PGR: en 5 años, 800 secuestros en el país

Juan Manuel Venegas En los últimos cinco años en México ``se cometieron cerca de 800 secuestros de empresarios y otras personalidades en todo el territorio nacional'', aunque los ``datos reales son mayores, toda vez que muchos familiares de las víctimas prefieren no reportarlos a la policía'', indica un informe de la Subprocuraduría de Control de Procesos de la PGR.

Advierte también que ``en la mayoría de los casos que se tiene conocimiento, el modo de operar responde a un mismo patrón de comportamiento'', además de que estas bandas organizadas ``en muchas ocasiones están vinculadas a policías o ex policías o mantienen nexos con otros grupos delictivos dedicados al narcotráfico, tráfico de armas y hasta el tráfico de ilegales''.

Según el documento en cuestión, en México ``las bandas dedicadas al secuestro se pueden distinguir como organizaciones criminales, integradas por delincuentes que no persiguen otro fin más que el de lograr obtener dinero fácil, sin que se identifiquen con organizaciones que operan a nivel internacional''.

No obstante, a nivel nacional, la bandas de secuestradores ``generalmente'' están ligadas a otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas y contrabando de armas, por lo que ``se trata de un problema que no está debidamente atendido en el plano formal del combate a la delincuencia''.

Tanto ha crecido en los últimos años el delito del secuestro, que se ha ubicado ``entre aquellos casos que realmente constituyen un problema de seguridad pública en nuestro país, a la par del narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, tráfico de personas y lavado de dinero''.

Al respecto, el análisis de la Procuraduría General de la República precisa: ``La población se ha acostumbrado a los recurrentes casos de secuestro, que constituyen una señal que incita a la emulación de delincuentes potenciales, a la vez que generalmente sirven para debilitar el sentido de la ley y de seguridad pública (porque) entre más espectacular sea el delito cometido, más se resentirá el Estado y sus instituciones de seguridad''.

Aunado a lo anterior, indica que el secuestro ``se encuentra en muchos casos vinculado a otras actividades graves tipificadas en el crimen organizado, toda vez que son enormes las ganancias que se obtienen a través del plagio de personas, sobre todo de solvencia económica, que son capaces de pagar cifras importantes de dinero a cambio de su libertad''.

Esta relación de las bandas de secuestradores con otras ``figuras típicas'' del crimen organizado, hace ``más preocupante su crecimiento y difícil su combate, porque el destino de las grandes cantidades de dinero que se cobran por los rescates, puede llegar hasta el pago y sostenimiento de grupos subversivos, la compra de armamento, la corrupción de funcionarios y autoridades y el fomento y subsistencia de organizaciones dedicadas a las diversas actividades ilícitas''.

Por ello, se considera que ``la búsqueda del método a seguir para inhibir, disuadir y erradicar este ilícito, tendrá que reunir requisitos ineludibles como son la eficacia, prontitud, discreción para no poner en peligro la vida de la víctima, así como un estricto respeto a los derechos humanos''.

Grandes empresarios, ganaderos, políticos, se han convertido ``en el blanco'' de estas organizaciones y por lo que se refiere a los secuestros, se calcula que en los últimos cinco años se han cometido ``cerca de 800 plagios de empresarios y otras personalidades en todo el territorio nacional''.

Las víctimas de este delito, ``ven seriamente afectada su vida y la de sus familias, ya que después de haber sufrido un ataque, independientemente de la pérdida económica que representa la aportación de la cantidad exigida por los secuestradores, y cuando por voluntad de los plagiarios deciden no matarlos, modifican sus conductas habituales y, por ende, su calidad de vida''.

Por todas estas repercusiones económicas, sociales y contra la seguridad pública, ``el secuestro y todos los delitos conexos, deben ser atacados con gran rigor'' y el combate a las bandas organizadas ``dedicadas a comerciar con la libertad de las personas, deberá integrar coordinadamente a todas las instituciones públicas de seguridad, ya sean municipales, estatales o federales''.

La gravedad de esta conducta ``tipificada como delito grave'', exige la mayor competencia en la ``reacción del Estado para el combate a estas organizaciones criminales'', concluye el informe.