Error político del regente, no presentar un terna ni consultar a la ARDF, dice el asambleísta Armando Quintero Era ``el candidato más decente'', comenta Pedro Peñaloza Dudoso, que un solo hombre pueda someter a la hermandad que ha controlado a todos los jefes anteriores, dice el vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea

Alberto Nájar, Miriam Posada y Ricardo Olayo Reacciones encontradas provocó la designación del general Enrique Tomás Salgado Cordero como secretario de Seguridad Pública, pues mientras diputados y asambleístas del PRD advirtieron del riesgo de que se militarice a la capital, otros hicieron un llamado a la prudencia y a no emitir juicios apresurados.

Armando Quintero, diputado perredista y candidato a la dirigencia de su partido en el DF, subrayó que este nombramiento es el principio evidente de la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública.

Salgado Cordero ``no va a responder a los intereses de la mayoría, sino que continuará con la dinámica de servir al gobierno y preocuparse por cumplir con las instrucciones de sus superiores'', dijo.

Destacó que fue un error político del gobierno de Oscar Espinosa Villarreal no haber presentado una terna de candidatos a ocupar el cargo de secretario de Seguridad, y no haber consultado a la ARDF.

``La designción de un militar como jefe de la policía no es un paso para desterrar la corrupción interna de la corporación. En esta ciudad no necesitamos un general sino alguien que entienda que urge limpiar a la policía por dentro y que la delincuencia es un problema económico'', consideró Quintero.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la ARDF, Pedro Peñaloza, señaló que Salgado ``es el candidato más decente y respetable de los que se mencionaban'', y consideró que ``es lo mismo'' que ocupe el cargo un policía o un militar, aunque hay que recordar que han habido secretarios que han sido verdaderos casos clínicos''.

Cconsideró que de entrada el nuevo secretario tendrá el reto de limpiar a la corporación de añejos vicios y actos de corrupción, además de mantener un vículo con la ARDF.

Dijo que el ser militar no debe ser motivo de crítica y que en necesario dejarlo actuar antes de emitir algún juicio al respecto, pero, insistió, es necesario que Salgado Cordero entienda que la ciudad de México necesita un secretario que inspire respeto y no miedo entre la ciudadania, y que logre garantizar tener una mano firme y una mano lista al diálogo.

Mientras, el vicepresidente de la Comisión de Justicia de la ARDF, Eduardo Morales advirtió que con esta decisión se está dando primero una medida parcial a un problema mayor, como es la seguridad pública.

Dijo que al parecer el gobierno no puede aislarse de la tentación de sacar a los militares de los cuarteles, y cuestionó a cuánto ascederá el costo que la sociedad tendrá que pagar para regresarlos a su lugar en el Ejército.

Consideró que en vista que para la policía es más respetable alguien que ha hecho carrera en la corporación o un militar, podría caber la esperanza de que logre ``meter en orden'' a algunos mandos de la SSP.

Morales enfatizó en que es necesaria una investigación sobre qué políticos están atrás de los jefes policiacos, ``porque bien podría darse el caso de que los policías sólo sean un instrumento a través de quienes se ejecutan decisiones políticas''.

Manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que un sólo hombre tenga la capacidad de combatir a una hermandad que durante décadas ha controlado a todos los secretarios.

Ante la designación del general Tomás Salgado Cordero como secretario de Seguridad Pública, fuentes castrenses señalaron que la participación de militares en labores de seguridad pública contituye ``un mal necesario'' porque no son funciones propias del Ejército.

Sin embargo, los informantes agregaron que no debe causar temor la presencia de militares al frente de los cuerpos de seguridad, ya que en países europeos y de América Latina se ha llegado incluso a militarizar los cuerpos policiacos con excelentes resultados.

Lo deseable, dijeron, sería establecer reglas claras para la participación de oficiales en funciones de seguridad pública que permitan hacer frente a los altos niveles de inseguridad que se viven en en el país y particularmente en la ciudad de México.

Para jefes y funcionarios de la policía la designación ``es la mejor decisión que se pudo haber tomado, porque la disciplina y ritmo de trabajo del general nos garantiza transparencia y el cabal cumplimiento de la ley''

Ricardo Olayo El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) propuso al Presidente de la República que ese organismo y la Asamblea de Representantes sean consultados en el nombramiento del secretario de Seguridad Pública (SSP), por la trascendencia que tiene ese cargo para la vida de la ciudad y como una medida saludable ``desde el punto de vista democrático'', indicó el ombudsman Luis de la Barreda.

De la Barreda subrayó que ``la consulta sería un muy buen precedente, aunque no es una obligación legal del Presidente de la República''.

La seguridad pública, afirmó, tiene que ver con las condiciones sociales, la capacitación de policías, y la puesta en marcha de programas para la investigación de los delitos, así como el respeto a las garantías individuales.

Entrevistado durante una visita que hicieron a sus oficinas los ombudsman de todo el país, expresó: ``Creemos que sería nuestra obligación legal (opinar), por eso decimos: sería conveniente que la Asamblea, órgano donde están representados democráticamente los ciudadanos, y la comisión por sus funciones, fueran consultadas respecto del candidato''.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo Cuéllar, se refirió al mensaje de unidad que hizo contra la violencia en la presentación de su informe anual el jueves pasado. Dijo que el destinatario de su texto es toda la sociedad, ``cada uno de los ciudadanos''. Pero al gobierno le corresponde que el desempeño de las funciones de seguridad pública y persecución de los delitos ``las realice de acuerdo a la ley y haciendo sólo uso de la fuerza que las leyes les autorice''.

Enfatizó en ``los principales aliados de la convivencia pacífica: los medios electrónicos'', que en ocasiones hacen apología de la violencia. Sobre este tema, apuntó: ``Hay un excesivo uso de mensajes violentos que puede ser que le gusten a algunas gentes, o que les parezcan atractivos, emocionantes, que tengan importante ratings, pero al país le urgen mensajes de convivencia pacífica, de los cuales seguramente los medios electrónicos tendrán la misma habilidad para presentarlos muy apetitosos para que los ratings no se bajen en lo más mínimo y eso le pueda servir a la vida colectiva del país''.

Interrogado respecto a la situación en la ciudad de México, dijo que el llamado que hizo no tiene un destinatario especial ``porque todos podemos hacer algo para bajar los índices''. El llamado incluye a los medios de comunicación, al gobierno, a los partidos políticos, a la familia, a todos, indicó.

Coincidente con esta postura, Luis de la Barreda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, afirmó que la seguridad pública ``es un tema que nos interesa a todos, pobres y ricos, trabajadores y patrones, jóvenes, viejos y niños. Y por ello la elección del titular de la Secretaría (de Seguridad Pública) es un acto de enorme trascendencia''.

Por la mañana, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, Luis Roberto Gutiérrez Flores, fue cuestionado durante una conferencia de prensa sobre la posibilidad de que en la Secretaría de Seguridad Pública fuera nombrado un militar, quizá un general del Ejército, mismo cargo con licencia que él tiene.

Respondió: ``No le podría decir, no son decisiones mías, pregúntele al regente de la ciudad y ya le dirá por qué elige a uno...''

--¿Si le ofrecen el cargo?

--(Risas) Estoy muy a gusto aquí, en la Policia Judicial, pero también yo soy de los militares que cumplo órdenes