Fue notable el evento del miércoles 22 de mayo en el Museo de Antropología, en el cual el presidente Zedillo acompañado de su gabinete y numerosos legisladores, gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios conoció los resultados de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena. Esta fue organizada por la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión acerca de las demandas actuales de los indígenas, con miras a futuras reformas constitucionales y legislativas en las que se enmarcará una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas.

Fue notable la reunión porque de unos años a la fecha ha cambiado profundamente el discurso oficial. El presidente Zedillo se refirió a la autonomía de las comunidades indígenas; el doctor Soberanes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (quien hizo la síntesis de los resultados de la consulta) habló de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de su derecho a la libre determinación. La senadora Cirila Sánchez, chatina, y el diputado Roberto Pedraza, otomí presidentes de las comisiones de asuntos indígenas del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, se refirieron a los reclamos ancestrales de los pueblos indígenas y a la necesidad de su efectiva participación política en el quehacer nacional.

Fue notable la reunión porque quedó atrás (cuando menos en la retórica oficial) el viejo paternalismo integracionista. Se reconoce ahora que México es un país pluricultural (el artículo 4o. de la Constitución ya lo dice así) y que los pueblos indígenas, como tales, han de formar parte íntegra del Estado. (Aunque también fue notable la escasa presencia de indígenas en la reunión.)Se reconoce que debe ser respetado el derecho indígena (``usos y costumbres''), que difiere del derecho positivo nacional, así como las formas de gobierno indígena local en las comunidades. Se habló poco de la cuestión de la tierra (y nada de las necesarias reformas al artículo 27 constitucional), y no se mencionó siquiera el derecho de los pueblos indígenas a su territorio. Sin duda, la compleja cuestión de la autonomía se resolverá por la vía de fortalecer al municipio y descentralizar las funciones administrativas del estado federal.

Todo ello ya se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, pero hasta la fecha no se ha logrado. Esperemos que a partir de ahora la retórica se transformará en práctica política. El presidente dio a sus colaboradores un plazo de 60 días para que se pongan las pilas. Si no es así, corresponde a las organizaciones indígenas hacer los cuestionamientos relevantes. No se habló, como era de esperarse, de los necesarios recursos materiales para hacer realidad esta nueva visión de la nación mexicana.

Fue notable la reunión porque en el trasfondo planean las sombras del conflicto en Chiapas. Aunque hubo breves referencias al Diálogo de San Andrés, todo mundo es consciente de que este avance en los planteamientos sobre la relación del Estado mexicano y los pueblos indígenas jamás se habría dado de no ser por el levantamiento del EZLN, el gran ausente en la reunión.

Un paso adelante? Tal vez! Pero no hay que olvidar que esto se da en un contexto político complejo, en el que se ha estancado el diálogo entre el EZLN y el gobierno, porque el primero percibe que las señales del último no son favorecedoras de la paz: la aberrante acusación y sentencia contra Elorriaga, Entzin y otros presuntos zapatistas, el creciente cerco militar a las posiciones zapatistas, la falta de propuestas concretas por parte de los negociadores gubernamentales y, en general, la imagen ampliamente comentada, incluso a nivel internacional, de una postura ambivalente, cuando no errática, del gobierno de la República frente al movimiento indígena armado en Chiapas.

No cabe duda que hay intereses contradictorios en el propio gobierno: línea dura y blanda, tecnócratas y políticos de la vieja línea, los bien intencionados, los ineptos y los corruptos. En fin, el caldo de cultivo de siempre.

En consecuencia, lo notable de la reunión mencionada es que el discurso oficial no corresponde a la práctica real. Como señalaron varios de los oradores, la situación de los pueblos indígenas en todo el país se ha deteriorado. Aunque se hayan hecho esfuerzos oficiales en favor de las comunidades indígenas (como recordó el presidente), las políticas económicas y sociales de los últimos sexenios los han desfavorecido de manera asombrosa. Las estadísticas del propio gobierno (INEGI, INI) lo demuestran.

Quedan por hacerse las reformas legislativas anunciadas: en las negociaciones en el Congreso puede ganarse o perderse la batalla de los derechos indígenas. Es lamentable que, hasta la fecha, ninguno de los partidos políticos allí representados haya planteado propuestas realistas. Y sería más que lamentable que el asunto se ``politizara'' partidariamente, en desmedro de los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Sería más lamentable todavía que con esta dinámica el gobierno pretendiera, como parece ser, aislar al EZLN de la reforma del Estado, a la que tiene derecho de mesa por méritos propios. Más que nunca, ahora toca a los pueblos indígenas alzar su voz y reclamar su legítimo derecho a participar de manera responsable en los cambios históricos que se avecinan.