Eduardo R. Huchim
Inseguridad, impunidad, indefensión

Mientras usted lee este artículo, en la ciudad de México --donde cada día ocurren 3.5 homicidios en promedio-- se cometerán varios robos con violencia o sin ella, aunque quizá sólo dos de ellos sean denunciados. Las siguientes cifras , correspondientes al total acumulado en el primer trimestre de 1996, ejemplifican la angustiosa inseguridad que prevalece en la capital de la República:

Delito Total Homicidios dolosos 314

Violación 334

Robo a casa con violencia 261

Robo a casa sin violencia 1,949

Robo violento a negocios 2,329

Robo no violento a negocios 3,159

Robo a transeúnte 7,155

Robo a repartidor 6,952

Robo de vehículos 15,893

Lesiones dolosas 4,937

Estas cifras sólo incluyen delitos denunciados, y aquellos que no lo son las multiplican fácilmente. No obstante, sirven para tener conciencia del grado que la delincuencia alcanzó ya en el Distrito Federal.

Aparte del daño físico, síquico o patrimonial que sufren las víctimas de estos delitos, uno de los ángulos peores de la delincuencia en la ciudad de México es el índice de impunidad, al cual es posible aproximarse con estas otras cifras : durante el primer trimestre de este año, se presentaron 61 mil 105 denuncias, en tanto que fueron puestas a disposición del Ministerio Público 6 mil 546 personas y cumplidas 5 mil 814 órdenes judiciales (12 mil 360 en total). Grosso modo puede concluirse que los detenidos equivalen a sólo alrededor del 20 por ciento de las denuncias presentadas. Y si se toma en consideración que miles de delitos no son denunciados porque se descree en la utilidad de hacerlo, puede tenerse una idea de la enorme impunidad de los delincuentes, la cual no sólo deja sin justicia a las víctimas sino se convierte en la más activa promoción de la delincuencia.

Ante el dramatismo de la inseguridad, aquí mostrada con cifras pero cuya prueba mayor es la que percibimos todos los días al sufrir los embates de la delincuencia o saber que los han sufrido parientes, amigos o conocidos, ante este panorama es muy evidente la escasa importancia social que reviste la remoción del secretario de Seguridad Pública del DF, David Garay Maldonado, si bien es justo reconocer su importancia política porque, aun cuando no satisfizo a los maestros reprimidos, al menos mostró un firme ejercicio del poder presidencial en momentos en que crecen las dudas sobre las aptitudes de Ernesto Zedillo para ocupar el Poder Ejecutivo. El cese determinado por el Presidente mostró una sensibilidad de la que ha dado pocos ejemplos. Si la firmeza --fundamentada en la ley, vale precisar-- exhibida en este caso se repitiera en otras circunstancias y ámbitos, muy probablemente se desvanecerían los rumores sobre su eventual renuncia. Que se trate de rumores sin fundamento, conviene aclarar, no cambia el hecho de que se esté hablando de tal improbable posibilidad.

El auge delincuencial en la ciudad de México, que con distintos grados se repite en muchas otras ciudades del país, pone en duda una de las principales razones de la existencia del gobierno: ofrecer seguridad para una convivencia pacífica y garantizar justicia cuando un individuo o grupo la quebranta. Si bien ese auge tiene alguna relación con la actual crisis económica, ciertamente no se explica sólo por ésta. La explicación es preciso buscarla en la descomposición que existe en virtualmente todos los aparatos policiales del país y se expresa en dos formas primordiales: su incapacidad ante los delincuentes y la participación de los propios policías en la comisión de los delitos, circunstancia ésta que deja a la sociedad doblemente indefensa.

Y si a esto añadimos la corrupción, concluiremos que hemos llegado al absurdo de temer tanto a los delincuentes cuanto a los encargados de combatirlos.

El severo problema no tiene una resolución fácil ni pronta, pues se relaciona con asuntos de largo plazo como la profesionalización de las corporaciones policíacas. El rubro presupuestal tiene una fuerte vinculación con ésta, pues uno de sus ejes fundamentales es la asignación de salarios altos a quienes habrán de exponer su propia seguridad en defensa de la ajena. No es el salarial el único factor para lograr ese objetivo, pero sí uno de los más importantes. Otros serían la necesaria vocación de servicio, la seguridad en el empleo, el entrenamiento eficiente, la instauración de una efectiva carrera policial y un entorno profesional, en fin, donde el cumplimiento de la tarea sea premiado y resulte doloroso el incurrir en corrupción. Pero todo esto no se logrará con cambios de mando, sino con un empeñoso esfuerzo a largo plazo, que para bien de todos importa emprender cuanto antes.

Cifras del informe ejecutivo por día de la Dirección General de Información y Política Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, correspondiente al mes de marzo de 1996. Una información más amplia de estos datos pueden hallarse en La Jornada del 21 de abril de 1996, p. 41, bajo la firma de Ricardo Olayo.

Idem.