Grotesca en su fundamentación y preocupante por sus implicaciones, la declaración del estado de emergencia en San Diego no sólo es un capítulo más en la larga cadena de agravios inferidos a los inmigrantes indocumentados, sino puede constituir un precedente de incalculables consecuencias para quienes, forzados por la necesidad, siguen buscando una oportunidad de subsistencia para sus familias más allá de la frontera.

Es importante, antes que nada, precisar los alcances reales de este decreto municipal. Por definición, el estado de emergencia establece una situación excepcional, una suspensión de garantías individuales que permite a las autoridades enfrentar con rapidez una catástrofe natural o una perturbación grave del orden público.

Lógicamente, estas circunstancias acuciantes deben ser reales y notorias. Sin embargo, la Junta de Supervisores de San Diego parece basar su decisión en el supuesto ``temor'' de la población por su seguridad ante el flujo de inmigrantes procedentes de la zona de Tecate, y en versiones de que éstos han provocado el incremento de incendios forestales en la región porque encienden fogatas y fuman. Sólo en gobiernos dictatoriales se ha visto que acusaciones sin ninguna prueba fehaciente sirvan de sustento a resoluciones que de hecho ponen en peligro la integridad, cuando no la vida, de seres humanos indefensos.

Porque, si en plena vigencia teórica de las garantías individuales, se producen hechos como lesiones y aun homicidios de inmigrantes, cometidos por patrulleros fronterizos o alguaciles de gatillo fácil como el sheriff del condado texano de Presidio, ¿qué cabe esperar que ocurra si están legalmente suspendidos, en cualquier grado que sea, los derechos humanos? ¿Cómo impedir que, ya no los agentes formales, sino los milicianos de la Guardia Nacional -cuyo número piden aumentar los supervisores sandieguinos-, se sientan protegidos y hasta estimulados por el estado de emergencia a perpetrar todavía mayores atrocidades? ¿Qué podría inhibirlos, si en el concepto de muchos de ellos los ``advenedizos'' del sur no hacen sino quitarles empleos, despojar a sus familias e incendiar sus bosques?

Como ironía, en ese mismo condado de San Diego se han producido peticiones urgentes al Servicio de Inmigración y Naturalización de negociar con México un acuerdo de trabajo inmigratorio temporal, porque la cosecha precisa de brazos productivos y bien dispuestos, como a lo largo de los decenios han demostrado ser los de nuestros jornaleros. Casi como sarcasmo, estos alardes xenofóbicos se dan sin recato en la nación que nos llama sus socios y amigos y elogia nuestros esfuerzos en apoyo a algunos de sus programas estratégicos.

Urge que nuestros representantes diplomáticos demanden una clarificación del contenido y alcances del estado de emergencia en San Diego, que les permita preparar una vigorosa defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales, que quizá nunca como ahora se vean tan amenazados.