La Jornada 4 de junio de 1996

Acuerdan el Grupo de Río y Canadá solicitar una declaración del comité jurídico de la OEA sobre la validez de la ley Jamás aceptaremos que otra potencia nos imponga dónde y cómo comerciar, advierte la representante canadiense EU no dará marcha atrás, responde McLarty

Afp, Dpa, Reuter, Notimex, Ips y Efe, Panamá, 3 de junio América Latina y Canadá decidieron presentar ante la asamblea ministerial de la Organización de Estados Americanos (OEA) un proyecto de resolución, bautizado como el Consenso de Panamá, para condenar la ``unilateralidad'' y los ``efectos extraterritoriales'' de la Ley Helms-Burton, aprobada por Estados Unidos.

En su parte resolutiva el proyecto instruye al Comité Jurídico Interamericano para que ``examine, concluya y presente su opinión al Consejo Permanente de la OEA sobre la validez, conforme al derecho internacional, de la Ley Helms-Burton'', que obstaculiza el comercio y la inversión de otros países con terceros Estados. De ser aprobada, la resolución regional será examinada por el Comité Jurídico en su próxima sesión semestral, a celebrarse del 5 al 30 de agosto en Río de Janeiro.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Angel Gurría, reiteró hoy ante la 26 Asamblea General de la OEA su firme rechazo a la Helms-Burton por ser contraria al derecho internacional. Destacó: ``Si deseamos que nuestro continente se rija por el derecho en las relaciones entre los países, debemos evitar la adopción de medidas que busquen aplicar las leyes nacionales al campo internacional''.

En tanto, el secretario general de la OEA, César Gaviria, subrayó que el sistema interamericano debe evitar ``las tentaciones del unilateralismo y extraterritorialidad de las leyes; sólo con un sistema jurídico fortalecido y con el desarrollo de nuevos instrumentos lograremos que el proceso de integración encuentre un cauce ordenado''.

Canadá se había manifestado en durísimos términos contra la ley Helms-Burton, advirtiendo que ``jamás'' aceptaría que una potencia le imponga ``dónde y cómo'' debe comerciar. La secretaria canadiense de Estado para América Latina y Africa, Christine Steward, advirtió que esa legislación estadunidense no es la respuesta adecuada para conminar al gobierno de Fidel Castro a promover cambios en Cuba.

El tema de la Helms-Burton, aunque no figura en la agenda de discusiones de la Asamblea, ha sido abordado en las reuniones informales entre los cancilleres y delegados de las 34 naciones americanas que participan en el foro interamericano.

El secretario Gurría citó a Benito Juárez al afirmar ante el pleno de la reunión que ``entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'', y resaltó la importancia de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Hizo énfasis en que la polémica en torno a la Helms-Burton se debe dirimir con instrumentos jurídicos.

Una copia de la versión corregida del documento presentado en bloque por América Latina y Canadá, obtenida por la agencia Afp, subraya en sus considerandos:

--``Que entre los propósitos de la OEA se incluye la necesidad de procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre los Estados miembros;

--Que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional;

--Que la carta de la OEA señala que todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional, y que los Estados miembros deben también abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros;

--Que los Estados miembros han reconocido, reiteradamente, que la integración económica constituye uno de los objetivos del sistema interamericano, y que en este contexto resulta fundamental la expansión del comercio e inversión a nivel regional y subregional;

--Que los jefes de Estado y de gobierno durante la Cumbre de las Américas reafirmaron su firme compromiso con las reglas y disciplinas multilaterales en el marco de los acuerdos para promover la prosperidad mediante la integración económica y el libre comercio''.

El texto de la resolución expresa la ``preocupación'' regional ``por la promulgación y aplicación por parte de los Estados miembros de leyes y disposiciones reglamentarias cuyos efectos extraterritoriales afecten a la soberanía de otros Estados y a los intereses legítimos de entidades y personas bajo su jurisdicción, así como a la libertad de comercio e inversión''.

Estados Unidos declinó por el momento pronunciarse respecto a la iniciativa presentada por el Grupo de Río y Canadá. La embajadora de Washington ante la OEA, Harriet Babbit, declaró que ``por el momento no tengo ningún comentario que hacer''. Sin embargo, Thomas McClarty, asesor del presidente Clinton, dijo que a pesar de las críticas de algunos aliados, su país ``no dará marcha atrás'' y reforzará las sanciones contra Cuba, ``porque ese es un esfuerzo para conseguir la democracia en esa isla. Seguiremos adelante con la ley y es nuestra decisión incrementar las sanciones sobre la isla, minimizando los perjuicios para nuestros aliados'', subrayó.

Por otra parte, en La Habana, el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, subrayó que a pesar de la sensación de terror que se pretende crear internacionalmente, ``la aplicación práctica del lenguaje demoníaco de la Ley Helms-Burton tiene límites; esta ley choca con el rechazo de la opinión de gobiernos de todo el mundo''.

Alarcón manifestó que los juicios anunciados contra las empresas que comercian con Cuba ``tropiezan con el hecho de que todo juez, de acuerdo con la ley estadunidense, sólo podría actuar contra aquellos que tengan una presencia sistemática de negocios en el área de su jurisdicción; la mayoría de las propiedades enclavadas en Cuba no pueden ser objeto de litigio porque no existe contraparte ni acusado que realmente pueda ser objeto de decisión decomisadora de un juez, ni las reclamaciones de cubano-estadunidenses tienen posibilidad de establecerse antes de 1998, según la propia ley''.

A su vez, Gurría dijo que México concibe la unidad continental como ``la suma convencida y entusiasta de voluntades, sin pretensiones de injerencia de un Estado o grupo de Estados en aquellas materias que son privativas de nuestras economías'', indicó y señaló que la drogadicción y el narcotráfico son dos grandes desafíos que enfrenta el sistema interamericano. ``Eliminarlos requiere un enfoque integral que enfrente el consumo, la distribución, el tráfico y la producción de estupefacientes'', precisó.

Para México el narcotráfico es ``la principal amenaza a nuestra seguridad nacional'', subrayó, y destacó la importancia ``de la corresponsabilidad y la cooperación para vencer a este enemigo común''. El canciller también indicó que la lucha contra el narcotráfico debe abstenerse de incluir ``ejercicios unilaterales de certificación, tan innecesarios como contraproducentes''.

Anunció que por razones de seguridad pública, de protección de las instituciones y de cooperación internacional, México ha propuesto la celebración en 1998 de una sesión extraordinaria de la asamblea general de Naciones Unidas para adoptar medidas concretas contra el narcotráfico.

Por otra parte, en La Habana, el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, subrayó que a pesar de la sensación de terror que se pretende crear internacionalmente, ``la aplicación práctica del lenguaje demoníaco de la Ley Helms-Burton tiene límites; esta ley choca con el rechazo de la opinión de gobiernos de todo el mundo, además de los contratiempos de la propia práctica legal y judicial estadunidense''.

Alarcón manifestó que los juicios anunciados contra las empresas que comercian con Cuba ``tropiezan con el hecho de que todo juez, de acuerdo con la ley estadunidense, sólo podría actuar contra aquellos que tengan una presencia sistemática de negocios en el área de su jurisdicción; la mayoría de las propiedades enclavadas en Cuba no pueden ser objeto de litigio porque no existe contraparte ni acusado que realmente pueda ser objeto de decisión decomisadora de un juez, ni las reclamaciones de cubano-estadunidenses tienen posibilidad de establecerse antes de 1998, según la propia ley''.