El sábado pasado, un profesor universitario y su hijo circulaban en automóvil, a las 9:00 horas, por Periférico Sur; de pronto una camioneta maniobró de manera indebida, obligándolos a virar bruscamente para evitar la colisión. El profesor reclamó por el hecho al conductor de la camioneta; siete sujetos ebrios descendieron de la camioneta y en plena vía de alta velocidad golpearon y patearon inmisericordemente al universitario y a su hijo, sin que nadie los socorriera. Los golpeadores huyeron y los agredidos fueron trasladados a un hospital por una ambulancia que ocasionalmente pasaba por el lugar. Afortunadamente, los golpeados no presentan lesiones graves.

Los agredidos, aunque tienen las referencias necesarias, no presentarán denuncia ante el Ministerio Público porque lo consideran inútil, dada su incapacidad e ineficiencia para perseguir estos delitos y encontrar a los culpables, y por los meses de trámites burocráticos y molestias que ello les significará, sin ninguna posibilidad de éxito.

Este es uno más de los muchos actos violentos que cotidianamente padecemos los universitarios, las personas que forman nuestro entorno y todos los capitalinos: robos de coches, objetos personales y equipo en los lugares de trabajo y la vivienda; asaltos y robos callejeros a mano armada, que concluyen con heridas serias de los agredidos; intentos fallidos o consumados de violación a mujeres; agresiones físicas sin ninguna justificación aparente, como la arriba descrita. En este marco, los asesinatos y lesiones graves son sólo la forma más brutal de una violencia generalizada. La capital y otras ciudades se han convertido en una jungla de concreto, acero y cristal donde domina la fuerza bruta.

Los ciudadanos estamos totalmente indefensos. Los cuerpos policiacos muestran una ineficiencia total para enfrentar esta violencia; sus miembros activos o en retiro están vinculados constantemente con hechos delictuosos; o su papel en las calles es el de extorsionadores de conductores y trabajadores informales callejeros. Sólo muestran ``efectividad'' cuando reprimen masivamente a los trabajadores que usan su derecho constitucional a organizarse, manifestarse y demandar sus derechos, como ocurrió con los maestros hace dos semanas. Los ciudadanos ya no sabemos quiénes son policías y quiénes ladrones, o a quiénes debemos temer más.

La impunidad es dueña de la justicia. Los grandes crímenes políticos individuales y las masacres colectivas siguen ocurriendo, sin que se castigue a los culpables; la lista se alarga día a día. En muchos de ellos, la sombra de los intereses partidistas cubre a los presuntos culpables en Morelos, Guerrero, Tabasco y México todo. El derecho se maneja según las conveniencias políticas, lo que mantiene y reproduce la dudosa ``cultura'' de la impunidad en todos los ámbitos y niveles. La burocratización, autoritarismo prepotente, desorden e ineficiencia de los aparatos policiacos y judiciales, más duras para los denunciantes que para los denunciados, hacen que la ciudadanía prefiera curar sola sus heridas, a involucrarse en una denuncia legal que sólo le traerá pérdidas de tiempo y malos tratos, sin que el culpable sea perseguido, detenido o juzgado.

Violencia e impunidad forman parte esencial de la crisis global que golpea a nuestra sociedad desde hace más de una década. No puede haber recuperación económica sostenida ni mejoramiento social, si no se construye un verdadero Estado de derecho colocado por encima de los intereses políticos, si las instituciones y agentes judiciales y policiales no respetan la ley y la aplican, si los ciudadanos no exigimos el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos humanos y civiles y no utilizamos, al menos, el voto para sancionar a quienes los violan o no los garantizan. El hipotético crecimiento de los negocios de unos cuantos no tiene ningún sentido para la sociedad en este marco de violencia, impunidad e indefensión ciudadana.