Desde las declaraciones que el gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox, formulara en Nueva York sobre la posibilidad de vender Pemex, no ha cesado el debate sobre este tema. Ahora el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, interviene en el mismo sosteniendo que Petróleos Mexicanos no se debe vender pero una parte de la petroquímica secundaria en cambio sí y propone que se abra una discusión pública sobre quién debe desarrollar las áreas estratégicas de nuestra economía.

Independientemente de que los argumentos del líder panista sean discutibles, ya que habría que definir previamente qué sectores o empresas pertenecen realmente a la petroquímica secundaria y ya que, además, hay que tener en cuenta que el Estado ha dado a los bancos una cantidad muy superior a la suma que sería necesaria para modernizar la petroquímica, queda de todos modos en pie la propuesta, que responde a una necesidad democrática y que debería ser aceptada.

En efecto, el pueblo mexicano debe decidir directamente sobre los recursos estratégicos y decir, sin intermediarios de ningún tipo, cuáles está dispuesto a mantener, cuáles otros podría resolver vender y a quién pensaría hacerlo si se viese obligado a enajenar alguna rama de la economía.

Sin embargo, la discusión no puede quedar encerrada en las comisiones parlamentarias ni, mucho menos, en los cónclaves de los dirigentes partidarios, realizados con o sin la participación gubernamental. En efecto, si bien no existe, como en Uruguay, el recurso constitucional al referéndum que permitió al pueblo de ese país discutir sobre las privatizaciones y rechazarlas, es posible de todos modos consultar directamente a los mexicanos sobre las privatizaciones de los sectores estratégicos para la soberanía y el desarrollo. Tanto si ese debate lo efectuase el gobierno conjuntamente con los demás partidos, como si de promoverlo se encargasen uno o varios de ellos de común acuerdo con otras instituciones, es efectivamente posible organizar en todas partes y en todos los centros de trabajo y de estudio consultas cívicas o asambleas donde se discutan los pros y los contras de las privatizaciones, o reuniones en las que la discusión conduzca a la adopción de resoluciones.

Tal debate amplio daría voz a la voluntad popular, haría madurar políticamente a los ciudadanos y les permitiría decidir de modo directo y sin necesidad de traductores, portavoces o lenguaraces autonombrados, sobre los problemas que afectan hoy al país y que pueden hipotecar el futuro de las generaciones que vendrán.

Que se discuta, sí, pero sin cortapisas, públicamente, y no entre cuatro paredes. Y que sea la nación la que decida sobre su propio porvenir, democráticamente, tras una información adecuada.