Está organizándose un Comité Estudiantil Metropolitano, que ya ``clausuró'' la oficinas del Ceneval, para decir no al Examen único y para demandar se dé prioridad de acceso a la UNAM y al IPN a los estudiantes de menores recursos.

La demanda social de fondo es totalmente justa: educación (media superior, en este caso) para los jóvenes. Pero las exigencias son primarias, improcedentes y sin fundamento, porque ignoran la larga historia de esfuerzos institucionales para llegar a una medida racional como el Examen Unico, y porque el ingreso de las familias no puede ser el criterio de admisión a una institución educativa: los asuntos académicos se resuelven con reglas académicas.

Dos grandes problemas, sin solución a corto plazo, y que crecerán en el futuro cercano, aquejan al bachillerato: la expansión de la matrícula escolar y los contenidos de los planes de estudio.

Por los programas de ajuste, el gasto real educativo per cápita se ha estancado y ha decrecido. Se acepta universalmente que el gasto en educación no es un gasto en sentido estricto porque no se consume sino acumulación de conocimientos y destrezas: productividad humana capaz de producir más que el gasto ejercido en crear esos conocimientos. En México aún no lo aceptamos.

En la capital, la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM desde los años 50 comenzó a abrir, uno tras otro, nueve planteles, con dos turnos por día, conforme las solicitudes crecían, como si no existieran otras vías de crecimiento institucional. Pero a fines de los 60 el rezago y la demanda acumulada de educación media generaron una presión social creciente (como lo expresó el surgimiento de las ``prepas populares'').

La UNAM dio una nueva y vigorosa respuesta abriendo los cinco planteles del CCH, con cuatro turnos cada uno. Hubo así una nueva gran expansión de la población escolar, como si no hubiese habido otras rutas de crecimiento institucional, y l a UNAM terminó enfrentando vastos problemas de gigantismo y hacinamiento en el bachillerato. La población escolar de ese nivel llegó a más de 100 mil alumnos. Piénsese por un momento en la organización escolar y de profesores de ese número de alumnos adolescentes.

Esta población en edad escolar, por supuesto, siguió creciendo. En la capital la principal respuesta gubernamental fue el Colegio de Bachilleres. Fueron abiertos 20 planteles, pero cada uno de ellos fue programado para una población cada vez menor; el último, abierto hace unos diez años, admite entre 2 mil y 3 mil alumnos. Con todo, la matrícula de este Colegio rebasa ya los 70 mil alumnos.

No ha habido otro esfuerzo parecido. Por tanto, el rezago se acumula. Aún no se conocen las cifras de esta primera experiencia de admisión vía Examen nico, pero parecen haber rebasado las previsiones de Ceneval. Muy probablemente, esa es la base social que permite dar origen al Comité Estudiantil Metropolitano. No fueron previstas las cosas a tiempo en esta materia, y hoy no es posible crear, instantáneamente, los diez o doce planteles que quizá harían falta para atender la demanda. El conflicto social, que intentará ser convertido en político, está a la vista. Y el año que viene será mayor, porque serán más los que no habrán encontrado lugar, y más aún cuando la falta de escuela no es compensada con la posibilidad de algún tipo de empleo.

El otro grave problema es el de los planes de estudio. Hay en el país 302 planes, es decir, vivimos un completo desbarajuste en esta materia. El país no sabe qué quiere para el bachillerato, qué debe ser enseñado. No se trata, por supuesto, de crear un plan de estudios; pero 302 son sin duda excesivos.

En la UNAM hay dos (Preparatoria y CCH), y aún no hemos sido capaces como institución de evaluar, debatir y decidir si queremos ambos o si debiera haber sólo uno y cuál sería. Las formas legales vigentes de organización institucional son obstáculos para esa evaluación: tanto la Prepa como el CCH tienen sus propios órganos de gobierno autónomos.

Tratándose de un bachillerato propedéutico, como son los universitarios, las disciplinas científicas, sociales y humanísticas debieran ser decisivas en el desideratum sobre sus contenidos. Pero nuestra legalidad lo impide: la instancia para decidir el contenido de la enseñanza es el Consejo Técnico de la Preparatoria y el del CCH, y los planes de uno y otro son del todo distintos.

Otro obstáculo para revisar los planes de estudio es que si no existen mecanismos legales para hacerlo bajo reglas detalladas y técnicamente adecuadas (como ocurre en la UNAM para el bachillerato), entonces los planes tienden a crear grupos de interés formados por profesores alrededor de las áreas disciplinarias de los planes. Cuando se intenta una revisión, aparecen grandes dificultades de orden político para llevar a cabo los cambios necesarios. Ejemplo de ello son las dificultades en el CCH para alcanzar un mínimo consenso sobre la reforma del plan de estudios.

Si esa evaluación y ese debate resultan harto complejos en la UNAM, imagine lo que significa buscar poner orden académico nacional en un nivel donde existen 302 planes.