Las interrupciones en la reforma electoral y las precauciones oficiales frente a la Ley Helms-Burton dilataron los tiempos de las acciones de tal modo que introducen serias dudas en que se pueda efectuar la primera tal y como se le requiere. En lo tocante a la ley de los cubanos exiliados, todo apunta hacia la incapacidad real de defender a los mexicanos señalados como posibles infractores.

Los nudos formados alrededor del juego normal de los partidos, que deben verse como producto de las inercias del pasado autoritario y los iniciales tropiezos de un gobierno inexperto, fueron de tal densidad y magnitud que impidieron la correcta marcha de una reforma que hace falta, se dice desear y se juzga como indispensable y urgente. Los sucesos de Tabasco, a continuación los de Guerrero y por último el enredo de Huejotzingo, fueron mermando las posibilidades de concretar los consensos de Bucareli (Segob), dejando para momentos posteriores tanto la discusión de fondo como la formalidad correspondiente en donde realmente cuenta: las cámaras legislativas.

Papel crucial en los escarceos de la reforma ha desempeñado también el PRI y su varias veces pospuesta XVII Asamblea. Este partido ha sido, hasta hoy, incapaz de enfrentar el reto de conciliar desavenencias y navegar en medio del peligro que implican los momentos definitorios y el reacomodo abierto de sus fuerzas internas. La actualización del PRI se veía como un requisito previo para la negociación con sus pares (PAN, PRD), tanto en la mesa Barcelona como en el Congreso. Sus diputados y senadores tendrán ahora que defender o generar posturas no acordadas previamente con sus bases. Correrán el riesgo de aceptar, como es conocida costumbre, el lejano mandato cupular para proceder después a la adaptación de su estructura y vida interna a lo que, por fuera y arriba de él, otros determinarán.

Pero también hay necesidad de traer a colación el compás de espera abierto por el Ejecutivo federal basado en razones no aclaradas lo suficiente, de plano motivadas por conveniencias personales o simples cálculos artificiosos. La táctica puesta en circulación entre la Segob y la Presidencia fue sobando la reforma hasta que madurara lo suficiente para que su formulación se diera casi de manera inevitable y los méritos fueran reconocibles. El resultado, sin embargo, no parece ser así. Al achicarse los tiempos para su cabal absorción, y aún en el supuesto de que no haya, de aquí en adelante, mayores tropiezos, la puesta en lugar de los mecanismos operativos distan mucho de contar con el espacio suficiente para su correcto funcionamiento. Lo más seguro es que, de nueva cuenta y como en el 94, las elecciones del 97 se desarrollen a la mitad del río. Es decir, entre la vieja orilla abandonada por tramposa y conflictiva frente a la lejana ribera de la equidad que se quiere alcanzar. En otras palabras, es factible que se cuente con un conjunto de nuevas reglas que puedan hacer de las elecciones un proceso justo y aceptable para la vida democrática del país, pero los mecanismos de ellas derivados no podrán llegar a tiempo y dejarán amplio margen para intentar el ``mapacheo'' de siempre. Las conductas colectivas consecuentes estarán desfasadas de ese ambiente renovado, presas aún de antiguos condicionamientos y desconfianzas.

En lo tocante a los estragos de la ahora famosa Ley Helms-Burton, las cartas de advertencia finalmente se recibieron con toda anticipación y tomó con la guardia baja a empresas, ciudadanos y sobre todo al gobierno. Concentrado éste en movilizar opiniones y recursos diplomáticos, el centro medular de la pelea se descuidó por completo. Todavía hoy en día los empresarios no saben bien quiénes son sujetos factibles de los delitos contemplados por la ley, se movilizan a tientas y esparcen alarmas y temores sin bases. Tampoco hay acuerdos precisos para legislar porque se buscan respaldos totales y consensos absolutos ante la posibilidad de un enfrentamiento que puede ser devastador, se escamotea y nadie lo quiere asumir. Menos aún se han estudiado e identificado los resortes que puedan anular, balancear o responder en calidad y fuerza tanto a los castigos que puedan imponerse en los tribunales americanos como las penas a personas (visas) y los costos económicos implícitos. La empresa Cemex, por ejemplo, actuó por sí misma pero sus decisiones afectan a los demás. Se emparejó de inmediato con los mandatos de un gobierno ajeno al salirse de Cuba y dejar tirados varios negocios con la vista puesta en sus acciones de bolsa (N.Y.S.E.) y el mercado norteamericano. Juzgó que sola no podía enfrentar al gigante imperial y el gobierno de México la dejó moverse sin reparar su propia inacción. Si en algún momento una empresa en lo particular requería de apoyo completo era, sin duda, éste.

Pero en el final de cuentas, un dato aislado puede dar la medida de la imposibilidad de enfrentar con decisión tan cruenta, irritable como ilegal imposición de EU. Este año le compraremos 10 millones de toneladas de alimentos (granos) y los subsidios en ese país parecen acabarse, lo mismo los créditos adicionales. Cualquier retardo, ya no digamos una negativa, pondría de cabeza a una nación mexicana hambrienta y sin cosechas. Cosa del mal tiempo, las ineficiencias de los ``pragmáticos'' neoliberales que acabaron con la autosuficiencia y la soberanía. Lo demás es sólo llanto y lamentos.