La creación de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Federal, dada a conocer en el Diario Oficial de ayer, parece una medida orientada, en primer lugar, a reordenar y orientar la política informativa del gobierno, evitar las duplicidades y las contradicciones en esa materia y dar un cauce más fluido a las relaciones de trabajo entre las dependencias oficiales y los medios. Si tales son los propósitos, la determinación es acertada.

En términos más generales, el establecimiento de esa coordinación hace pertinente reflexionar sobre las relaciones entre la prensa y el poder en el México actual.

No cabe duda que los márgenes de libertad de expresión que pueden ejercer los informadores son, hoy en día, mucho mayores que los de hace unos años. Una década atrás, un lustro atrás, incluso, no era fácil ni siquiera concebir las condiciones de independencia en que pueden moverse, hoy, los medios, especialmente los impresos, para los cuales los mecanismos legales de control y censura oficial prácticamente han desaparecido. También se han logrado avances de gran importancia en la desarticulación de la red de compromisos extralegales que antaño vinculaban al poder público con los informadores en una relación de silencio cómplice, ocultamiento o tergiversación de los hechos.

Sin embargo, es todavía mucho el camino que queda por recorrer para establecer unas relaciones plenamente transparentes, justas y adecuadas entre los medios de información y el gobierno. Los primeros deben avanzar en la creación de mecanismos de autorregulación que impidan los excesos, las omisiones, los abusos y la utilización de las tribunas públicas con propósitos inconfesables, tanto políticos como económicos. Ello implica la formulación de códigos de conducta periodísticos y la designación de ciudadanos de prestigio y honradez comprobada como ombudsman de los lectores.

El gobierno, por su parte, debe reglamentar sus compras de espacios y tiempos publicitarios no debe olvidarse que el poder público es el primer anunciante del país de forma que se garantice un reparto de los recursos publicitarios acorde con la circulación, la audiencia, la penetración y el impacto reales y el grado de seriedad y profesionalismo de cada uno de los medios. Debe garantizarse, asimismo, que el otorgamiento de recursos de publicidad oficial no pueda ser utilizado, en ningún caso, como instrumento de presión o censura hacia un medio informativo, sea impreso o electrónico.

Cabe esperar que la nueva Coordinación de Comunicación Social del gobierno logre dar pasos en este sentido. Asimismo, sería deseable que el gobierno descartara explícitamente cualquier identificación entre esa dependencia y un organismo de control de los medios.

Gobernar es, entre otras cosas, informar. Para los periodistas, para la sociedad y para el gobierno mismo, es de suma importancia que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Federal cumpla con su parte de la tarea.