Presentarán pruebas a OIT, BM y otras instancias internacionales

Matilde Pérez U., enviada, Choix, Sin., 14 de junio La construcción de presas en México ha ocasionado que se cubran tierras fértiles y centros ceremoniales, se destruyan culturas y se lleve a una mayor miseria a las etnias afectadas por las obras públicas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Sinaloa y Nayarit, se dijo aquí durante los trabajos del Primer Encuentro de Poblaciones Indígenas Desplazadas y Afectadas por la Construcción de Presas.

En este encuentro se destacó la urgencia de revisar a profundidad las actuales leyes de expropiación, ante la indefensión jurídica frente a la decisión de construir obras públicas. Es urgente ``tener mejores armas para que estén suficientemente reconocidos y salvaguardados los derechos de los indígenas'', se dijo.

Una síntesis de los ``daños irreversibles'' que causó la construcción de presas a las comunidades indígenas será entregado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Unión Europea (UE), entre otras instancias internacionales.

En la mesa Expropiación e Indemnización, los participantes destacaron que la ley debe ser cada vez más justa y adecuada, (y) que incorpore y no niegue los derechos indígenas. Se habló de la necesidad de crear una defensoría social adscrita al Poder Judicial, en la que se depositaran todos los documentos del proyecto de la obra, ante la inexistencia de un mecanismo de defensa que no sea ni juez ni parte. Adicionalmente, enviar a la respectiva Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como al Poder Legislativo, copias de los daños provocados por la construcción de las presas y, como caso más inmediato, el de los mayos de Huites.

Tras recordar que los pueblos nahuas del Alto Balsas y las comunidades de Chiapas detuvieron la construcción de las hidroeléctricas con acciones políticas, los indígenas subrayaron que la revisión legal también debe incluir el compromiso del gobierno federal de reponerles las tierras por lo menos de doble calidad y dentro de la región de la que son originarios.

Por la mañana, Uberto Santos relató cómo los pueblos de Chachí, Vega del Paso, La Concordia, Niños Héroes, Agua Prieta, Avila Camacho, Nanchital y rancherías que estaban al margen del río Grijalva, quedaron bajo el torrente de éste.

``En esos valles había juegos de pelota, pirámides mayas, zonas sagradas, tierras fértiles que se perdieron por la construcción de la presa La Angostura. A nosotros sí nos dieron tierras, pero el proyecto de desarrollo que habían prometido la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal, previsto en el Programa casa por casa y tierra por tierra, de 1972, no se cumplió. Hoy, las comunidades no tienen energía eléctrica ni agua potable, tampoco entregaron la totalidad de las tierras a los indígenas. A los de Vega del Paso, no les dieron 227 hectáreas y ahora la Secretaría de la Reforma Agraria pretende resolver ese rezago por la vía del fideicomiso''.

En la mesa Territorio y Recursos Naturales, Pedro de Jesús Alejandro, del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, consideró que el frente de poblaciones indígenas desplazadas por la construcción de presas -cuya constitución será evaluada en la plenaria del encuentro- deberá ser reconocido como interlocutor válido y legítimo ante el gobierno federal e instancias internacionales. Esta instancia indígena deberá tener acceso a la información de todas las obras públicas que afecten a los pueblos indígenas, que podría estar integrado por gobernadores y principales reconocidos por los pueblos. ``La constitución de este frente es un gran reto para todos los pueblos indios, porque hay que lograr superar limitaciones de distancias, recursos, acceso y captación de información. Una opción para tener recursos sería la creación de un fideicomiso para posibilitar respuestas urgentes ante las acciones gubernamentales y evitar situaciones como el caso de los mayos de Huites, que se quedaron sin tierras y obtuvieron indemnizaciones ridículas por sus tierras''.

Este primer encuentro, evaluó Pedro de Jesús, permitirá a los indígenas no sólo registrar experiencias sino evitar que se continúe con la privatización casi oculta del principal recurso para el humano: el agua. Como ejemplo de esas acciones que tienden a beneficiar sólo a la iniciativa privada, señaló que en Guerrero se está impulsando un programa de regulamiento del aprovechamiento del agua, que obliga a las comunidades a registrar sus manantiales y ``ojos de agua'', entre otros, lo cual ``puede dar la posibilidad a que un cacique u otros se apropien del recurso y después cobrar por la concesión del uso. Esto podría derivar en graves enfrentamientos. Si dejamos pasar ello habrá algo más desmedido'', advirtió.

Con sus narraciones de cómo era la vida cotidiana en su comunidad cercana al río Fuerte y su situación actual -en donde sus costumbres fueron alteradas por la cercanía con la población urbana de Choix- los mayos de Huites reiteraron una demanda: ``queremos tierra''.

Ante la falta de parcelas para trabajar, los mayos propusieron que se les exente del pago de los servicios públicos como luz y agua potable, se envíe mayor vigilancia en la colonia, donde están prácticamente ``arrinconados porque entran a nuestro templo con los cartones de cerveza y quien se atreve a llamarles la atención a los extraños es golpeado''. Este es el nuevo pueblo para los indígenas mayos de Huites que, según sus propias palabras, ``no tenemos ahora nada que hacer, ni siquiera podemos ir al monte a buscar alimentos ni leña ni nada''.