El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, general Enrique Tomás Salgado Cordero, manifestó antier su determinación de combatir la corrupción en las filas de la policía preventiva y subrayó que ésta no será militarizada, y que el Ejército no va a patrullar las calles ni a asumir funciones policiacas. Sin embargo, estos saludables propósitos se vieron ensombrecidos por las declaraciones del asambleísta Sergio Martínez Chavarría, quien ayer, al término de una reunión del general Salgado con la bancada priísta en la ARDF, aseguró que éste tiene la intención de establecer cordones de seguridad en diversos puntos de la ciudad.

Por principio de cuentas, no parece propio que las presuntas intenciones de la SSP sean dadas a conocer a una fracción partidaria y, por medio de ella, a la opinión pública. Pero esto es, a fin de cuentas, una cuestión de formas. Lo más preocupante es la incierta legalidad de tales cordones de seguridad: En qué medida afectarían el derecho de libre tránsito? No serían un nuevo riesgo de abusos policiacos contra la ciudadanía? No implicarían el establecimiento de medidas de excepción incompatibles con el Estado de derecho?Ante lo señalado por Martínez Chavarría, la SSP está ante la necesidad de aclarar y explicar lo dicho por el representante urbano, ya sea para tomar distancia de su declaración, o para precisar la manera en que el operativo mencionado se armonizará con la legalidad.

Igualmente inquietantes son las opiniones del declarante, quien, tras asumir, en forma errónea, que ``los militares'' están a cargo de la seguridad pública de la ciudad, formuló hipótesis equívocas y sumamente desafortunadas: si los mandos castrenses fracasaran al frente de la SSP, dijo, ``tendría que entrar la guardia nacional e implantarse el toque de queda y estado de excepción''.

Habría que empezar por aclarar que, en México, la guardia nacional no existe sino en una previsión constitucional nunca llevada a la práctica, y que su despliegue en el Distrito Federal sería, por ello, imposible. Habría que preguntarse, también, con qué criterios podría definirse el fracaso de los actuales mandos de la SSP (no de ``los militares'' como tales) y si un acontecimiento semejante sería justificación suficiente para implantar el estado de excepción en la capital del país.

El incremento de la delincuencia y de la violencia urbana, de la corrupción y de la falta de control, son ciertamente fenómenos palpables y muy preocupantes. Pero enfrentarlos mediante toques de queda y otras medidas de excepción implicaría reconocer el fracaso del Estado de derecho en nuestra capital, la imposibilidad de gobernarla mediante consensos sociales básicos. Prefigurar tales escenarios no contribuye en nada al restablecimiento de la seguridad, la tranquilidad y la convivencia armónica en la de por sí conflictiva metrópoli.