Desconcierta a ministros la exculpación de priístas a Figueroa

Jesús Aranda Después de todo, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano tenía razón, cuando se opuso a que la Suprema Corte interviniera en el caso Aguas Blancas, reconocieron ayer ministros del máximo tribunal de justicia del país al comentar la postura de la diputación priísta sobre la demanda de juicio político en contra de Rubén Figueroa.

Aun cuando afirmaron sentirse ``orgullosos'' por el dictamen que emitió la Corte en el que se estableció la responsabilidad de Figueroa en la violación grave de garantías individuales, algunos ministros comentaron que si bien ese asunto está archivado oficialmente, lo cierto es que todavía no entienden la razón por la cual el Presidente de la República involucró a la Corte en el caso, para que finalmente se exonerara al ex gobernador.

De lo que sí estoy seguro, comentó un ministro, es que si un asunto similar fuera presentado de nuevo ante la Corte, ``yo votaría en contra de que nosotros interviniéramos'', dados los últimos acontecimientos en torno al gobernador con licencia defitiniva de Guerrero.

En este sentido, recordó que el pleno de la SCJN tuvo a bien establecer la facultad discrecional de aceptar o no las recomendaciones que le llegó a hacer en su momento alguna autoridad con base en el artículo 97 constitucional como sucedió en el caso Aguas Blancas por lo que el máximo tribunal del país cuenta con el instrumento legal para rechazar una petición que no esté debidamente fundada y motivada.

Por su parte, otro ministro consultado dijo que con la posición asumida por los diputados priístas, el problema político se complicará todavía más.

Los ministros coincidieron en señalar que la Corte fue muy clara en su dictamen al acusar al mandatario estatal de haber violado las garantías individuales de los campesinos asesinados y que por eso se decidió notificar a las autoridades competentes para que se tomaran cartas en el asunto. La posición de la diputación priísta refleja el estado en el que se encuentra el caso, señalaron sin querer profundizar en sus comentarios.

Un ministro comentó que más importante que la resolución en sí, lo realmente interesante fue la tesis respecto a la ``cultura del engaño'' que se ha convertido en una constante en la actitud de las autoridades del país. Cultura que por cierto, dijo, se refleja en el desenlace que ha tenido este asunto.

El único ministro que votó en contra de que la Corte interviniera fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano (La Jornada 11 de marzo de 1996), en entrevista, explicó que el artículo 97 constitucional es ``imperfecto'', porque no hay manera de que la Corte imponga ``coercitivamente'' su opinión, como tampoco tiene el mandato para destituir a las autoridades que no cumplan con los resolutivos del máximo tribunal de justicia del país.

Precisó en aquel entonces que, ante la falta de reglamentación del artículo 97, ``todo es adivinanza y buen juicio''.

``Por qué voté en contra? Porque me interesa que se perfeccione la norma constitucional; yo a este voto, le doy ante todo un valor testimonial de que hay que pugnar por la plenitud del orden jurídico, porque se perfeccione...'', sostuvo.

En aquel entonces, Aguirre Anguiano se manifestó por la modificación del artículo 97 ``para hacer de una norma imperfecta, una norma perfecta y luego, una sana reglamentación.

Por otro lado, el abogado defensor de Figueroa, Ricardo Franco Guzmán, aseguró que el ex gobernador es inocente y adelantó que es previsible que la demanda de juicio político sea desechada por el pleno de las comisiones de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales.

Franco señaló que aceptó defender a Figueroa porque está convencido de su inocencia. Además, sostuvo que en el dictamen de la Corte nunca se hizo referencia especial al ex gobernador como el culpable del asesinato de 17 campesinos.

Hasta el momento, puntualizó, no se ha presentado ninguna acusación formal en contra de Figueroa, lo cual demuestra su inocencia.