No se aplicará una filosofía castrense a la seguridad pública, afirma

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 8 de junio En 19 meses como comandante de la Novena Región Militar, que abarca el estado de Guerrero, el general de división Enrique Tomás Salgado Cordero --desde hoy secretario de Seguridad Pública del DF-- insistió en que la seguridad pública no es tarea del Ejército.

Salgado Cordero estuvo muy cerca de Rubén Figueroa Alcocer y participó en un acto de carácter político de apoyo al entonces gobernador, al lado de la dirigencia del PRI, días después de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en la sierra de Coyuca de Benítez.

El 3 de noviembre del año pasado, cuando corrió el rumor de un golpe de Estado en México, Salgado declaró: ``Esa palabra no está en nuestro vocabulario''.

Siempre negó que hubiera guerrilla en Guerrero, ``es cosa del pasado'', afirmaba. Durante su estancia al frente de la Novena Región fueron frecuentes las críticas de organismos de derechos humanos, de organizaciones campesinas e indígenas y del Partido de la Revolución Democrática, sobre el aumento de la presencia militar, principalmente en la sierra y La Montaña, más allá de las actividades declaradas de combate al narcotráfico, ayuda en casos de desastre, labor social y aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Salgado Cordero negaba que hubiera militarización en Guerrero, pero no dio a conocer la cifra de efectivos en el estado, y descalificaba las críticas señalando que carecen de fundamento y responden a ``intereses aviesos''.

Poco después de su llegada a Guerrero, el 7 de febrero de 1995, y después de un recorrido por todas las regiones del estado que realizó para conocer el territorio e identificar los problemas, el nuevo comandante de la Novena Región, dio a conocer su primera evaluación, en una confeenciade prensa. Dijo que en Guerrero no hay comunidades en extrema pobreza, que no existen grupos armados guerrilleros y que el principal problema en la entidad es la inseguridad pública.

Anunció un intenso programa de labor social con mil efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea en 106 poblaciones de 29 municipios guerrerenses, y afirmó: ``En cuanto a informaciones que se propalan de la existencia de grupos armados, entre comillas de guerrillas, no existen tales''. El movimiento armado en Guerrero, opinó el general, ``es solamente historia, ahora las condiciones son otras, prevalece en la población el espíritu de trabajo y de progreso''.

Por esas fechas se publicó una entrevista con el subcomandante Marcos, quien había declarado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene grupos armados en otros estados del país, inclusive en Guerrero, y el jefe de la Novena Región Militar dijo: ``No digo que este señor no pueda tener simpatizantes en Guerrero, pero no es una cosa activa, no hay actividad de grupos guerrilleros''.

Con frecuencia negaba denuncias de organizaciones sociales y campesinos por atropellos cometidos por las tropas. En marzo de 1995, el diputado federal del PRD, Martín Equihua, dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, denunció que tropas del Ejército habían incursionado en comunidades de la Costa Chica, donde hostigaron a los indígenas y obligaron a la población a darles comida. Salgado Cordero respondió: ``Es un infundio. Las tropas no cometen desmanes''. Días después, invitó a los reporteros a un recorrido por poblados de La Montaña y de la sierra, para que observaran que las tropas son bien recibidas.

A partir del inicio de las labores sociales del Ejército en los pueblos se multiplicaron las críticas de organismos como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, el Centro de Promoción y Derechos Humanos de Acapulco, el Consejo Guerrerense 500 Años, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, sobre la ``militarización'' de la entidad, en particular en La Montaña y la sierra. Criticaban que la labor social se hiciera con militares y coincidían en que era parte de una estrategia de control de los movimientos sociales.

El 3 de mayo de 1995, Salgado Cordero acudió con el gobernador Rubén Figueroa a una reunión con la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Tepetixtla, la comunidad de origen en la sierra de Coyuca de Benítez de esta organización, que el 28 de junio fue reprimida por la policía Motorizada en el vado de Aguas Blancas.

En la reunión de Tepetixtla, el dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, exigió la salida del Ejército de la sierra. El general Salgado pidió la palabra fuera de programa y dijo que observaba que Benigno estaba llevando ``ideas extrañas'' a los campesinos.

Después de la matanza de Aguas Blancas, del 28 de junio de 1995, cuando se le preguntó su posición frente al movimiento que exigía la caída de Figueroa, y los priístas que estaban en su defensa, el general Salgado Cordero dijo que ``el Ejército es apolítico y ajeno a los partidos''.

Sin embargo, el 16 de agosto, después de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la matanza de Aguas Blancas, Salgado respaldó a Figueroa Alcocer: ``El señor gobernador ha dado una muestra clara de la voluntad política para que esto se solucione conforme a derecho'', y opinó que ``está actuando con toda justicia''.

El 21 de julio, el general de División apareció al lado del gobernador Rubén Figueroa Alcocer en un acto encabezado por el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado, Angel Heladio Aguirre Rivero (actual gobernador sustituto), que tuvo la doble función de entregar recursos para el inicio del Programa de Saneamiento Integral de Acapulco, y de apoyo a Figueroa Alcocer. Salgado, con insistencia, rechazó la participación del Ejército en labores propias de las autoridades civiles.

El junio de 1995 se dio a conocer que el Ejército vigilaría el Parque Nacional El Veladero, conformado por la parte alta de los cerros que rodean la bahía de Acapulco, para evitar nuevos asentamientos humanos.

El general Salgado aceptó la encomienda, pero aclaró que la Sedena condicionó su participación a que no haya ``ningún conflicto con la población civil''.

En septiembre, ante el agravamiento de la violencia en el estado, el gobernador Figueroa había anunciado una operación conjunta de las corporaciones policiacas del estado con el Ejército, para combatir asaltos, secuestros y homicidios.

Rápidamente, el general Salgado convocó a una conferencia de prensa, e insistió en que las tropas del Ejército no participarían en actividades conjuntas con la Policía Judicial del Estado para el combate a la violencia y los delitos, y reiteró que la seguridad pública ``es un asunto que deben resolver las autoridades civiles del estado, y que está fuera de la competencia del Ejército''