Es de suponerse que pronto se lograrán acuerdos semejantes con los magisterios de otros estados en donde ha sido más beligerante la disidencia, como Oaxaca y Chiapas.

En realidad no hay sorpresa respecto al acuerdo en Guerrero. Desde el pasado fin de semana se conocieron anticipos en el sentido de que ya había puntos de acuerdo y que una de las novedades, como ocurrió, sería el establecimiento de un sistema de pago a los profesores condicionado a su desempeño, sobre todo sus asistencias, pues en las regiones apartadas de ese estado se resiente un elevado ausentismo, ya que los maestros no residen en las comunidades a las que han sido adscritos.

En medios de la administración que encabeza el gobernador Angel Aguirre Rivero se dijo que los principales puntos de acuerdo consistieron en un aumento a los días de aguinaldo, que llegaron a 55, un bono de estímulo por la ``constancia magisterial'', por 450 pesos, que tendrá carácter anual; además aumentarán los préstamos a corto plazo por intermedio del ISSSTE, cuyo director --que también fue incluido en las negociaciones con el magisterio-- Manuel Aguilera Gómez ofreció asimismo mejorar los servicios; otro acuerdo fue el incremento para los ganadores de la Medalla Ignacio Manuel Altamirano de casi ciento por ciento, ya que pasará de 11 mil a 21 mil pesos.

Tales mejorías están lejos de las pretensiones originales de la disidencia magisterial, pero según las informaciones oficiales, fueron aceptadas por la dirigencia de los profesores al considerar que, por fin, el gobierno estatal hizo una oferta concreta que ``muestra una política concertadora''.

El anuncio se conoció después de que en esta capital los espacios informativos vespertinos recogieron versiones de voceros de la Coordinadora (CNTE) en el sentido de que no habían aceptado la propuesta oficial de continuar las negociaciones en los estados y que inclusive preparaban nuevas marchas por la ciudad para hoy, así como otros actos de protestas que podrían incluir bloqueos a edificios públicos y privados.

Fuera manos

Durante muchos años, la divisa de la oposición respecto a la conducción de los procesos electorales fue en el sentido de que el gobierno ya no tuviera el control. En síntesis, en lenguaje coloquial, se podía decir que la exigencia se resumía en dos palabras: ``Fuera manos''.

Razones había muchas, pero todas se resumían en una sola: la sospecha de que el gobierno federal mantenía en secreto mecanismos de manipulación de los resultados, con la finalidad de favorecer a su partido: el PRI.

En algún momento se planteó la posibilidad de que fueran los partidos los que llevaran la responsabilidad de organizar los comicios, pero al cabo del tiempo se consideró improcedente porque esos institutos políticos se convertirían en juez y parte, algo inadmisible. Para entonces surgió como nueva alternativa la elección de ciudadanos ajenos a la militancia partidista pero interesados en las cuestiones políticas. En términos generales, este sector de nuestra comunidad se engloba en lo que se conoce como la sociedad civil.

La presión fue tanta que el gobierno estimó que esa solución era la mejor. Por diversas cuestiones no se pudo aplicar en el IFE, pero a nivel estatal las reformas a las leyes electorales fueron de manera casi uniforme en tal sentido: dejar la responsabilidad de la organización de las elecciones en manos de la sociedad civil.

Uno de los últimos procesos es el que se acaba de anunciar en Sonora, precisamente el día en que el presidente Ernesto Zedillo realizó una gira por ese estado. Sus declaraciones críticas contra los medios de comunicación acapararon la atención general y dejaron en segundo plano ese acuerdo que por primera ocasión se aprueba de manera unánime con intervención de todos los partidos políticos.

Uno de los aspectos sobresalientes de la mencionada reforma sonorense radica precisamente en la decisión de que el gobierno ya no sea el que designe a los funcionarios del organismo electoral estatal. Otro más lo definieron los representantes de todos los partidos como "establecer condiciones equitativas para el desarrollo de la competencia electoral".

Por estos antecedentes resulta extraño que ahora la representación del PAN, que recientemente regresó a la mesa de negociaciones, sostenga la conveniencia de que el gobierno, representado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, continúe como principal responsable de la organización y conducción de las votaciones.

Durante muchos años esa posición fue defendida únicamente por los legisladores federales del PRI y por miembros del gobierno federal, pero al final cedieron ante la presión generalizada de los otros sectores sociales. Por eso es la sorpresa respecto a la posición actual del PAN sobre el manejo de los órganos electorales.

En broma, o tal vez con temor, se dice que esa actitud de Acción Nacional se debe a su seguridad de que triunfará en los comicios de 1997 y 2000 y por ello quiere que el control de las elecciones esté bajo su operación.

En el mismo terreno de la reforma electoral resultó notable el anuncio de que hay consenso de los partidos para que se permita votar a los mexicanos residentes en el extranjero.

Es obvio que nadie quiere limitar los derechos de los ciudadanos que por presiones económicas se ven obligados a emigrar, pero los aspectos prácticos son el problema y por ello habrá que esperar las leyes reglamentarias, para conocer los detalles de cómo se podrán instalar casillas en el extranjero.

Para hacerlo en lugares públicos se requerirá de acuerdos con gobiernos de otras naciones, principalmente de Estados Unidos, donde está el grueso de los emigrados. Recoger la votación en los edificios consulares sería muy problemático y el manejo por correo también tiene muchos problemas.

Sucesión

Un poco más de 150 accionistas de nuestro diario, La Jornada --en rigor jurídico de la empresa Demos--, elegiremos hoy nuevo director general en sustitución de Carlos Payán Velver, quien por decisión personal rechazó la posibilidad que se le ofrecía de continuar en su cargo durante cuatro años más. En el periodismo mexicano este suceso es un hecho extraordinario sin exageración alguna. Lo común es que los directores de medios de comunicación terminen su tarea cuando se extingue su vida o que sean lanzados por conflictos internos. En esta casa estamos por abrir una nueva forma de hacer los cambios que, no se puede ocultar, es producto en buena medida de las nuevas condiciones a las que ha llegado la sociedad mexicana. Que sea para bien, nuestro y de quienes nos favorecen con su atención día con día.