Hace varios años, el PRI-Gobierno intentó limitar el derecho ciudadano a la libre manifestación mediante mítines, plantones y marchas callejeras, confinándolos en lugares cerrados o aislados llamados popularmente manifestódromos. La idea motivó duras críticas por su implícita negación del derecho constitucional y su falta de comprensión de la naturaleza de estas movilizaciones. La propuesta cayó en el olvido. Hoy, el PRI capitalino, asustado por el aumento incesante de las expresiones populares de protesta, generadas por el fracaso rotundo de la política económica neoliberal y por la descomposición del régimen político, vuelve a la carga con una propuesta de reglamentación que expediría la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (La Jornada, 15-VI-1996).

Los puntos propuestos son, en síntesis: sometimiento de las movilizaciones al ``permiso previo'' otorgado por los delegados políticos, cuya concesión sería discrecional; respeto estricto de recorridos y tiempos aprobados; imposibilidad de marchar por vías ``estratégicas'' y/o afectar la circulación vehicular; potestad gubernamental para recurrir a la fuerza pública y a la represión, si a su juicio se transgreden estas normas; y modificaciones al Código Penal para castigar a los responsables de cualquier transgresión, a juicio de las autoridades. En su conjunto, son tantas las limitaciones que podría hablarse de la prohibición tácita de estas formas de acción ciudadana.

Estamos de acuerdo en que las movilizaciones callejeras de protesta popular ponen trabas a la circulación vehicular y al funcionamiento de algunas partes de la ciudad; pero ni una ni otro son lo suficientemente racionales y eficientes en términos colectivos, como para echar la culpa de todos los males a los manifestantes. Estos problemas tienen múltiples causas y existen aún cuando no haya movilizaciones. Desde luego, el PRI-Gobierno, con sus actos públicos, la movilización de su alta burocracia y sus propias manifestaciones y acarreos, produce los mismos efectos. Pero lo fundamental es que los legisladores del PRI no analizan las causas de la multiplicación de actos de protesta, porque son en gran parte responsables de ellos y prefieren el camino del control y la represión, usados ya en múltiples ocasiones y cuya ineficacia es y ha sido evidente.

Una solución democrática y efectiva sería resolver los problemas fundamentales que causan la protesta. Ellas son de origen económico, social y político. En primer lugar, están los nefastos resultados de la política económica neoliberal y sus efectos sobre la población, que pueden resumirse en: expropiación de su patrimonio personal y productivo (las carteras vencidas y El Barzón son ejemplos, entre muchos); caída brutal de los salarios e ingresos populares; ataques patronales y oficiales a las organizaciones sindicales o sociales; desempleo masivo y creciente; prohibición del ejercicio de actividades de subsistencia supletorias del empleo, etcétera. En segundo lugar, las múltiples formas de autoritarismo, la falta de democracia, la represión y el centralismo, que caracterizan al régimen político actual y que transforman toda demanda, todo proceso electoral y muchos actos de autoridad en agresiones a los ciudadanos y en confrontación política.

De otra parte, la ausencia de mecanismos claros de negociación social, el carácter autoritario, burocrático, dilatorio y con frecuencia corrupto de las relaciones entre gobierno y grupos demandantes o que protestan, que se sustenta en relaciones de fuerza siempre desiguales. Para ser reconocidos y sus demandas o propuestas oídas o vistas, los demandantes tienen que hacerse ver y oír por los demás ciudadanos y las autoridades, mediante la movilización en sitios y vías importantes; sólo así los medios de comunicación difunden sus razones y sus luchas. Finalmente, el centralismo político y administrativo hace que las protestas sólo sean útiles cuando ocurren en la capital, ante el poder federal, único realmente capaz de resolver o atenuar sus causas.

La reglamentación propuesta parece inútil para controlar un efecto, una expresión parcial de causas estructurales. Muy seguramente será letra muerta ante el mantenimiento de los problemas y de la irritación social que producen. Por qué mejor no se avanza firme y seriamente en la solución de las causas estructurales de la protesta masiva, cotidiana y, en muchos casos, lesiva de los intereses individuales de otros ciudadanos?