La gente se pregunta...
Vuelvo a Tecamacharco y encuentro los muros empapelados con un manifiesto que llama a una ``Megaconcentración por la Paz en Chiapas''. Además de las secciones locales de El Barzón, Foro de los 21, la CNTE, el PRD, el PRT y otros partidos, entre los múltiples convocantes destacan: Grupo 6 de Abril, Cajeras del Banco Nacional de Arqueos Contables (Banarco), Colectivo de Trabajadoras de Sexoservicio Virtual (bailarinas de table-dance), Parchadores de la Vulcanizadora Duncan, Círculo Multiédrico (vecinos del Multifamiliar Eduardo Rico), banda municipal La Sonora Onunca, así como dependientes y/o propietarios de establecimientos cuyo nombre o razón social ilustra el carácter melancólico de los tecamacharquenses o ``hidroestancados'', como suelen llamarse a sí mismos, por ejemplo, ``Camisería Bonito Amarnos'', ``Restaurante Quiero Mucho'', ``Marisquería Olvidarte Comiendo'', ``Quesería La Vida Sin Ti'' y la ``Pollería Los Peces'', del gallego Fermín. Como la hora del mitin es justamente la que marcan los relojes de la torre de Nuestra Señora de Lourdes, tomo un taxi y parto sin dolor. Pero al llegar a la plaza, Oh, my dog!, como diría Jaime López, no hay nadie. Es decir, no hay más de cien personas, mientras los arriba firmantes, aglomerados en el templete, disputan entre sí porque los del PRD exigen cinco oradores!, a pesar que no movilizaron a sus bases, y el que trajo el sonido reclama que quién le va a pagar, y etcétera, etcétera.
De pronto, diez voces gritan a coro: ``La gente se pregunta!/ Y la gente dónde está?/La gente está firmando!/ Desplegados por la paz!''.
Confirmaciones
Ahora sólo faltan once días para que se rompa automáticamente el Diálogo de San Andrés y la profusión de documentos que difundieron los periódicos, esta semana, confirma que la crisis abierta por la sentencia del juez de Tuxtla se debe a un intenso forcejeo en las entrañas del régimen.
La salida más rápida, aconsejada por la Cocopa y aparentemente aceptada por el secretario de Gobernación que la PGR se desista de los cargos formulados contra Entzin y Elorriaga no sólo es ya insuficiente sino que enfrenta la oposición de la directiva del PAN en general, de Antonio Lozano Gracia y Fernando Gómez Mont en lo particular, así como del ``negociador'' Marco Antonio Bernal, quien desacata las orientaciones de Chuayffet, alegando que lo designó Zedillo. ``El EZLN afirma no saber quién es su interlocutor en San Andrés Larráinzar, pero la respuesta es clara y está en la ley: es el Ejecutivo federal, representado por una delegación nombrada por el Presidente de la República y dependiente de la Secretaría de Gobernación'', escribe Bernal en un comunicado, sin firma, que bajo el membrete de la propia Secretaría de Gobernación dio a conocer la noche del pasado lunes (La Jornada, 21/V/96). La palabra ``dependiente'' no significa necesariamente ``subordinada''. Días atrás, Bernal había recomendado que el caso Elorriaga-Enztin fuese discutido en San Andrés, una propuesta inadmisible para ambas partes, pues implicaría aceptar que los dos presos en realidad no son tales, sino que el ``gobierno'' los tiene como rehenes del Estado mexicano y que podría ``negociar'' su liberación a cambio de concesiones del EZLN: un trueque absurdo y ridículo, que no figura en ninguna ley. Y sin embargo...
Visiones opuestas
Bernal insiste veladamente en este sentido, cuando en el mismo texto citado arriba señala que (la delegación gubernamental, a través de la Conai) ``manifestó con claridad (al EZLN) que lo que se podría discutir (en estos días) sería el contenido de la reunión'' del 5 de junio. Es decir, la liberación de Entzin y Elorriaga, no otra cosa, toda vez que la agenda previamente convenida para el 5 de junio era la adopción de acuerdos definitivos en el tema Democracia y Justicia. Nada más, pero nada menos.
Estamos o no estamos ante una maniobra, urdida por Lozano Gracia (quien pidió condenar a los presos por ``terrorismo''), ejecutada por el juez de Tuxtla Gutiérrez (que los sentenció a 6 y 13 años de cárcel) y coronada por Bernal (mediante una maroma que pretende convertir el diálogo en una simple entrega de rehenes a cambio de principios e ideales políticos)? Se trata o no se trata de una conspiración contra el proceso de paz? Dentro del régimen explica en un espléndido ensayo el diputado Jaime Martínez Veloz, miembro de la Cocopa contrastan ``dos formas de comprender el fenómeno chiapaneco y de cada una de ellas se desprenden estilos distintos de abordar la negociación... ``Una, que entiende el levantamiento indígena como parte del agotamiento de las formas políticas y sociales con las que hemos vivido, para de aquí desprender la solución al conflicto dentro de los grandes cambios exigidos por la mayoría nacional (con medidas) que sólo pueden darse a través de una reforma democrática del Estado.
