A muy breves días de la fecha fijada para la reanudación del Diálogo sobre la Paz en Chiapas, dos graves cuestiones, íntimamente ligadas entre sí, se plantean:La primera se refiere a si se han reunido ya los requisitos necesarios para recomenzar un diálogo fructífero entre los dos grandes opositores: el régimen gubernamental, por un lado, y la gran parte de inconformes y agraviados que expresan su ira a través del Ejército Zapatista y que forman parte de la sociedad civil, por el otro. Policías y guardianes del orden, soldados, burócratas y funcionarios gubernamentales apuntalando las ``instituciones'', profundamente corrompidas y evidentemente ilegales; enfrente, millones de campesinos y de niños desnutridos, millones de indígenas explotados, millones de trabajadores sin empleo y de cientos de miles de ciudadanos humildes, despojados y agraviados, luchando por una paz democrática, justa y amplia.

Aún no sabemos si la confrontación entre los dos contendientes dará oportunidad para reiniciar el camino de la conciliación digna, o si la prepotencia de la oligarquía pseudogobernante cerrará esa esperanza, que casi todos quisiéramos ver realizada.Pero la otra grave cuestión, que ya alcanza dimensiones universales, nos lleva a una problemática que tanto tiene de jurídico-política como de moral. Si no logramos reemprender el camino de una auténtica paz justa y digna, quién tendrá la responsabilidad de ello? Y no se trata ya de una simple culpa temporal de cuantía menor, sino de una gran responsabilidad histórica que habrá de manchar definitivamente a quienes tengan que cargar con ella.

El gobierno zedillista, a través de sus órganos directos y permanentes, como la Secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la República, o a través de sus órganos indirectos, creados expresamente, trata de curarse en salud intentando proclamar un indeclinable propósito conciliatorio y atribuir a la intransigencia, a la malignidad y hasta ``al terrorismo'' del EZLN, el fracaso del diálogo. Al mismo tiempo, prodiga acciones persecutorias, amenazas y hostigamientos contra los militantes zapatistas y sus simpatizadores, promulga sentencias condenatorias penales a todas luces contrarias a derecho y prodiga prisiones y acoso contra los que, según el propio gobierno, quisiera ver sentados, sumisos y arrepentidos, en las mesas del diálogo.Creo que la actitud francamente represiva del gobierno zedillista, el empleo de múltiples fuerzas armadas, el cercamiento militar y el acoso económico de las zonas zapatistas nos llevan a una indiscutible conclusión; El gobierno mexicano y, concretamente, el jefe del Poder Ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, será el inocultable responsable moral, política y jurídicamente, de la ruptura del diálogo por la paz justa en Chiapas.Al respecto conviene insistir en que en manos del presidente Zedillo está, en estos difíciles momentos, la supresión del obstáculo para la continuación del diálogo, que representa la infame prisión de los supuestos zapatistas, hoy ya calificados, al menos en primer instancia de la administración de Justicia Federal, de ``terroristas''.

De conformidad con la fracción XIV del artículo 89 constitucional y con la vigente ``Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas'', que por su carácter especial prevalece sobre el general Código Penal, el presidente Zedillo está investido de la facultad constitucional de otorgar indulto y consecuentemente conceder la libertad a las dos víctimas de la sentencia judicial del 2 de mayo. Ese indulto es un acto personal del jefe del Ejecutivo, que no interviene en la esfera de los órganos judiciales, ni entraña aprobación ni rechazo de la sentencia (que no le toca pronunciar al Presidente) ni requiere conformidad de los indultados, ni aceptación, expresa o tácita, de culpa alguna. En cambio, sería una muestra creíble del deseo presidencial de buscar caminos de concordia y conciliación y no simples declaraciones totalmente desprovistas de credibilidad. Negarse a conceder el indulto sería una clara muestra de que no existe una auténtica voluntad conciliatoria por parte del gobierno salino-zadillista.

Pero seguramente las manifestaciones públicas de estos días, como la convocada para el próximo martes 28, en esta capital, ayudarán al señor presidente de la República a cubrirse de gloria, otorgando un indulto y una libertad requeridas por el pueblo mexicano.

La sociedad mexicana y la opinión mundial lo saben ya, pero tenemos una última, débil esperanza esperanza al fin de que el grupo gobernante, hoy formalmente encabezado por Ernesto Zedillo, se dé cuenta de la responsabilidad histórica ante la cual se está enfrentando y, en consecuencia, tome las medidas que le corresponden para reanudar un diálogo por la paz justa en Chiapas, diálogo que habrá de estar rodeado de seguridad para todos y de equidad y limpieza moral para los participantes. Esperemos que Ernesto Zedillo otorgue por su propia y libre decisión el indulto, sin esperar a que la sociedad civil se lo exija, como hubo de hacerlo para lograr la licencia del compadre Figueroa.