San Diego, en emergencia por la inmigración ilegal
Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 4 de junio La Junta de Supervisores de San Diego, California, órgano superior al cabildo, declaró hoy en estado de emergencia a la región este del condado por el alto número de indocumentados y pidió al Congreso estatal el envío a ese sector de más elementos de la Guardia Nacional, así como el reforzamiento de la vigilancia que aplica la Patrulla Fronteriza.
El supervisor por la localidad de Campo, Ron Roberts, indicó que la declaratoria ``no es una exageración'', ya que los residentes de esa zona rural están preocupados por su seguridad personal ante el incremento del flujo de migrantes sin documentos procedentes del municipio bajacaliforniano de Tecate.
La petición de la Junta se apoya además en el incremento de incendios forestales en ese lugar durante el presente año. Según el Departamento Forestal, de enero a la fecha se tienen registrados 200 siniestros contra sólo 24 que se sofocaron en 1995, y los vecinos aseguran que ello se debe al paso de migrantes ``que por las noches encienden fogatas y fuman''.
Los sandieguinos piden al gobierno en Washington, una suma millonaria de recursos para la construcción de caminos en las montañas que faciliten los desplazamientos y las labores de vigilancia de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de los bomberos.
Los residentes del este del condado recibieron ``con alegría'' la decisión de los supervisores, pues apenas hace una semana respaldaron el anuncio del congresista Duncan Hunter, quien pretende colocar en esa región 6 mil guardias fronterizos más, por considerar insuficientes los 185 asignados al área hace unos días, como parte de la tercera etapa de la Operación Guardián.
Poco antes de la declaratoria del estado de emergencia en el este de San Diego, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California había criticado el proyecto que ``estigmatizaría aún más a los migrantes''.
El ombudsman Antonio García Sánchez, afirmó que en la frontera se viven circunstancias de ``neorracismo'' que debe preocupar a todos los sectores del país, no sólo a los residentes y organizaciones fronterizas, por lo que las autoridades diplomáticas deben tomar medidas para contrarrestar el clima hostil contra los mexicanos.
Piden se investigue al sheriff de Presidio
La Red del Sureste de Estados Unidos, conformada por 70 organizaciones defensoras de los derechos humanos en ambos países, demandó que el FBI realice una investigación y se castigue al sheriff de Presidio, Texas, Oscar Gallegos, quien hirió de bala a dos indocumentados cuando trataba de arrestarlos por causas injustificadas.
Norma Estrada, vocera de la Red, dijo que los heridos de bala fueron identificados como José González Piñón de 28 años de edad, originario de Ojinaga, Chihuahua, quien presenta heridas de bala en la cara y podría perder un ojo y el oído; el otro lesionado es Alvaro Téllez Muñiz, de 33 años, quien procede de la ciudad de Chihuahua, deportado ayer en forma voluntaria después de ser dado de alta, aunque también presenta heridas en la cara. Otros deportados voluntariamente son Andrea Durán Ortega, de 18 años, y Olegario Contreras, de 19, este último de Guadalajara, Jalisco.
Norma Estrada refirió que un patrullero de apellido Spencer, obligó a los indocumentados a detenerse, por lo que el grupo dio vuelta sobre la carretera para intentar huir hacia México.
Sin embargo, unos 10 kilómetros antes de la frontera entre Presidio y Ojinaga, los esperaba otra patrulla con el sheriff mencionado, quien les disparó con una escopeta para obligarlos a detenerse, sin que los migrantes hubieran realizado agresiones contra los agentes policiacos.
Los heridos fueron trasladados en helicópteros del poblado de Alpine, donde ocurrieron los hechos, hasta el Hospital Universitario de Lubbock, Texas. A Alvaro Téllez, no le permitieron comunicarse con familiares ni con el consulado mexicano y fue deportado vendado y con la ropa que le pusieron en el hospital.
El Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) no ha dado una versión oficial de los hechos, y en principio ocultó información sobre el suceso.
Según representantes de la Red, el FBI debe investigar al sheriff por ``evidente abuso de autoridad'', y recordó que ya antes ingresó a México persiguiendo presuntos delincuentes. Agregan, por otra parte, que el agente pudo disparar contra las llantas del vehículo y no directamente contra las víctimas.
3.4 millones de mexicanos laboran en EU
Antonio Heras y Rubén Villalpando En Estados Unidos laboran en los campos agrícolas y ganaderos alrededor de 4 millones de migrantes. De ellos, el 85 por ciento son de origen mexicano y sólo el 65 por ciento cuenta con documentos que les permiten trabajar en ese país, según datos oficiales recabados por la Unión de Trabajadores sin Fronteras, coordinada por Ventura Gutiérrez.
Entrevistado por La Jornada, Gutiérrez dijo que los principales estados receptores de jornaleros migrantes son California, Texas y Florida, de donde surgen por lo menos siete rutas migratorias que llegan hasta la frontera con Canadá, dispersando grupos de trabajadores de origen mexicano en por lo menos 21 estados.
Los sueldos que perciben los connacionales en esas entidades van desde 5.25 dólares la hora en el norte de California y Florida, a tan sólo 1.25 en el Valle de las Lágrimas, en Texas.
Ventura Gutiérrez comentó que mientras el sueldo promedio en California para un empleado es de 6.27 dólares la hora, los jornaleros mexicanos con documentos migratorios en regla perciben 5.25 en promedio, y los que carecen de ellos obtienen alrededor de 4.50.
En Texas, los trabajadores del campo con su situación migratoria en orden alcanzan sueldos de 4.25 la hora, mientras que quienes carecen de documentos sólo reciben 3.35 e incluso en algunos lugares sólo se les paga 1.25 por cada hora de trabajo bajo el sol.
En los campos agrícolas de Florida, la situación es muy similar a la de California, sólo que allá, dice, son menos perseguidos por las autoridades y menos acosados por los políticos.
Ventura Gutiérrez afirma que es en el estado de Texas, donde ocurren más violaciones a los derechos de los trabajadores migrantes, con o sin documentos, principalmente en el lugar conocido como Valle de Lágrimas.
``Allá los migras son más perros'', asegura, además de que existen grupos de ciudadanos, como los que comienzan a formarse en California, que contribuyen con las autoridades a detener a los migrantes indocumentados.