Que un general del Ejército se haga cargo de los asuntos de seguridad pública en una ciudad o en un país, no es un problema mayor en ninguna república democrática. Los contrapesos ejercidos por los otros poderes republicanos acotan en buena medida el radio de acción de los militares al límite que las necesidades del conjunto de la sociedad les impone, de la misma manera que lo hacen entre un poder y otro. En este sentido vale decir que lo que fundamentalmente necesita México, no solamente el Distrito Federal, son avances reales en materia de democratización, entendida ésta como la creciente satisfacción de todas las necesidades de las personas que viven a todo lo largo y ancho de su geografía. Necesidades sociales y políticas. Necesidades como el empleo, la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, la educación, etcétera. Necesidades políticas de los ciudadanos, como es la certeza de tener efectivamente representados sus intereses en el diseño y la ejecución de las políticas públicas. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, la seguridad pública ha sido presentada prácticamente como un problema de seguridad nacional; como un asunto que de no resolverse compromete la seguridad del país entero. Y para enfrentar a la delincuencia común y a la organizada se han venido instrumentando en tal sentido por un lado cambios legales y por otro los organismos que tienen como misión combatirlo y reducirlo a la mínima expresión.

Ciertamente que se trata de un asunto grave, especialmente en el Distrito Federal. En esta ciudad, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), se ha incrementado el número de los actos delictivos registrados y clasificados por la institución. Así desde hace dos meses se ha llegado a la escalofriante cifra de 671 denuncias diarias sin incluir los delitos que no son denunciados y que forman parte de la llamada cifra negra, entre los que se encuentra el 60 por ciento de los robos a transeúntes. Se ha incluso llegado a afirmar que el 80 por ciento de los delitos cometidos en la ciudad permanecen impunes. Por lo que, sin ánimo de crear alarma, puede asegurarse que se trata de un total de más de 21 mil delitos por mes. Todo ello independientemente de que se ha producido igualmente un crecimiento en el número de detenciones y consignaciones.

Sin embargo el reciente nombramiento como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF de un general del Ejercito y el anuncio de la remoción de civiles para depositar en mandos castrenses varios puestos altos y medios de dicha institución, aunados a las medidas de seguridad que pretendería tomar el general Salgado, configuran un alarmante panorama que parece confirmar la impresión que reiteradamente hemos advertido las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como la CDHDF y la propia CNDH, en el sentido de una creciente militarización y suplantación de las actividades policiacas por parte del Ejército. Lo que ahora parece barajarse es la subordinación de las fuerzas civiles de seguridad, cuyos resultados pueden ser altamente peligrosos para el respeto debido a los derechos humanos.

Que el elevado índice delictivo en la ciudad de México debe ser abatido es indudable, aunque los métodos instrumentados por las autoridades no parecen estar encaminados tanto hacia ese objetivo, como a reprimir las cada vez más frecuentes reacciones de descontento ciudadano ante las consecuencias de la crisis económica. Las medidas decretadas por el nuevo secretario recuerdan al tristemente célebre plan RIMA, que recibió duras críticas de amplios sectores de la población cuando intentó implantarlo el ex secretario de Seguridad Pública, David Garay.

Si, como las autoridades repiten exhaustivamente, vivimos en un Estado de derecho, democrático e institucional, las medidas a tomar deberán ser discutidas ampliamente en la Asamblea de Representantes y otras instancias de participación ciudadana, antes de mencionar siquiera las posibilidades de ``toque de queda y estado de excepción'', que tranquilamente declara el asambleísta del PRI, Sergio Martínez.

El general Salgado deberá pues tener en cuenta en el ejercicio de su deber las siguientes exigencias ciudadanas: velar por que la actuación de los encargados de la seguridad pública se haga conforme a la ley y con pleno respeto de los Derechos Humanos; que se elimen todos los vicios y la corrupción que ha sido constante en el comportamiento de los cuerpos policiacos; y que se realice una verdadera y muy profunda depuración y profesionalización de todas las corporaciones.