Sólo investiga a fondo la PGJDF 25% de denuncias, por sobredroga

Ricardo Olayo La sobrecarga de trabajo en la procuración de justicia hace que al año un agente del Ministerio Público conozca en promedio de 203 denuncias, un policía judicial participe en 70 investigaciones y los peritos especialistas intervengan en 244 casos relacionados con los hechos delictivos que se cometen a diario en la ciudad de México.

El crecimiento en el índice delictivo provocó un aumento en 50 por ciento de la carga de trabajo de 1994 a 1995, y para este año la tendencia se mantiene constante, revelan informes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Del universo de actas levantadas, únicamente se investiga a fondo el 25 por ciento, y el resto son enviadas a la ``reserva'', una especie de archivo donde los expedientes se desempolvan hasta que el denunciante puede aportar datos nuevos.

El año pasado alrededor de 160 mil averiguaciones, de las 218 mil iniciadas, fueron transferidas a la reserva porque los denunciantes ya no se presentaron a declarar, por falta de personal para investigar o por imposibilidades legales, como el paradero de una de las partes, indican documentos y fuentes oficiales de la Procuraduría.

Para tratar de subsanar esta situación, las fuentes consultadas indicaron que se creará un área especial que ``rescate'' los casos relevantes y abata la reserva, que ``es una forma de impunidad'', como lo ha dicho el procurador José Antonio González Fernández.

Además, serán instituidas diez coordinaciones especializadas por tipo de delito para acabar con los todólogos, que lo mismo investigan un homicidio que un fraude, una violación o un daño en propiedad ajena.

Uno más de los cambios en la Procuraduría será la creación de una ``subprocuraduría de atención a las víctimas'', para brindar a quienes hayan sufrido daños por algún delito, apoyo sicológico, jurídico y médico. Esta acción tiene la intención de hacer equitativa la atención que se da actualmente a los delincuentes para preservar sus derechos.

Funcionarios de la PGJDF han hecho la evaluación de la sobrecarga de trabajo en los diferentes puestos. Según los documentos revisados, en 1994, por ejemplo, hubo 145 mil denuncias, que atendieron 921 agentes del Ministerio Público, un promedio de 157 cada año.

Esta cifra es menor a los 203 casos que en 1995 conoció cada uno de los mil 71 Ministerios Públicos por delitos diversos.

Respecto a los policías judiciales, en 1994, había un total de 3 mil 660, que participaron en 40 casos en promedio, mientras los 780 peritos lo hicieron en 186 asuntos.

Para 1995, estas cifras cambiaron sensiblamente con el aumento de las denuncias. Así, un menor número de judiciales, 3 mil 100, investigó 70 expedientes, y cada uno de los 894 peritos, 244 expedientes.

No todos los agentes del Ministerio Público están destinados a la recepción de denuncias y la integración de las averiguaciones en las agencias, por lo que es mucho menor el número real de quienes investigan. De los mil 71 agentes del MP, 526 están asignados al área de averiguaciones previas, 125 a cargo de la revisión y consignación de las actas a los juzgados, 218 en los procesos penales, y 54 adscritos a los juzgados y salas en materia civil y familiar.

No obstante, en las semanas recientes se han incorporado agentes del Ministerio Público, y la plantilla de policías judiciales se incrementó a alrededor de 3 mil 500, de un total de 4 mil 100 que hay disponibles.

Durante años la PGJDF ha trabajado con agentes del Ministerio Público que conocen de todo tipo de delitos, lo que ha repercutido en la integración de las averiguaciones previas, y que son ``insuficientes'' para los jueces que dejan en libertad a los presuntos delincuentes.

La restructuración de la Procuraduría está considerada en el nuevo reglamento que tiene que expedir el presidente de la República en los próximos días, y que considera coordinaciones especializadas de investigación para delitos de servidores públicos, homicidios, ilícitos patrimoniales no violentos (fraudes, falsificaciones), robos a transportistas, delitos sexuales, patrimoniales violentos y robo a bancos, entre otros.

A pesar de la especialización, los 16 delegados regionales mantendrán su cargo para resolver los delitos culposos, como los accidentes de tránsito y otros que no tengan que ver con las áreas especializadas.