Será verdad que, como sostienen ciudadanos de Los Tuxtlas, es inminente la destrucción de más recursos naturales en esa región de Veracruz? La causa: la ``autorización condicionada'' concedida por el Instituto Nacional de Ecología (INE) a un proyecto múltiple en la sierra de Santa Martha, de enorme riqueza biótica. Si nos atenemos a la carta que en marzo pasado varios grupos ecologistas enviaron a Julia Carabias, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), esa autorización respondería afirmativamente a la pregunta con que iniciamos este artículo. Pero el asunto tiene más aristas. Se trata de un proyecto a cargo del Grupo Agropecuario Perla del Golfo SA de CV, que prevé:

1) el aprovechamiento forestal de 60 mil metros cúbicos, a razón de 6 mil por año, y que afectaría terrenos supuestamente ubicados dentro de la Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Silvestre Sierra de Santa Martha;

2) la creación de un parque cinegético, y

3) un programa de ``ecoturismo''.

Un mes después el director de Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales de Veracruz hizo saber al INE que la autorización concedida ``ha ocasionado severas controversias en la población de Los Tuxtlas''; que la apertura de caminos con maquinaria pesada ``sin aplicar medidas de protección y mitigación ha ocasionado denuncias populares que se oponen al aprovechamiento señalado'', y que la empresa no ha cumplido con ``las condicionantes especificadas en la autorización emitida por el INE''.

Por ello procedió a suspender en forma temporal e indefinida la autorización estatal que había otorgado para el aprovechamiento de los recursos forestales.Le pide igualmente al INE que revise la manifestación de impacto ambiental, el programa de manejo forestal y la ``autorización condicionada'' que emitió, pues abarca tres actividades diferentes: la forestal, la cinegética y la de ecoturismo. Pero desconoce si existe un dictamen ambiental para las dos últimas. Le señala que establecer un parque cinegético en una zona decretada como Reserva Especial de la Biósfera viola la legislación sobre la materia, además de la Ley de Caza y el Calendario Cinegético.

En vez de las actividades mencionadas, la autoridad veracruzana plantea programas productivos que alienten el desarrollo sustentable en la región de Los Tuxtlas, habida cuenta de la enorme deforestación registrada allí y la urgencia de proteger preciados ecosistemas: a cambio de tala, la utilización racional de especies ornamentales, medicinales y fibras y reforestar los terrenos talados para ``sostener una ineficiente ganadería serrana'' con base en la pimienta, los frutales y especies maderables locales.

Por su parte, el coordinador de la asociación civil proyecto Sierra de Santa Martha respaldó en carta dirigida al INE las consideraciones expresadas por el funcionario estatal, y agregó otras: los riesgos de erosión al deforestar y dejar pendientes descubiertas en una área con muy altas precipitaciones, y la necesidad de estudios dasonómicos, de factibilidad económica e impacto ambiental en una zona agreste, no apta para la agricultura de rendimientos aceptables, con el fin de evitar el deterioro del medio. Descalifica la creación del parque cinegético por superficial y contrario a la conservación de la fauna silvestre, en aras de servir ``a cazadores privilegiados con posibilidades económicas''. Sobre el proyecto ecoturístico, advierte las implicaciones de establecer un hotel de cinco estrellas y su infraestructura respectiva, que afectaría la capacidad de carga de la zona.

Mas los directivos del Grupo Agropecuario Perla del Golfo, con sede en Boca del Río, le aclaran por escrito a los grupos ecologistas inconformes que las mil 150 hectáreas en poder de esa sociedad anónima son propiedad privada y no se encuentran dentro de la reserva Sierra de Santa Martha; que las acciones que pretende realizar ``no se contraponen ni obstaculizan de manera alguna'' el interés oficial y de las comunidades aledañas por conservar el patrimonio natural. Por el contrario, van más allá de lo económico y personal: proteger bosques, suelos y fauna, y mejorar el empleo y el nivel de vida de quienes habitan en la zona. Al precisar la magnitud de las acciones propuestas en el campo forestal, cinegético y turístico, hacen ver la errónea e insuficiente información de quienes se oponen a las mismas y, en algunos casos, hasta el desconocimiento de la zona, por lo que invitan a los inconformes a discutir y evaluar, con datos precisos, el proyecto para el cual afirman haber cumplido con la normatividad oficial.

Luego de analizar los argumentos esgrimidos por las partes, quedan muchos cabos sueltos para saber quién tiene la razón. Más vale citar la oposición de las autoridades veracruzanas. Tal parece que el gobernador Patricio Chirinos ahora sí toma en serio los asuntos ambientales pues es sabido que cuando fue secretario responsable de velar por la ecología se distinguió por descuidar esa tarea en aras de iluminar políticamente en Los Pinos.

En buena hora, pues en Veracruz abundan los problemas de contaminación y deterioro. Por su parte, seguramente la maestra Carabias y el titular del INE, con estricto apego a la legislación vigente, darán la razón a quien la tenga en la zona de la sierra de Santa Martha.