Aplazan México y España la entrada en vigor del Tratado de Extradición

David Aponte y Juan Manuel Venegas Los gobiernos de México y España aplazaron indefinidamente la entrada en vigor del protocolo de reformas al Tratado de Extradición bilateral, prevista para este miércoles, y empezaron consultas sobre la normatividad y la retroactividad de su aplicación.

``No tenemos prisa en tiempos''; ambos países ``queremos un buen'' acuerdo y la parte mexicana está en contra del terrorismo, dijo ayer el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Rebolledo Gout.

El gobierno mexicano está ``acotando y precisando'' los alcances del instrumento jurídico con la nueva administración española, explicó.

Rebolledo Gout informó también que la parte española formuló dos peticiones de extradición, independientemente de la que está en curso en el caso de Andoni Zelaia Otaño, acusado de homicidio y de pertenecer a un comando autónomo de la organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). No dio más detalles de las solicitudes de Madrid.

Desde la semana pasada, el gobierno español solicitó a su contraparte mexicana una interpretación jurídica del instrumento firmado el 23 de junio de 1995. La nueva administración española pretende la aplicación con efectos retroactivos.En forma extraoficial, el gobierno de España dio a conocer a la agencia de noticias Efe que demoraría sine die la entrada en vigor del protocolo de reformas al Tratado de Extradición, programada para este 5 de junio, con el intercambio de las respectivas notas diplomáticas.

Fuentes del Ministerio del Interior español dijeron que en los términos que México entiende la modificación del instrumento, la entrada en vigor ``sería contraproducente para los intereses de España'', debido a que los etarras que hubieran cometido atentados antes del 5 de junio no podrían ser extraditados. De ser así, ETA acabaría consagrando el actual ``santuario etarra en México'', dijeron. En la ciudad de México, fuentes diplomáticas comentaron que México no es ni será santuario de etarras y que el protocolo fue negociado y aprobado por los representantes de ambos países, el subprocurador Rafael Estrada Sámano y el entonces embajador español Juan Pablo de Laiglesia.

Durante una entrevista con La Jornada, el 23 de junio de 1995, fecha de la firma del protocolo, el consultor jurídico de la SRE, Miguel Angel González Félix, dijo: ``Nosotros tenemos el principio constitucional de no retroactividad en perjuicio de persona alguna''.

Para la Procuraduría General de la República, este principio de no retroactividad en la aplicación de las leyes no está a discusión y se debe respetar, pues también está consagrado en la Carta Magna.

En breve conversación en un hotel ubicado al sur de la ciudad de México, el subsecretario Rebolledo dijo ayer que los gobiernos de ambos países comenzaron consultas sobre la aplicación del nuevo protocolo, incluido el tema de la ``retroactividad o no retroactividad'' del Tratado de Extradición. ``Estamos analizando cuáles son sus preocupaciones y cuáles las nuestras, y estamos viendo el alcance de las medidas'', mencionó.

``Ahora estamos en consultas y no tenemos prisa en tiempos. Las acciones de cooperación jurídica entre ambos países son muy importantes. México y España desean preservar sus instrumentos en la materia, de tal manera que es natural la revisión de su aplicación y las diferencias son menores'', dijo.

El diplomático consideró que ninguna de las partes trata de bloquear el acuerdo bilateral, Por el contrario, la relación ``es espléndida y queremos un buen acuerdo. México está contra el terrorismo''. Una vez que estén listas las apreciaciones jurídicas, se harán del conocimiento público, agregó.

De la expulsión a Estados Unidos del narcotraficante boliviano José Luis Pereyra Sales, el funcionario mencionó que las autoridades mexicanas no recibieron presión alguna para sacarlo de territorio nacional.

Por separado, el subsecretario de Población y Asuntos Migratorios de la Secretaría de Gobernación, César Bécker, dijo que la situación migratoria del extranjero ``era ilegal'' y agregó que no tenía detalles de la captura ni del traslado.