La Jornada 8 de junio de 1996

Ordenan apresar al procurador general encargado de Colombia

Ips, Dpa, Afp, Efe, Pl, Ap y Ansa, Santafé de Bogotá, 7 de junio La Fiscalía General de Colombia ordenó este viernes el arresto del procurador general encargado, Luis Eduardo Montoya, por su participación en un proceso irregular contra el fiscal Alfonso Valdivieso y la agravante de haber utilizado un testigo falso en el mismo.

En tanto que analistas no descartan que la Fiscalía General pueda abrir una investigación en torno a presuntos fondos del narco en la campaña electoral del entonces candidato conservador Andrés Pastrana, la Cámara de Representantes barajaba la posibilidad de prorrogar una semana el juicio que sigue contra el presidente Ernesto Samper.

La orden de arresto contra el procurador encargado no podrá cumplirse de inmediato, ya que primero el Senado debe suspender a Montoya, quien ha estado sustituyendo al procurador titular Orlando Vásquez, que se halla en prisión desde el 3 de mayo por los mismos cargos de su reemplazante.

La Fiscalía acusa a Montoya de los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, y ahora el Senado tiene cinco días para suspender al imputado. Así, tanto Montoya como Vásquez son sindicados por los delitos citados por haber utilizado testigos falsos en una investigación contra el fiscal.

En su momento, la Procuraduría abrió una investigación contra el fiscal por una supuesta falta administrativa cometida cuando Valdivieso era ministro de Educación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le advirtió que el fiscal tiene fuero especial y que sólo el Congreso está facultado para investigarlo.

Para dirigentes políticos y comentaristas, la investigación que emprendió Vásquez contra el fiscal, y que pretendió seguir Montoya, era una venganza por la indagación que a su vez realizaba la Fiscalía contra el procurador por sus presuntos nexos con el cártel de Cali, y que a la postre lo tienen en la cárcel.

Por su parte, el Senado, una vez que suspenda a Montoya, procederá a elegir un nuevo procurador de una terna que deberán enviarle el presidente Samper, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Pero la paradoja es que Vásquez, en la cárcel, no ha presentado su renuncia.

Al continuar los debates en la Cámara de Representantes sobre el caso Samper, los pronunciamientos de liberales defendiendo al presidente y de conservadores atacándolo, de pronto se armó un gran escándalo cuando dos legisladores de los respectivos partidos rompieron ese esquema y sus alegatos fueron en sentido inverso.

Así, Inés Gómez de Vargas, del directorio del Partido Liberal, sorprendió a su bancada cuando solicitó el enjuiciamiento del presidente colombiano por delitos de corrupción durante su campaña electoral. Esto provocó una airada reacción de la bancada oficialista, entre cuyos voceros Ramón Elejalde dijo que esto demostraba que se requería una nueva mesa directiva porque la actual no representa a las mayorías del partido.

En contrapartida, el representante conservador Benjamín Higuita calificó de endebles tanto la denuncia del fiscal Valdivieso contra el presidente como la investigación de la Comisión de Acusación parlamentaria, por lo que anunció que junto con un grupo de juristas está estudiando la posibilidad de proponer que el proceso no siga más.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Rivera, aclaró que el plazo para concluir el juicio se vence el martes. Sin embargo, dijo que ante la larga lista de oradores podría solicitarse una prórroga para que el juicio se prolongue una semana. Acotó que de todos modos confiaba en que a más tardar el miércoles o jueves concluya todo.

Mientras el Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba, impugnaba que no se haya permitido que el defensor del presidente intervenga en los debates, no se descartaba que la Fiscalía abra una investigación para establecer si también hubo fondos del narcotráfico en la campaña presidencial del candidato conservador perdedor Andrés Pastrana.

Lo anterior tomó fuerza luego de que el político conservador admitió haber recibido 7 mil 500 dólares del empresario Harry Beda, quien acaba de ser detenido acusado de lavado de dinero. Beda fue aprehendido en la Operación Diamante, que desarticuló una red de lavado de dinero del narcotráfico que operaba en Colombia, Estados Unidos y Europa.

Entre tanto, se informó que el máximo jefe del cártel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, podría pagar en total una condena de ocho años de cárcel, tras beneficiarse de varias rebajas sobre una pena de 24 años. El capo aceptó cargos de enviar cargamentos de drogas a Estados Unidos.