Que renuncie el regente, demanda la fracción perredista en la Cámara Investigación y castigo a responsables, exigen agrupaciones civiles

El choque entre maestros y granaderos el jueves pasado debe ser investigado para castigar a los culpables, demandaron diputados, senadores, el líder de la Asamblea Legislativa, Manuel Jiménez Guzmán, el PRD y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Huamanos.

El caso revivió el debate sobre la viabilidad de prohibir o reglamentar las marchas en la ciudad de México, e hizo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigiera la renuncia del regente Oscar Espinosa.

El priísta Jiménez Guzmán dijo que la negociación y no la violencia debe ser la vía para resolver cualquier conflicto, y señaló que la Asamblea se suma a los prunciamientos en favor del esclarecimiento de los hechos.

Preocupa que se haya sucitado un acto violento con personas ``todavía no identificadas, que fueron el motor de este asunto tan delicado'', dijo.

Con respecto a la reglamentación de las marchas, opinó que se trata de un asunto muy complejo, en el que el PRI ni el resto de los partidos de oposición han podido fijar su posición.

``Yo podría decir que aquí tenemos que ser muy inteligentes para buscar un punto de equilibrio entre dos extremos: el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libertad de expresión y a la libertad de tránsito, y los derechos de terceros'', expuso.

Los partidos, insistió, no han fijado su posición, pero existen tres alternativas: que la Asamblea Legislativa elabore una ley; que el gobierno del Distrito Federal aplique un reglamento, o que se hagan adhesiones a la Ley de Transporte y Vialidad, sin atentar en contra del derecho de manifestación.

El asunto podría estudiarse en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa, previamente a una reflexión de los partidos, manifestó.

Jiménez Guzmán subrayó que en lo que a él corresponde, defenderá el derecho de manifestación pública, así como el derecho de terceros. Por su parte Porfirio Muñoz Ledo, dirigente nacional del PRD, dijo que este es un tema delicado. La Constitución protege el derecho de manifestación, y tendría que verse con mucha atención que no hubiera una restricción a ese derecho constitucional.

También asambleístas del PRI, PAN y PRD exigieron que se esclarezca la provocación que sufrieron los maestros el pasado jueves, y la agresión posterior de los granaderos. Incluso los legisladores Fernando Castro y Sergio Martínez, del PRI; así como Tayde González, del blanquiazul, se manifestaron porque se reglamenten las marchas en el Distrito Federal, como forma de evitar caos y enfrentamientos. Por su parte Iván García Solís, del PRD, advirtió que si el regente Oscar Espinosa no soluciona en breve este problema, ``deberá renunciar a su cargo''.

Acto de represión

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó a su vez, el pronto esclarecimiento del enfrentamiento entre granaderos y maestros de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, estado de México y el Distrito Federal, y pidió que se castigue a los responsables.

Tras manifestar una enérgica protesta por la golpiza propinada a los docentes, calificó el hecho como un acto de represión que pretende acallar la lucha magisterial en demanda de un salario justo y democracia sindical.

Recordó que en muchas ocasiones los maestros se han manifestado pacíficamente, haciendo uso de un derecho garantizado en la Constitución. Si bien es cierto que en su lucha han sido víctimas de la represión gubernamental, pocas veces lo han sido de manera tan brutal y desproporcionada como se dio el pasado jueves, donde se calcula que hubo al menos 50 profesores heridos, varios de ellos de gravedad.

Jesús Martín del Campo, secretario de Movimientos Sociales y Asuntos del Trabajo del PRD, resaltó la incongruencia del actual gobierno, porque mientras en Chiapas el presidente Zedillo declaraba: ``Con la violencia no ganamos nada, con la violencia nadie gana'', en el Distrito Federal los granaderos reprimían violentamente a los profesores agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El ex dirigente magisterial también condenó la golpiza propinada a Julieta Medina, reportera del diario Reforma, al señalar que no se debe permitir que quede impune este nuevo acto de agresión contra el libre ejercicio periodístico.

Que renuncie Espinosa

En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRD pidió la renuncia del regente, Oscar Espinosa Villarreal, por considerar que se ha convertido en un factor político, que en vez de resolver conflictos los complica.

Juan Guerra, Salvador Martínez Della Roca y Ramón Sosamontes, entre otros legisladores perredistas, condenaron el uso de la fuerza pública ordenada por las autoridades del Departamento del Distrito Federal, y advirtieron que acciones como ésta son ``muy preocupantes, porque pueden ser el punto de partida de una escalada mayor de violencia, y además definir el trato que dará el gobierno a las justas luchas y demandas de los trabajadores''.

Los legisladores del PRD calificaron de increíbles, contradictorias y ridículas, las explicaciones dadas por las autoridades del DDF y el secretario de la SEP, Miguel Limón Rojas, sobre el origen del enfrentamiento. Criticaron la superficialidad con que esos funcionarios pretendieron minimizar la golpiza a los maestros, adjudicando a ``provocadores'' el inicio de la confrontación.

Dijeron que los provocadores no son los maestros, ni quienes exigen solución a sus demandas; los verdaderos provocadores son el regente Oscar Espinosa Villarreal y el secretario de Gobierno, Jesús Salazar Toledano. Por tanto, exigieron la renuncia del regente, y demandaron al DDF que aclare ``la supuesta provocación'' y las contradiciones en las que incurrieron Salazar Toledano y la SSP, porque hablaron de ``un grupo no identificado'' como el responsable de los hechos, cuando que los golpeados son profesores ``perfectamente identificados'', precisó.

Por su parte la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos pidió la intervención del regente capitalino ante los ``excesos y brutalidad del cuerpo de granaderos, cometidos en contra de maestros''.

También pidió castigo para los culpables; la destitución del jefe de la policía capitalina, David Garay Maldonado, y de sus subalternos, por la incapacidad mostrada en el operativo ordenado en contra de los maestros.