El término ``partido paraestatal'' se ha convertido en una obsesión para el PAN y es una de las causas por lo que está detenida la primera fase de la tan comentada reforma de Estado en su fase electoral.
Esa despectiva denominación fue inventada por viejos militantes panistas, para aplicárselo a las pequeñas organizaciones nacidas por la intervención complaciente del gobierno federal y sostenidas a trasmano con dinero del erario público, pues de esta manera se creaba la ilusión de pluralidad en el sistema político nacional.
Eran los tiempos en que Acción Nacional era la única oposición real del gobierno priísta. Los partidos de izquierda, fundamentalmente el PCM, estaban proscritos o no aceptaban incorporarse al sistema electoral de la ``burguesía''. En las filas del partido albiazul imperaba la ``pureza'' ideológica, al grado que cualquier negociación con el gobierno se consideraba denigrante y, por supuesto, se rechazaba cualquier dinero oficial aunque fuese concedido de manera transparente y legal, porque se consideraba una forma de coptación.
Como parte de su rechazo a cualquier cosa que significara estatización, para esos panistas tradicionales la única posibilidad de financiamiento de un partido era mediante aportaciones de particulares.
Pero los tiempos y las personas cambiaron. Llegaron los llamados neopanistas, muy combativos pero también más pragmáticos, a quienes no les parecía vergonzoso recibir financiamiento oficial, siempre que fuera de forma legal, si eso contribuía a avanzar en el propósito central de conquistar el poder.
A más de otras diferencias internas, la aceptación del financiamiento oficial fue uno de los factores que llevaron a una escisión interna en las filas del PAN. Un importante sector de ese partido, no tanto por su número cuanto por la calidad de sus miembros, se separó de su instituto político en virtud de que la dirigencia aceptó el dinero público que para ellos era una forma de soborno.
En la reforma que está en proceso, de cuyas negociaciones se separó un tiempo la representación del PAN, el tema del financiamiento público otra vez se ha vuelto ``dolor de cabeza'' para los panistas. Con apego a sus antiguos principios, de entrada Acción Nacional propuso que se cancelara en definitiva y que los partidos vivieran sólo de las aportaciones de miembros y simpatizantes.
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Al avanzar las conversaciones, el PAN modificó un tanto su posición y aceptó que una parte del financiamiento de los partidos proviniera del erario público y la otra de particulares, pero eso no ha sido suficiente y todavía no se llega a un acuerdo en esa materia.
Con una experiencia totalmente distinta y también con menos posibilidades de aportaciones privadas la tercera fuerza política nacional, el PRD, se ubicó en el extremo contrario. Sus dirigentes y legisladores estiman que las aportaciones privadas propician acciones ilegales dentro y fuera de los partidos, pues como se ha denunciado en diversas partes, inclusive es uno de los recursos para el lavado de dinero.
En este terreno el PRI no tiene dificultades. Conoce de lo bueno y de lo malo de las dos fuentes de obtención de los recursos. Para los priístas lo importante es conocer la proporción de los ingresos que se puede destinar a campañas, pues no quieren una obesa burocracia si a cambio sus candidatos tienen que afrontar limitaciones al buscar los votos de los electores.
En fin, es un tema con muchas aristas que se tendrán que limar antes del miércoles para que esté lista la convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión en la que tendrán que aprobarse las reformas constitucionales que conforman la primera fase de la anunciada reforma de Estado en materia electoral.
Curiosamente, lo que refiere al financiamiento no está en la Constitución, pero los partidos no quieren comprometer su voto en los otros aspectos, si antes no queda clarificada la cuestión de los recursos que para ellos es vital.Dónde está el piloto?Lo que sí está en la Constitución y que igualmente tendrá que solucionarse antes de la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones, es lo referente a la integración del máximo órgano electoral del país, que hasta ahora es el IFE.
Al parecer el instituto permanecerá como tal y con el mismo nombre, pero todavía falta por definir la forma como se elegirá a su director general.
En este tema las divisiones en principio eran más profundas, pues había voces que exigían que ninguna instancia de gobierno estuviera representada y que todo quedara bajo la responsabilidad de la sociedad civil. Pero al final se impuso el convencimiento general de que es más conveniente que estén representados los poderes Ejecutivo, Legislativo e inclusive el Judicial, por lo que se refiere a posibles delitos y su correspondiente castigo.
Lo que falta es definir la forma de elección del director general del IFE. La Constitución establece que es facultad de la Cámara de Diputados y que el designado debe reunir dos tercios de votos de los legisladores. El problema es que no existe ninguna alternativa en caso de que no se llegue esa votación calificada.
La necesidad de hacer precisiones y adiciones resulta evidente, pues en la actualidad no hay director general del IFE. El cargo lo desempeña en forma interina el secretario general, Agustín Ricoy Saldaña, ya que los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo en un candidato, a pesar de que entre los probables sustitutos del ahora subsecretario de Gobernación Arturo Núñez, se incluyó a varios de los consejeros ciudadanos, que con su actuación han demostrado su autonomía de criterio.
Una prueba más de que los consejeros no se apegan a mandatos oficiales ni partidistas se pudo apreciar el viernes anterior, cuando la mayoría rechazó el proyecto de dictamen que concedía nuevamente el registro condicionado al PDM y el PPS, dos partidos que a pesar de su larga existencia no han podido consolidar una posición dentro de nuestra sociedad y por eso no pueden superar el mínimo de 1.5 por ciento de la votación total en unos comicios federales.
La cosecha
Llevar ante los tribunales internacionales la deuda externa de América Latina (más de 500 mil millones de dólares) para negociar nuevas condiciones que permitan el desarrollo de estas naciones, así como una nueva protesta general contra la ley Helms-Burton serán los principales temas a tratar en la reunión de la Comisión de Economías Emergentes, que se efectuará hoy y mañana en Sao Paulo, Brasil, informó el presidente de ese organismo, el diputado federal priísta Gabino Fernández Serna... El comisionado y ex presidente de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos. Danny MacDonald, dictará hoy por la tarde, a partir de las 18 horas, una conferencia en las instalaciones del IFE con el tema El sistema electoral de Estados Unidos y las elecciones presidenciales de 1996...