El proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN, dicho sin dramatizar, está en un callejón lleno de enormes riesgos para la paz y la precaria estabilidad de la política nacional. Si en los próximos días no se sale de él mediante un compromiso y medidas concretas de distensión que podrían ser el aplazamiento por acuerdo de las partes de la cita del 5 de junio en San Andrés, la reducción de los numerosos efectivos militares concentrados en la zona del conflicto y señales verdaderas de rectificación de la sentencia de Elorriaga y Sebastián Entzin van a prevalecer las tendencias más violentas dentro del gobierno y nuevamente se abrirían las puertas a los intentos de solución militar y represivo de este conflicto que sólo puede tener una solución política, no miliatr ni policiaca.

El gobierno es, no cabe duda, el causante de este peligroso tropiezo de las negociaciones. Aun si se admite que hay verdadera separación de poderes (es un decir), la sentencia a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin por ser zapatistas y por delitos de rebelión, conspiración y terrorismo, se hizo con base en acusaciones del ministerio público federal; fue éste el que pretendió demostrar aunque nunca lo consiguió la responsabilidad de los acusados por la comisión de esos delitos; la PGR, esto es, un órgano del Ejecutivo, por conducto del ministerio público, hizo las conclusiones acusatorias que sirvieron de base para que el juez Juan Manuel Alcántara llevara hasta el fin la acción contra los acusados de zapatistas y de los graves delitos mencionados.

Ya promulgada la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, y en curso las negociaciones entre el EZLN y la representación del gobierno federal, se insitió en la supuesta militancia zapatista de Elorriaga y Entzin y en las acusaciones, a sabiendas que una sentencia condenatoria tendría implicaciones políticas muy graves y el diálogo sería torpedeado, como ahora se ha confirmado.

Sí hay un doble lenguaje e irresponsable juego del gobierno frente al EZLN. Las palabras presidenciales en Chiapas no tienen sustento en los hechos. Por una parte, el gobierno interviene en el diálogo para la paz, por otra sostuvo las acusaciones y presentó conclusiones acusatorias contra dos supuestos zapatistas, lo que iomplicó acusar al EZLN de terrorismo. El doble juego consiste también en dialogar (cuando los representantes del gobierno no guardan silencio ominoso) y al mismo tiempo mantener en la zona del conflicto tropas numerosas que de diversas maneras acosan, presionan y llevan a cabo una especie de guerra sicológica para doblegar a las comunidades. Es por completo increíble la afirmación de que diversas operaciones del ejército son de persecución del narcotráfico y búsqueda de plantíos de mariguana. A qué narcotraficante con cinco centavos de inteligencia se le ocurriría realizar sus operaciones ilegales en una zona prácticamente ocupada por el ejército?La verdad es que desde los inicios del conflicto y una vez impuesta la vía de la negociación, el gobierno se ha orientado a negociar siempre desde posiciones de fuerza. Así lo confirman la sentencia a Elorriaga y Entzin, las presiones y acosos militares y la actitud de los señores Marco Antonio Bernal y Del Valle (``Si los zapatistas no llegan el 5 de junio, entonces mandaremos ejecutar las órdenes de aprehensión y entonces se chingó todo'') o el velado ultimátum del gobierno escudándose en la Ley.

Sin escuchar los reclamos del EZLN y las protestas de diversos sectores de la sociedad, el gobierno pretende continuar el diálogo pero con una pistola en el cuello de los zapatistas. Ni la Secretaría de Gobernación ni los negociadores del gobierno revelan la más mínima sensatez: con exceso de fingimiento insisten en que las sentencias que de paso convierten al EZLN en organización terrorista no amparada por la Ley, es un incidente ajeno a las negociaciones. Eso nadie puede admitirlo, pues como se ha demostrado las acusaciones no probadas pero que condujeron a la sentencia fueron hechas por una alta representación del Poder Ejecutivo.

Metidos en este callejón peligroso el gobierno no puede insitir en actitudes irresponsables. Está obligado a buscar y encontrar fórmulas para salir de este momento de riesgo. Puede ser el aplazamiento por acuerdo de las partes, de la cita del 5 de junio para dar tiempo a medidas que restablezcan el clima adecuado para continuar el diálogo y las negociaciones. Pero hay otras como la propuesta por el PRD de cambiar a los negociadores del gobierno, si no por funcionarios de más alto nivel pero sí por algunos que al menos no sean ex izquierdistas, porque ya se sabe, son peores cuando están en otra trinchera como se está confirmando.

B