Destaca en AL a Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Haití

Afp, Dpa, Ips, Ansa y Efe, Londres, 18 de junio La violación de los derechos humanos continúa cotidianamente en varios países de América Latina, especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Haití, en donde la impunidad de los autores de estas acciones constituye el principal problema, aseveró hoy Amnistía Internacional (AI).

Al menos 10 mil víctimas de torturas, más de 140 mil desaparecidos, unas 46 mil detenciones sin acusación ni juicio y casi 3 mil ejecuciones se registraron en todo el mundo durante 1995, aseveró el organismo internacional en su informe anual presentado este martes en su sede en Londres.

El documento, que destaca las violaciones de los derechos humanos en 146 países, indicó que los agentes gubernamentales perpetraron ejecuciones extrajudiciales en 63 de ellos, y que en los años anteriores, incluido 1995, hubo desapariciones en 49 países. Respecto a América Latina, resaltó el contraste entre las violaciones cotidianas de los derechos humanos y los compromisos asumidos, de manera casi universal, del respeto a esas garantías por parte de esos estados en diversos tratados y convenciones internacionales.

AI indicó que la tortura y malos tratos fueron prácticas generalizadas para extraer información en casi todos los países de la región, y citó el caso de México, en donde las fuerzas de seguridad hicieron uso de estos métodos durante las operaciones que se llevaron a cabo en el estado de Chiapas, donde en 1994 se alzó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Amnistía Internacional señaló que sus expertos instaron en varias ocasiones al gobierno mexicano, sin tener jamás respuesta alguna, a poner fin a la ``impunidad'' de que gozan quienes cometen violaciones a los derechos humanos, reclamando libertad para los ``presos de conciencia'', la erradicación de la ``tortura'', las ``desapariciones'' y las ``ejecuciones extrajudiciales''.

El enfoque de los especialistas sobre México, indicó, se resume en los siguientes puntos: ``Se detuvo a decenas de personas a causa de su actividad política pacífica o en favor de los derechos civiles, a quienes AI consideró presos de conciencia; decenas de defensores de los derechos humanos, entre ellos varios periodistas, fueron objeto de agresiones y de amenazas de muerte por criticar la situación de tales derechos. Los miembros de organizaciones comunitarias sufrieron también amenazas y hostigamientos. Se observó el uso generalizado de la tortura por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Judicial Estatal, torturaron y maltrataron a cientos de hombres, mujeres y niños. Entre las víctimas hubo presos de conciencia y miembros de minorías étnicas, especialmente de comunidades indígenas, y decenas de personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, entre ellas activistas campesinos y miembros de la oposición''.

AI recordó que las conversaciones de paz entre el gobierno y el EZLN fueron suspendidas de forma provisional en febrero del año pasado, reanudándose en abril de 1995, tras la adopción de ``enérgicas medidas'' gubernamentales contra los dirigentes del grupo armado opositor y la realización de operaciones militares para recuperar el territorio controlado por los rebeldes zapatistas.

Durante la búsqueda de presuntos zapatistas, añadió, las fuerzas de seguridad cometieron en contra de decenas de detenidos ``graves violaciones de derechos humanos, como torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los responsables no fueron procesados'', aseguró y señaló que tampoco comparecieron ante la justicia los ``soldados responsables de torturar y matar en enero de 1994 a tres dirigentes campesinos de Morelia (Chiapas) y de violar y golpear a tres jóvenes indígenas en junio de 1995 en Chiapas''.

Más denuncias

De esta manera, México figuró entre 114 países en los que se registraron al menos 10 mil víctimas de torturas, entre ellas la violación; otras naciones en las que se consignaron prácticas de este tipo son Indonesia, Timoro Oriental, Irán y la nueva Yugoslavia. En 1995, dijo Amnistía, hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en al menos 16 países de América Latina, y en Colombia alrededor de un millar de personas encontraron la muerte de esa manera.

En por lo menos seis países de América Latina y 79 del resto del mundo, había presos de conciencia. En América Latina resaltó los casos de Cuba y Perú. Estimó en 600 el número de presos de conciencia en Cuba, así como en varios cientos el número de presos políticos en esa nación caribeña, y decenas de casos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de disidentes, aunque AI no mencionó casos de torturas o desapariciones en la isla.

Defensores de los derechos humanos fueron víctimas de persecución, intimidación y amenazas de muerte en la mayoría de los países de la región, entre ellos Argentina, Guatemala, México, Brasil, Cuba, Honduras y Perú, indicó. Organizaciones armadas también fueron culpables de numerosos abusos contra las poblaciones civiles, y con frecuencia dirigieron sus ataques contra mujeres y niños, tanto en América Latina como en otras regiones el mundo. Los grupos irregulares, recordó AI, con frecuencia reciben armas de gobiernos extranjeros adheridos a su causa, pero las agencias cablegráficas no aclararon si AI identificó a esos grupos armados.

Panorama en otras regiones

Miles de personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 63 países, entre los que mencionó, además de Colombia, a Bahrein, Burundi, India, Rusia y Ruanda.

Indicó que se carece de noticias de más de 140 mil personas, quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas en 49 naciones durante los últimos años, y existe el temor de hayan sido asesinados, especialmente en los casos de Burundi, Ruanda, Irak, Sri Lanka y Turquía, así como en Colombia.

Sostuvo que 46 mil personas están detenidas sin acusación formal en 43 países, y unas 2 mil 900 ejecuciones judiciales fueron registradas en 41 naciones, entre ellas China, Estados Unidos y Nigeria, aunque AI consideró que la cantidad fue superior a la que consta en la información oficial.

Los condenados a muerte sumaban 3 mil 700 en 1995 y otros 5 mil 500 prisioneros estaban a punto de recibir la misma sentencia. España, Mauricio, Moldavia y Sudáfrica abolieron la pena de muerte el año pasado, pero Gambia la restableció.

Afirmó que los gobiernos de China, Francia, Alemania, Rusia, Gran Bretaña y Estado Unidos, y algunos de sus aliados, ``comercian con el terror'', y los instó a prohibir la venta de equipo militar, de seguridad y policial a cualquier Estado donde sea evidente que puede emplearse para violar los derechos humanos. Ante este panorama, Amnistía Internacional denunció que los gobiernos de todo el mundo fracasaron en prevenir violaciones masivas de los derechos humanos y frecuentemente desdeñaron el sufrimiento y antepusieron sus intereses.