La guerra sucia en Argentina, caso particular de impunidad

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 17 de junio La falta de voluntad para investigar las desapariciones de miles de personas, entre ellos 400 niños, bajo la última dictadura militar argentina (1976-1983) llevó hoy al Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a entregar a la justicia de España un informe sobre violaciones a los derechos humanos, porque en este país existe ``una total impunidad jurídica''.

Amnistía Internacional, con sede en Londres, también hizo énfasis en la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, así como de la violencia con que se reprimen las protestas sociales y la aplicación de torturas, y se refirió además a las amenazas contra los abogados que defienden a los afectados.

El obrero Víctor Choque, asesinado por la policía de la austral provincia de Tierra del Fuego durante una manifestación sindical en abril de 1995, fue tomado como ejemplo de la represión de los conflictos sociales, donde figuran además una cantidad de heridos en ese mismo año.

Asimismo, el informe sostuvo que la insistencia del presidente Carlos Saúl Menem sobre la eventual instauración de la pena de muerte en Argentina ``no contribuye'' a mejorar los derechos humanos en el país.

El informe de AI se divulgó en momentos en que Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, solicitó en España --ante el juez Baltasar Garzón-- que ese país inicie una investigación sobre más de 200 españoles desaparecidos durante la dictadura militar.

"En Argentina hay un proceso de impunidad donde todos los criminales andan sueltos. Y la impunidad no ayuda a construir un régimen democrático", sostuvo Pérez Esquivel.

Varias organizaciones humanitarias apoyan al Premio Nobel, quien fue secuestrado y torturado bajo la dictadura militar, en las peticiones a la justicia española para que actúe al respecto, como también ocurre en Italia y Francia.

Este esfuerzo de Pérez Esquivel intenta obligar al gobierno argentino a dar un paso para eliminar la impunidad. Organismos humanitarios locales estiman que tanto el llamado gatillo fácil como varias acciones de represión, secuestros extorsivos, crímenes, nuevas desapariciones y casos de torturas en el país se pueden dar gracias a la impunidad que encubrió los crímenes aberrantes del pasado.

Thierry Iplicjian, presidente de AI en Argentina, sostuvo que el gobierno no muestra interés en investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura, a pesar del arrepentimiento de algunos responsables.

En entrevista con La Jornada destacó el informe del ex capitán de la marina, Adolfo Scilingo, quien, arrepentido, reveló como fueron arrojados al mar --vivos y bajo el efecto de tranquilizantes-- unos dos mil prisioneros de la dictadura.

Actualmente, Scilingo está detenido por la supuesta entrega de un cheque falso, aunque recientemente el escritor y periodista Horacio Verbitsky demostró la falsedad de las pruebas enderezadas contra el ex marino.

"Lamentablemente, a pesar de estas nuevas informaciones, no ha habido avance en materia de esclarecimiento de aquellos crímenes", dijo Iplicjian. Recordó además que AI deplora las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y Amnistía, que se dictaron durante los gobiernos de Raúl Alfonsín (198489) y el actual, de Carlos Saúl Menem. También afirmó que el Estado argentino tiene responsabilidad con sus ciudadanos y los extranjeros, como ``lo observó Naciones Unidas''.

En el caso del gatillo fácil, sobre el cual AI citó varios ejemplos en el informe, consideró que "no ha habido grandes avances después de una anterior denuncia", pero el delegado precisó que se espera concretar la creación de una Corte Penal Internacional "donde los ciudadanos puedan ir a denunciar directamente las violaciones y de esta manera se los pueda proteger en relación con su propio gobierno".

Aunque Argentina suscribió varios acuerdos internacionales, "se observa la reiteración de casos como el gatillo fácil, tortura y ejecuciones, y compete al gobierno evitar la repetición de estos hechos".

Iplicjian destacó también el caso de Brasil, donde "si bien el gobierno no puede ser considerado directamente responsable, al menos se puede decir que hay tolerancia o complicidad con la existencia de los escuadrones de la muerte, ligados a las fuerzas de seguridad", y dijo que incluso tienen vínculos con la policía paraguaya, como se habría descubierto recientemente.

Otro caso muy grave es la actuación conjunta de policías brasileños y argentinos para detener un ciudadano de Brasil en territorio argentino, quien fue llevado a su país y posteriormente torturado y asesinado, según el delegado de Amnistía Internacional,

Iplicjian se refirió asimismo a la acción de comerciantes que pagan ``para limpiar a las calles'' de pobres y al candente tema de los 25 millones de refugiados, "personas que viven en el total desamparo y sufren andando por todo el mundo sin destino".

El problema del gatillo fácil en Argentina fue destacado también hoy por el diario The New York Times, para el cual el aumento del número de civiles desarmados muertos por la policía recuerda la llamada guerra sucia de la dictadura, aunque esta vez la violencia no tenga motivación política.