Es un lugar común decir que los actuales partidos no representan adecuadamente la pluralidad distintiva de la sociedad civil. Con ello se quiere decir que el sistema de partidos es todavía una aspiración, no una realidad. Y, en efecto, la democracia mexicana, que se aleja cada vez más de la era de triunfal monopartidismo, está lejos de ser ya un edificio construido. Los partidos, si cabe la comparación ingenieril, son los cimientos de ese nuevo régimen que tarda tanto en nacer. Y los que hoy existen son, sin duda, grandes corrientes que aún habrán de decantarse antes de alcanzar un perfil más definido.

Es verdad que a muchos no les gusta la idea de que la democracia pase a través de los partidos y se pronuncian por otras formas de participación ciudadana distinta, si no es que contrapuestas, a los partidos. Pero lo cierto es que hasta ahora nadie ha encontrado una fórmula mejor para asegurar el juego democrático que la contienda partidista.

Es por eso que los partidos son considerados como entidades de interés público que la sociedad quiere sostener y cuidar. Eso explica la reacción negativa que durante años suscitó la permanencia de partidos fantasmas, auténticos cotos de privilegio cuya única misión en la vida era servir como comparsas en un juego democrático espurio y falsificado. De ahí que sea un acto de legítima defensa poner barreras legales para que los intentos de formar agrupaciones políticas no desemboquen en un sistema de competencia adulterada.

Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos para que una fórmula esencialmente justa, la concesión del registro condicionado, no se convierta en una barrera infranqueable para las agrupaciones nuevas o pequeñas que acceden a la arena electoral. En primer término, deben respetarse escrupulosamente la letra y el espíritu de la ley, a fin de no introducir argumentos políticos para resolver litigios que son de otro orden. El registro, recuérdese, no está cerrado en principio para nadie que cumpla con los requisitos previstos por la ley y los acredite adecuadamente.

Pienso que lo más deseable desde el punto de vista democrático es abrir las compuertas a la participación de modo tal que no se excluya a nadie. Los partidos deberían tener la oportunidad de presentarse a una elección federal sin más requisito, a fin de que sean los votantes quienes decidan, en definitiva, su registro condicionado. El registro que permite a los partidos gozar de las prerrogativas de ley debe ser, en todo caso, la consecuencia de esa convalidación en las urnas de la existencia de los partidos.

Es inútil actuar contra la ``pulverización'' de los partidos cerrando las vías a la participación de las nuevas agrupaciones. El sistema de partidos tiene que reflejar de algún modo esa tensión permanente, que es provocada por la diversidad de opciones y sus inevitables asimetrías: eso es la pluralidad. No sería mejor buscarle un cauce a tales expresiones, en vez de cerrarle las puertas en las narices a los que quieren entrar?