Opacada por la lucha en la cima oculta tras los rumores sobre la renuncia presidencial, la crisis en el diálogo chiapaneco y la enésima oleada de movilizaciones magisteriales, la expansión de la lucha india ha quedado reducida en los medios a pequeñas y dispersas notas de prensa. La vastedad y variedad de referencias a conflictos en donde los principales actores son pueblos indígenas, son, sin embargo, un indicador de que algo profundo está cambiando en México.

Un breve recuento de lo sucedido en los últimos días no deja lugar a dudas sobre la magnitud del hecho. En Chihuahua, la comunidad tarahumara del ejido Pino Gordo denunció la invasión y el despojo de sus tierras. En Sinaloa, grupos provenientes de diversos estados afectados por la construcción de presas analizaron los agravios sufridos y acordaron acciones para exigir que se reparen los daños. En Oaxaca, ocho ayuntamientos relanzaron la formación del Frente Unico de Presidentes Municipales Indígenas de la Sierra Mazateca para responder a la ``indiferencia y desatención gubernamental''. En Sonora, indígenas triquis y zapotecos señalaron la existencia de prácticas análogas a la esclavitud en las fincas privadas de la Costa de Hermosillo. En California, organizaciones mixtecas exigieron que se reconozca la doble ciudadanía. En las regiones de la Montaña de Guerrero y San Luis Acatlán varias comunidades tlapanecas, amuzgas y mixtecas reivindican la formación de un nuevo municipio.

Las luchas no tienen un solo centro organizativo y sus demandas son diversas. Algunas son claramente defensivas, respuesta a las acciones de ganaderos y guardias blancas. Otras son decididamente ofensivas y buscan una recomposición de las relaciones de poder. Todas en conjunto muestran una tendencia irreversible: buscan un mayor acceso a la ciudadanía y a la igualdad social; presionan por su reconocimiento político diferenciado, como sujeto colectivo, y no solamente por el acceso individual a los derechos ciudadanos; actúan sobre una nueva identidad basada en su pertenencia a un pueblo, en lugar de hacerlo sobre las viejas identidades comunitarias.

Protagonizan, a través de un complicado y desigual proceso, una nueva inserción en los espacios públicos a partir de la superación de su condición de excluídos propiciada por las políticas integracionistas, que anularon su condición diferente. Se trata de una incorporación similar a la que en el pasado tuvieron que ganar los trabajadores, y como la que en la actualidad han tratado de obtener las mujeres.

La lucha por la ciudadanía plena implica la convicción de ser iguales a los demás y tener los mismos derechos y obligaciones. Se trata de un proceso de construcción de iguales, de rechazo a la exclusión, en el que la exigencia a demandas concretas rebasa el tradicional tono clientelar, para ubicarse en el plano de la reivindicación de derechos.

La lucha por el reconocimiento a la diferencia parte de aceptar el derecho al ejercicio distinto de la autoridad y a constituirse como colectividad con derechos propios. Reivindica un derecho de igualdad y un ejercicio diferente de éste. Parte de la legislación de este derecho a nivel internacional (Convenio 169 de la OIT) y su aprobación por parte del gobierno mexicano. Ve en él el instrumento para ganar la igualdad plena de derechos que la actual legislación le concede formalmente, pero la niega prácticamente. Esta lucha no busca, como lo han señalado algunos analistas políticos, garantizar la reproducción de un liderazgo caciquil amenazado por el crecimiento demográfico, la presión sobre la tierra y la ``modernización'', sino, por el contrario, es el medio que las comunidades indígenas organizadas se han dado para prescindir de él y para contrarrestar la influencia de ganaderos y comerciantes mestizos.

Los pueblos indios se han convertido ya en un sujeto político autónomo con propuestas propias. Se trata de un proceso irreversible y en ascenso. Reivindican un nuevo ordenamiento de las instituciones políticas que les permita superar su condición de exclusión. Al hacerlo alimentan el surgimiento del pluralismo que el Estado centralizado niega. Ello es posible porque, en contra de lo que afirman distintos funcionarios, su identidad se ha transformado profundamente y hoy se asumen, cada vez más, como pueblos y no como poblados.

Así las cosas, la lucha por la autonomía indígena y la construcción de esta ciudadanía diferente son elementos que actúan a favor de la democratización sustantiva del país. El torrente de movilizaciones indígenas de los últimos meses se intensificará y diversificará en el futuro inmediato. Nadie lo podrá detener. Bien hará el Congreso si lo tiene presente a la hora de legislar sobre el tema.