El anuncio del dirigente nacional del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, de que su organización se separará del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), despertó muchas simpatías y parece ser una decisión correcta para presionar, a fin de que se concedan casas o créditos a sus agremiados. Pero eso es nada más la apariencia, pues será más que difícil llevarlo a la práctica.

De esta manera, la acción contra el Infonavit podría quedarse en un mero intento de restarle poder al Congreso del Trabajo y en particular al viejo líder de la CTM Fidel Velázquez, quien de manera reiterada se ha interpuesto en el camino de Hernández Juárez para llegar a la presidencia del llamado organismo cúpula del movimiento obrero.

En síntesis, a pesar de las apariencias de beneficiar a su gremio, la acción de Hernández Juárez parece quedar reducida a un movimiento de carácter político encaminado a tomar posiciones con la cada vez más cercana -nada más por razones de tiempo- sucesión de Fidel Velázquez Sánchez como principal dirigente de la clase obrera.

No se trata de descalificar la lucha de Hernández Juárez. Tal vez él y sus allegados de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes) sean la mejor opción para el sindicalismo mexicano, pero ello no quiere decir que la amenaza de separarse del Infonavit pueda llevarse a la práctica ni mucho menos que con ello se asegure el proporcionar vivienda a los miles de trabajadores de Teléfonos de México.

Por principio de cuentas, es necesario tener en cuenta que la aportación al Fondo de la Vivienda no es voluntaria, sino obligatoria, y las aportaciones no proceden de los salarios de los trabajadores, sino que forman parte de los impuestos que pagan los patrones, como son también las cuotas para el Seguro Social. Es cierto que uno y otro fondos forman parte del patrimonio de los trabajadores, que únicamente pueden verlos materializados cuando reciben vivienda o crédito del Infonavit, cuando reciben atención médica del IMSS o cuando obtienen pensión del mismo instituto.

Como le ha pasado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que necesitó de ajustes en su ley orgánica y de la creación de nuevas formas de manejo de los fondos del retiro (las controvertidas Afores) para poder cumplir cabalmente con su responsabilidad de pagar pensiones más equitativas, el Infonavit también requerirá de ajustes para que pueda saldar el retraso histórico en la entrega de viviendas y de créditos para los trabajadores.

Te vas, que te vaya bien

Pero las fallas del Infonavit no significan que los trabajadores descontentos puedan retirar sus fondos a voluntad y que puedan llevarlos a otra institución o manejarlos a su libre albedrío.

Al respecto, es necesario tomar en cuenta que el origen del mencionado Instituto para la Vivienda está en la propia Constitución General de la República, que en el inciso XII del artículo 123 establece:

``Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional para la vivienda a fin de construir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento, que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

``Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas''.

La reglamentación de lo dispuesto en este precepto constitucional está en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Orgánica del Infonavit.

En consecuencia, para que se pueda materializar el propósito de que el Sindicato de Telefonistas o cualquier otra organización obrera pueda manejar directamente los recursos que proporcionan los patrones para vivienda, lo primero que se requiere es modificar tanto el mencionado artículo constitucional como las leyes reglamentarias. No basta con que el sindicato pida a su patrón que le entregue directamente el dinero que debería aportar por concepto de cuotas al Infonavit.

Además, en el eventual caso de que las empresas pudieran quedar en libertad de entregar los recursos para vivienda directamente a los sindicatos con los que tienen contrato colectivo de trabajo, ello no significa que todos los trabajadores puedan tener casa propia a corto plazo.

Los estudios actuariales más serios indican que en este momento de crisis y de inflación, para que se pueda asegurar el financiamiento de la vivienda se necesitan mantener grupos ``cerrados'', lo que significa que nadie podría entrar ni salir del sindicato durante largos plazos. Además, como la asignación de las viviendas se haría casi seguramente por sorteo, los trabajadores menos afortunados tal vez tendrían que esperar 10 años o más para recibir su casa o crédito para construirla.

De paso, debe advertirse a quienes se han inscrito en empresas de autofinanciamiento de casas que se cuiden de que los grupos sean cerrados, pues en las organizaciones abiertas hay el riesgo de que quiebren antes de que puedan cumplir sus compromisos. Los enterados dicen que las empresas ``abiertas'' actúan como las conocidas ``pirámides'' que tantos fraudes han provocado.

La cosecha

Para quienes apuestan a la caída del gobernador de Tabasco Roberto Madrazo: en unos días más el presidente Ernesto Zedillo realizará una gira por ese estado, que será indudablemente una manifestación de respaldo al mandatario. Al respecto hay que recordar que en su primera visita a Tabasco, el primer mandatario dijo que ambos gobernarían hasta el año 2000. Pero, antes, también habrá respaldo a otro gobernador en problemas, el de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, salido de las filas de un partido de oposición, el PAN... El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública firmaron un convenio de colaboración para realizar una serie de proyectos orientados a divulgar la cultura política democrática. El secretario general del Instituto y director en funciones, Agustín Ricoy Saldaña, comentó que las finalidades de ambas instituciones son coincidentes en el propósito de fortalecer el desarrollo de la vida democrática. El presidente del Colegio, Mauricio Merino, anunció que uno de los primeros proyectos concretos consiste en realizar, en septiembre próximo, un congreso nacional de Ciencia Política, en el cual profesores, investigadores y académicos de todo el país podrán intercambiar opiniones en ocho mesas de trabajo... Como se esperaba, los dictámenes sobre la reforma político-electoral no estuvieron a tiempo y por ello en la Comisión Permanente no se pudo lanzar la convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones, en el que habrán de definirse las reformas a la Carta Magna... Con una aportación de un millón de pesos se renovó esta semana, en Culiacán, Sinaloa, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Asimismo, se firmó un convenio para la creación del Fondo Regional para la Cultura y las Artes en la Zona Noroeste, que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Como testigos suscribieron estos convenios el gobernador de Sinaloa, Renato Vega Alvarado, y el presidente del CNCA, Rafael Tovar y de Teresa