El proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México debe ser motivo de atentas reflexiones y de un cuidadoso seguimiento por parte de la opinión pública, no sólo porque podría conllevar riesgos para la soberanía sino también porque es preciso encontrar vías para no afectar la planta laboral en la forma en que se ha planeado hacerlo: reduciéndola en cerca del 60 por ciento.

Con respecto a lo primero, cabe recordar que la privatización se inicia con el proceso de venta, ahora puesto en marcha, del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, una línea férrea que ha sido poco tomada en cuenta, porque a menudo se le ha concebido como un proyecto aislado y porque la carencia de una política industrial integral ha impedido su utilización plena y adecuada.

Sin embargo, la ruta mencionada tiene una importancia estratégica evidente: comunica con el océano Pacífico a importantes zonas, no sólo de México sino de Estados Unidos, concretamente de Texas y especialmente la zona de El Paso y sus alrededores, que tiene una gran concentración industrial. También hay un importante conjunto de maquiladoras en Ciudad Juárez, de donde parte uno de los ramales de la vía mencionada.

No puede pasarse por alto la importancia que reviste el conservar el control si no por medio de la propiedad, de alguna otra forma del Estado en esa vía de transporte. De otra forma, lo que se plantea como un beneficio para el país también podría ser un peligro. Sin el adecuado control, un ``corredor'' bajo dominio extranjero a través del territorio nacional puede ser motivo de amenazas a la soberanía, como ha ocurrido con el Canal de Panamá y como sucedió, en tiempos pasados, con el control por parte del gobierno zarista ruso, del tramo del Transiberiano que pasaba por territorio chino.

Otro tanto puede señalarse del Ferrocarril Transístmico, la llamada línea Z, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Puede, si las cosas se hacen adecuadamente, ser una vía alterna al Canal de Panamá, con muchas ventajas, con una industria petroquímica de gran importancia capaz de contribuir a la transformación de los productos que por allí se transporten. Pero con los puertos y los ferrocarriles privatizados, las autopistas concesionadas y la petroquímica vendida al mejor postor, ésta podría convertirse en una franja de control extranjero que dividiría al país.

De ahí la necesidad de tener un gran cuidado con los procesos en curso y permitir que la inversión pública desempeñe dos funciones al mismo tiempo: impulsora de la inversión general necesaria para los proyectos y candado para asegurar que éstos se desarrollarán en beneficio de México.

Con respecto a la afectación de los trabajadores durante el proceso de desincorporación de Ferronales, sería deseable establecer programas para derivar a los ferrocarrileros que ya no encuentren sitio a otros sectores industriales y de servicios, así como realizar acciones de capacitación en beneficio de quienes se queden en las nuevas empresas ferrocarrileras, para que puedan participar en la imprescindible modernización de los trenes del país.