``Otra, que toma al conflicto como algo aislado, sin connotaciones nacionales, que hay que desactivar puntualmente. Esta vía permite llevar la negociación al límite y apuesta más al desgaste de su contraparte que a la celebración de acuerdos...
``En los hechos subraya Martínez Veloz, se ha privilegiado la vía del acorralamiento y la negociación bajo presión, muy similar a los cánones propuestos por los manuales tradicionales de la lucha antiguerrillera... Ese método, que pretende negar el papel histórico del alzamiento en Chiapas, focaliza la solución de la problemática global en el aislamiento y la derrota del EZLN, con todos los riesgos que ello entraña'' (Suplemento ``Enfoque'', Reforma, 19/V/96).
Un pequeño Haití
Martínez Veloz testimonia en su ensayo que ``en los últimos meses, cada paso del proceso de paz ha coincidido extrañamente con algún conflicto en el estado, la mayoría de las veces contra campesinos e indígenas. Desalojos y enfrentamientos han sido el marco de las pláticas''.Tales ``coincidencias'', me dice el tonto del pueblo, han sido metódicamente administradas por el gobierno interino de Julio César Ruiz Ferro, que sigue siendo en Chiapas, como antes en Conasupo, hombre de confianza de Raúl Salinas de Gortari y, por ello, socio del club del salinismo al que también pertenecen Lozano Gracia, Fernández de Cevallos y Gómez Mont.
Ruiz Ferro, partidario de la mano dura contra los zapatistas, ha tolerado la existencia de grupos paramilitares como Los Chinchulines de Bachajón, que serían el equivalente de los tonton-macoutes haitianos. Pero esta organización, la más conocida y quizá la más antigua en la historia reciente de Chiapas, no es la única. A finales de marzo, durante la primera fase de la Mesa 2 sobre Justicia y Democracia, el EZLN, en su cotidiana conferencia de prensa, denunció las actividades de guardias blancas en el Norte y en los Altos de Chiapas. En Bochil, Tila, Sabanilla, Palenque, Chenalhó, Pantheló, El Bosque y otros municipios de esas regiones, estos grupos, se dijo, son reclutados por terratenientes que contratan a oficiales del Ejército Mexicano, les ofrecen sueldos irresistibles, los convencen de renunciar al instituto armado y los utilizan como instructores de sus matones a sueldo.
Estos ``microejércitos feudales'' que surgieron, como células que se multiplican por bipartición, a partir de las líneas que el Ejército Mexicano despliega a lo largo de ``cercos tácticos y discontinuos'' para envolver al Ejército Zapatista en los Altos, el Norte y la Selva Lacandona (Antonio García de León, La Jornada, 22/V/96), podrían servir, deduce el tonto del pueblo, como puntas de lanza para desencadenar una guerra civil prefabricada, que abriría a las tropas federales la posibilidad de asumir un papel ``neutral'' y arrasar con unos y otros para restablecer el orden (lo que no deja de ser una macabra fantasía guerrerista).
Para cumplir de veras con el ofrecimiento de ``no regatear sus aportaciones a la paz'', hecho por Zedillo el jueves en Comitán, el Ejecutivo federal tiene varias y difíciles, pero inaplazables tareas por delante: a) conseguir en Chiapas un gobernador leal a Los Pinos; b) reducir al mínimo la presión militar que ejerce sobre los zapatistas; c) desarmar a las guardias blancas; d) designar una ``delegación gubernamental'' que entienda el problema y culmine el diálogo en febrero de 1997; e) impulsar un programa de abasto para detener el avance de la hambruna en la Selva y en los Altos, con carácter de urgencia; f) liberar a Elorriaga, a Entzin y a los presos restantes (que en las nuevas circunstancias parece ser ya la menor de las condiciones para reanudar el diálogo).
Ante la parodia apocalíptica que vive el país sequía, escasez de granos básicos, presas al 15 por ciento de su capacidad, chupacabras y espejismos de ``recuperación'' macroeconómica, que nada significan en la calle ni en el campo, el régimen tiene otra vez ante sí, como el 12 de enero de 1994, una histórica alternativa en Chiapas: o la política de alta escuela, o el abismo.