Aprimera vista, el tema de la reforma electoral parece un asunto de puros números; cuántos puntos han sido acordados, cuántos otros están por acordar, en qué proporción hay consenso, en qué otra no.

Esta manera de discutir tiene dos vicios que la experiencia ha descubierto a quienes ya vivimos procesos similares con anterioridad y que pudieran no ser vistos claramente por los interesados en las negociaciones, que son, por un lado, los negociadores mismos y, por otro, todos los demás mexicanos que estamos fuera de los arreglos y regateos pero que seremos, a fin de cuentas, los destinatarios.

El primer vicio es el de considerar los puntos a discusión como unidades intercambiables sin que lo sean. No pueden los partidos aceptar, como ya lo han hecho históricamente, ceder en unos puntos a cambio de que sus contrapartes cedan en otros. Hay prioridades, asuntos de principios, cuestiones fundamentales en los que no se puede ceder a cambio de reconocimientos en cuestiones procesales, opinables o con varias soluciones posibles.

Tampoco se puede poner en el tapete de la discusión de reformas a la ley, reconocimientos de triunfos electorales o posiciones políticas; en una palabra, no son intercambiables como desgraciadamente lo han sido artículos o párrafos de la ley con reconocimientos electorales.

Tal forma de negociar, como hizo ahora el PAN con el caso de Huejotzingo, y en otras épocas con otros reconocimientos electorales, rebaja la discusión y antepone los intereses coyunturales y particulares de un partido a los intereses nacionales.

El otro vicio es creer que en la legislación electoral se puede ir avanzando paulatinamente hacia la democracia y que, por tanto, tiene un valor autónomo el arreglo de algunas cuestiones, aun cuando otras queden sin arreglar.

No, en esta materia como en otras, la ley no puede tener partes ``buenas'' o democráticas y otras ``malas'' o no democráticas.

La nueva ley debe ser una unidad coherente, pensada para regular las elecciones durante un largo periodo y no para ser reformada dentro de unos meses o unos años.

Las leyes deben ser claras, pocas y ciertas; nadie puede estar tranquilo, ni habrá confianza en los procesos y en los partidos, si se legisla para ``el caso'', para las elecciones que vienen, pensando que la ley no aguantará otras sino ésas que hay que afrontar porque ya están encima.

Por desgracia así se ha legislado en muchas materias y en especial en esta tan controvertida de las elecciones. La razón de esta sinrazón, es que el gobierno-sistema quiere una ley que le sirva para mantenerse en el poder y no le interesa facilitar los procesos de recibir y contar los votos, sino por el contrario: enturbiarlos y hacerlos complicados, porque bien sabe que a río revuelto, ganancia de pescadores, y la oposición ha encontrado en el gradualismo una fórmula para obtener canonjías, cuotas de poder y posiciones, sin que tampoco le preocupe mucho que los procesos sean claros y democráticos. Sugiero a los negociadores que salgan del esquema de toma y daca, que se fijen como meta una ley fácil de entender, porque está dirigida a ciudadanos y no a especialistas en derecho procesal, y justa, que permita las elecciones y no que las estorbe.