La Jornada 29 de mayo de 1996

El viernes, audiencia de vista para Elorriaga y Entzin

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de mayo El Tribunal Unitario notificó hoy a Javier Elorriaga Berdegué y a Sebastián Entzin Gómez presuntos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) encarcelados en el penal de Cerro Hueco que fijó para el 31 de mayo una audiencia de vista, el principal acto del procedimiento de segunda instancia previo a la sentencia final.

``Si todo marcha sobre derecho, en los primeros días de junio podríamos tener (junto a Sebastián Entzin) nuestra libertad'', dijo este martes Elorriaga Berdegué minutos después de conocer la fecha de la audiencia de vista fijada por el magistrado del Tribunal Unitario que recibió la apelación y los agravios presen-tados por la defensa de los procesados.

Señaló que la absolución del proceso judicial contra el indígena Sebastián Entzin y él podría ``restablecer la confianza'' de la sociedad mexicana en la justicia, y se mostró optimista en que también lograría la distensión en Chiapas y daría un mejor ambiente en las negociaciones que realizan el EZLN y el gobierno federal en San Andrés Larráinzar.

Miguel Angel de los Santos, abogado defensor de los presuntos zapatistas e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación de Organismos No Gubernamentales para la Paz (Conpaz), explicó a los periodistas que en los primeros ocho días de junio se podría conocer el fallo del magistrado del Tribunal Unitario.

El abogado chiapaneco confió en que dicho fallo revocará la sentencia dictada por el juez Juan Manuel Alcántara el pasado 2 de mayo. De los Santos se mostró optimista en que el magistrado del Tribunal Unitario rectifique los errores cometidos por el juez Alcántara y se revoque la sentencia de 13 y 6 años de prisión dictados para Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, respectivamente.

El pasado 15 de mayo, los abogados entregaron ante el Tribunal Unitario los agravios en contra de la sentencia del juez Juan Manuel Alcántara, pero descartaron presentar nuevas pruebas y citar a declarar al ex secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y a otros funcionarios del gobierno federal para evitar que el proceso de los presuntos zapatistas se alargara todavía más.

``Se desechó pedir que el ex secretario de Gobernación declarara, pues alargaría el proceso de los dos presuntos zapatistas, tardaría muchos meses en resolverse'', coincidieron Pilar Noriega y De los Santos, abogados de los presuntos inculpados de terrorismo presos en el penal de Cerro Hueco desde hace más de un año.Noriega señaló entonces que al no presentar nuevas pruebas ni pedir la presentación de ningún funcionario del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la defensa y los propios sentenciados buscan enviar un mensaje en favor de la paz en Chiapas, de que continúen las conversaciones en San Andrés Larráinzar. ``Pero sobre todo queremos demostrar que existe de nuestra parte un espíritu de no entorpecer y obstaculizar el diálogo'', indicaron.

El EZLN anunció a principios de mayo una alerta roja general y señaló que no regresará a las conversaciones de paz en San Andrés Larráinzar mientras continúen presos los presuntos zapatistas.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación dijo el lunes que estaría dispuesta a negociar una nueva fecha para la reunión, la cual sustituiría a la programada el próximo 5 de junio.

El diputado Juan Roque Flores, representante del Congreso local ante la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), consideró hoy como un signo positivo del gobierno federal el haber aceptado algunas de las propuestas presentadas por la Cocopa, principalmente la que se refiere al cambio de la fecha del próximo diálogo en San Andrés Larráinzar.``Es importante porque se hablaba de la fatalidad de las fechas, se hablaba de que la fecha del 5 de junio era determinante y que si no se superaban algunas de las divergencias se rompería el diálogo y se entraría en un periodo de mayor tensión'', dijo a los periodistas que lo entrevistaron vía telefónica.

Esto demuestra, agregó el legislador chiapaneco Roque Flores, que la delegación gubernamental tiene disposición para poder fijar una nueva fecha, si así lo determinan ambas partes, de común acuerdo, ``es decir, que no existen fechas fatales''.