno de los argumentos que plantean los sectores de la sociedad estadunidense que se manifiestan en favor del proteccionismo comercial.
Sostienen que son las importaciones baratas provenientes de países con abundante trabajo y bajos salarios, tales como las de Asia y México, las que están reduciendo el empleo y los salarios en los sectores de la economía de Estados Unidos, cuya producción es intensiva en trabajo poco calificado.
El planteamiento contrario al proteccionismo sostiene que a partir de esta situación la economía se moverá hacia un nuevo equilibrio en el mercado de trabajo, dado que los elevados salarios de los trabajadores calificados se reflejarán en el aumento de la oferta de este tipo de trabajo, mientras que la caída salarial para el trabajo con poca calificación la reducirá. Con ello, en último término se llegará nuevamente a reducir la brecha de ingresos entre ambos tipos de trabajadores. Sin embargo, éste es un proceso que puede prolongarse bastante tiempo, periodo en el cual los costos que deban soportar los trabajadores de baja calificación pueden ser bastante elevados.
Otro de los argumentos que se emplea para señalar que la creciente inequidad en cuanto a salarios de la sociedad estadunidense no debe preocupar mucho, es que la propiedad de los activos se está difundiendo cada vez más entre los diversos estratos, de tal manera que la generalidad de las personas no sólo percibe ingresos del trabajo, sino que son complementados por los derivados de la propiedad de las acciones. En particular, se indica que una parte importante de las acciones de las empresas son de propiedad de fondos mutuos y de retiro en los que ahorran los trabajadores: alrededor de 67 millones de trabajadores de Estados Unidos están cubiertos por planes de retiro de las empresas y otros 9 millones disponen de cuentas individuales de retiro, invirtiéndose estos fondos en la compra de valores. En total, se señala que 36 millones de familias de Estados Unidos, equivalentes al 37 por ciento del total de familias del país, es propietaria de algún tipo de valores.
En otras palabras, vuelve a surgir el argumento de que la propiedad de la riqueza en el capitalismo deja de estar concentrada y que se pueda hablar de capitalismo popular. Sin embargo, un análisis más detallado de la distribución de esta propiedad permite negar la naturaleza popular que tendría el capitalismo de Estados Unidos: el 5 por ciento más rico de las familias es propietaria del 77 por ciento de los fondos de inversión mutua, mientras el 59 por ciento de las acciones de propiedad de los individuos pertenece al medio por ciento más rico en este plano. Por lo tanto, las tendencias a la diferenciación de ingresos por salarios no están siendo contrarrestadas por los derivados de la propiedad y, aún más, la distribución de éstos es notablemente más inequitativa que la de aquéllos.