México cumple al oponerse a la Helms-Burton: De la Madrid
Ciro Pérez Silva La suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de los acuerdos bilaterales para la promoción y protección recíproca de inversiones ha impuesto ``una camisa de fuerza'' a la jurisdicción mexicana, advirtió el ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor, luego de señalar que ``supone otorgar un trato privilegiado al inversionista extranjero'' y ``discriminatorio'' al nacional.
Al hablar sobre las ``reivindicaciones de la jurisdicción mexicana frente al TLC'' en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sepúlveda Amor alertó sobre la derogación del orden jurídico nacional en beneficio de inversionistas extranjeros, tal como lo plantea el capítulo 11 del pacto comercial, ``que le concede al individuo una nueva condición como sujeto del derecho internacional, con capacidad de entablar litigio en contra de un Estado, cuestión inédita en las tradiciones jurídicas y en el sistema político mexicano''.
Con ello, agrega, se concede al inversionista extranjero una instancia privilegiada, la cual no se otorga al nacional. ``El respeto y la aplicación del sistema legal establecido por el Estado mexicano es uno de los elementos constitutivos de la soberanía, reconocido por el derecho internacional'', aseveró.
En este sentido, propuso introducir una reserva de parte de México en el TLC y una ``declaración interpretativa'' a los tratados bilaterales en materia comercial ya suscritos, con objeto de que las controversias que se susciten en la aplicación del capítulo 11 del TLC o disposiciones equivalentes en los otros dos tratados, se resuelvan acudiendo en primera instancia a los tribunales y procedimientos nacionales.
Sepúlveda Amor destacó dos argumentos que deben ser tomados en consideración al examinar las reglas de los tratados comerciales. El primero tiene que ver con el ``trato discriminatorio'' que, como consecuencia de las suscripción de estos acuerdos --TLC y tratados bilaterales-- habrán de afectar a los nacionales mexicanos.
Ello es así, explica, porque los nacionales mexicanos ``no son titulares de una competencia para dirimir posibles controversias en materia de inversión con autoridades mexicanas por la vía del arbitraje internacional. Ello supone otorgar un trato privilegiado al inversionista extranjero (canadiense, español, estadunidense, suizo) quien sí tiene la facultad de someter al arbitraje una reclamación en contra del Estado mexicano. De esta suerte, se viola el principio de la igualdad entre nacionales y extranjeros''.
El segundo argumento, añadió, tiene que ver con la derogación del orden jurídico mexicano. Con este tipo de acuerdos de protección a la inversión extranjera, aseguró el ex canciller, ``se elimina la obligación de todo individuo, cualquiera que sea su nacionalidad, de respetar y acatar el sistema legal vigente en este país y, por ende, de someterse a las leyes y a los procedimientos jurídicos previstos en el derecho mexicano''.
Insistió en que conceder el régimen preferencial al inversionista extranjero, sustrayéndolo de la jurisdicción nacional para que resuelva sus diferencias con el Estado mexicano por la vía del arbitraje internacional, ``significa restar vigencia al orden jurídico de este país, o peor aún, derogarlo en beneficio de inversionistas extranjeros''.
Frente a la ley Helms, impulso al desarrollo económico: De la Madrid
El ex presidente Miguel de la Madrid advirtió que para fortalecer la soberanía e independencia mexicanas es necesario impulsar el desarrollo económico y social en beneficio de las mayorías, advirtió el ex presidente Miguel de la Madrid luego de señalar que el país está cumpliendo con los principios constitucionales al oponerse ``enérgicamente'' a la aplicación extraterritorial de la ley Helms, ``viejo conocido nuestro por ser un enemigo declarado de México desde hace muchos años''.
El ex mandatario destacó que las condiciones reales del ejercicio de la soberanía están marcadas por ``las propias circunstancias económicas, políticas y sociales. México debe seguir pugnando porque este concepto de nacionalismo e independencia se refleje en todos los ámbitos de la vida nacional''.
Entrevistado al término de su intervención en el Panel de Derecho Internacional en América, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la American Society of International Law, Miguel de la Madrid puntualizó que la lucha por la soberanía y la independencia ``es un proceso histórico que jamás termina''.