España vive en la expectativa de las acciones del nuevo gobierno y sus problemas tradicionales. De éstos, sin la menor duda, los más importantes son el desempleo y el terrorismo.

Sin embargo, con una novatez explicable y en el fondo, con el deseo de compensar el magro resultado electoral y su entrega, sin reservas, a los exigentes catalanes de Convergencia i Unió, los nuevos ministros se han dedicado, en los primeros días, a buscar agujeros en los balances de entrega que han difundido con energía y con una respuesta menos que discreta del PSOE que de acuerdo con la estrategia inteligente de Felipe González, a la manera norteamericana, le han concedido al PP los cien días de rigor, y un poquito más, para que consolide sus acciones. Entre tanto Felipe goza de vacaciones en el cono sur, invitado por los presidentes del Uruguay y de Argentina, en una acción lógica de desintoxicación del poder.

ETA ha hecho valer, trágicamente, a su manera normal, su presencia ante el nuevo gobierno con un atentado en Córdoba que intentó ser monstruoso y que sólo logró una víctima cuando iba en busca de muchas más. Provoca reacciones, reclamos exigentes de la pena de muerte y no resuelve nada. No falta quien piense que a estas alturas la ETA ya no intenta la autonomía vasca sino que se ha convertido, simple y sencillamente, en un grupo de delincuentes con intento, menos que justificado, de acciones independentistas.

El tema del desempleo que, afortunadamente para España no alcanza nuestros niveles, provoca propuestas sindicales de poca eficacia y del otro lado, por el rumbo de los empresarios de la CEOE que encabeza Cuevas, exigencias de despidos convencionales, cancelando el espíritu tutelar del Derecho del trabajo y mayores flexibilizaciones. El mercado como objetivo aunque al final del camino se tropiece con que la maravillosa empresa que ahorra salarios y prestaciones no genera la capacidad de que sus productos los compre alguien.

El tema de moda, sin embargo, es el de las acciones judiciales en contra de guardias civiles de todos los rangos y funcionarios vinculados con el Ministerio del Interior a los que se llama a juicio por ese organismo curioso que aquí, en España, se conoce como la Audiencia Nacional.

Para nosotros es una institución extraña salvo que la comparemos con la Procuraduría General de la República ya que los jueces, seis para todo el país y a la cabeza de ellos Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, son jueces que juzgan poco y ``averiguan'' mucho. En rigor, al final del camino, entregan conclusiones al Tribunal Supremo para que sus miembros juzguen y sentencien. Pero en el camino deciden privaciones de libertad, fijan cauciones o fianzas monstruosas y de hecho juzgan sin que, en rigor, les toque hacerlo. Hoy tienen en la cárcel a un hombre de prestigio, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo que estuvo al frente en Euskadi de la lucha contra el terrorismo. Las pruebas que sirvieron de base al juez Gómez de Liaño son, en lo fundamental, una testigo de oídas y un declarado contrabandista. En México no habían servido de nada. Los etarras deben estar muy satisfechos.

A estos jueces de la Audiencia Nacional les toca investigar las acciones terroristas se trató de evitar que juzgaran jueces locales con riesgo de atentadospero también les endosaron los asuntos de alto interés financiero, entre ellos el muy interesante de Mario Conde y todo lo relacionado con el narcotráfico. Y eso ha convertido a los seis jueces en hombres noticia. Con todos los riesgos que puede suponer el protagonismo y, al menos en el caso de Garzón, la clara expresión de resentimientos políticos ya que piensa que no se le dio en el PSOE el ministerio al que aspiraba.

Presidente novato; ministros en busca de agujeros; un PSOE que deja pasar las cosas en espera del otoño que hace suponer, para entonces, ofensivas enérgicas pero, en general, una España que progresa, que se queja, como es natural pero que va hacia adelante.

Este domingo, cuando ustedes lean esto, ya estaré en casa, afortunadamente.