Preparan asambleístas del PRI proyecto para restringir marchas en el DF

Alberto Nájar La propuesta priísta para el reglamento de marchas otorga a las delegaciones la facultad de autorizar o no las movilizaciones, las cuales deberán tener horario y ruta preestablecidos, no afectar vialidades consideradas estratégicas ni oficinas públicas y, en caso de que se bloquee la salida a empleados y funcionarios, se podría consignar a los responsables por el delito de secuestro, informó el asambleísta Sergio Martínez Chavarría.

El proyecto que discuten los priístas incluye el uso de la fuerza pública para impedir manifestaciones que no tengan permiso o disolver plantones que violen el horario y condiciones autorizados. En los casos donde se dañen edificios públicos, monumentos históricos o patrimonio de particulares, los responsables serían consignados por vandalismo, delito al que se pretende aumentar la sanción establecida en el código penal.

De acuerdo con el legislador, el consenso entre los priístas es que los capitalinos ``no pueden salir a la calle a hacer lo que se les antoje'', e incluso con el reglamento se pretende frenar los brotes de anarquía ``que surgieron ya y que son muy peligrosos''.

Las propuestas anteriores forman parte de la discusión interna en la fracción priísta, y la intención es que se conviertan en el eje del proyecto que se presentaría en un periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea. Los legisladores del tricolor pretenden someter el tema a discusión lo antes posible, porque de otro modo ``se va a partidizar el asunto'' y resultaría afectado con el proceso electoral de 1997.

De aprobarse la propuesta priísta, cualquier grupo que pretenda efectuar una marcha, plantón o bloqueo deberá solicitar permiso a la delegación correspondiente, y presentar el horario y la ruta que tendrá la movilización. Estos requisitos son indispensables para obtener la autorización.

Asimismo, los manifestantes deberán comprometerse por escrito a no afectar las garantías individuales de terceros, lo que significa que no podrán cerrar avenidas importantes ni tampoco impedir la circulación vehicular. ``Casi siempre los que transitan superan en número a los que se manifiestan y tienen igual derecho a circular que los otros a manifestarse'', apuntó el legislador.

En caso de que alguna organización decida llevar a cabo una marcha o bloqueo sin permiso de las autoridades, el reglamento autorizaría el uso de la fuerza pública para impedir la movilización o disolver los plantones. Martínez Chavarría aclaró, sin embargo, que antes de llegar a ``este último recurso'', los uniformados primero deberán entablar diálogo con los manifestantes para informales de las violaciones legales en que incurren.

Si la la movilización continúa, el siguiente paso es ``mostrar a la fuerza pública para persuadirlos''; luego se autorizaría a los uniformados ``a garantizar el libre tránsito'' de vehículos y personas, y finalmente, como última alternativa, se procedería a disolver la protesta.

El reglamento establecería sanciones para quienes no cumplan las disposiciones, como multas económicas ``muy elevadas'', hasta arresto administrativo o consignaciones en caso de que se incurra en responsabilidad penal. Martínez Chavarría comentó que se discuten los horarios en que se autorizarían las marchas y plantones, así como la duración de los mismos.

En principio se considera que éstos se lleven a cabo en horas que no afecten la circulación vehicular ni las actividades laborales; los plantones durarían ``cuando mucho'' 18 horas aunque en los casos donde no se afecte a terceros ``pueden quedarse hasta varios meses, si así lo quieren''.

El asambleísta del Partido Revolucionario Institucional aclaró, sin embargo, que ``la intransigencia de los grupos y sus demandas no se van a tocar; serán respetadas''. Lo que se pretende es, insistió, establecer reglas claras que permitan la convivencia en la ciudad de México