La ley Helms-Burton ha logrado la unanimidad contra sus autores. Y, sobre todo, contra la pretensión de Estados Unidos de imponer a la comunidad internacional una ley aprobada por sus Cámaras en abierta violación de los convenios y tratados comerciales internacionales y de los mismos principios aprobados por los fundadores de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra Estados Unidos.

Washington está muy acostumbrado a decretar bloqueos cada vez que los intereses de los grandes trust estadunidenses se ven amenazados: bloqueó, por ejemplo, a la Argentina bajo gobierno peronista en 1946, y bloqueó igualmente a Cuba cuando las grandes haciendas azucareras de propiedad norteamericana y otras empresas similares decidieron derribar al gobierno resultante de la revolución de 1959 que, nótese bien, no sólo no era socialista sino que ni siquiera había sido reconocido por la Unión Soviética pero había cometido el supuesto ``crimen'' de nacionalizar (proponiendo una indemnización) las empresas vitales para Cuba que sus propietarios abandonaban.

Pero esta continua prepotencia e ilegalidad, mientras afectaba a países pequeños, desagraciadamente se perpetuó; ahora, en cambio, con la ley Helms-Burton, Washington no agrede solamente a La Habana sino también a todas las demás capitales como Tokio, Moscú, París, Londres, Roma, Pekín, reas de aplicar las leyes del capitalismo al comerciar con Cuba. Y todos protestan, desde el Parlamento Europeo y la Unión Europea hasta los países latinoamericanos, como el nuestro.

Qué dice, en substancia, esta ley que todos rechazan? Que quien comercie con una empresa que haya pertenecido a un estadunidense y haya sido expropiada será juzgado en Estados Unidos y según la ley de ese país, tendrá que pagar una indemnización o sus propiedades en éste podrán ser incautadas por el monto de la misma y, además, no podrá comerciar en Estados Unidos. Con el agravante antijurídico de que la ley es retroactiva, pues considera estadunidense incluso a quien era cubano en el momento de la expropiación y obtuvo en el exilio su nueva nacionalidad. Dice, además, que la compañía una de cuyas naves o aeronaves haya utilizado puertos cubanos, no podrá tocar puertos o suelo de Estados Unidos durante meses. Que quien en cualquier país, utilice, incluso en proporciones mínimas, materias primas cubanas (desde el jugo cítrico hasta el níquel, por ejemplo) para elaborar otros productos secundarios, no podrá venderlos en Estados Unidos. Que quien use o, eventualmente, pueda llegar a comprar, propiedades nacionalizadas por los cubanos y que antes hayan sido de ciudadanos estadunidenses (o de cubanos posteriormente nacionalizados) también cometerá un delito. Que los países, bancos o empresas o instituciones internacionales o de las Naciones Unidas que concedan créditos o ayuda a Cuba, pagarán por la violación de la ley Helms-Burton y que quien invierta en Cuba, por el mero hecho de hacerlo, no podrá tener negocios en Estados Unidos.

Como en el Medioevo, para sitiar por hambre y sed a los cubanos, se impone la violencia a todos los que quieren, legítimamente, tener tratos con ellos. Esta es una prepotencia, ilegal y anacrónica, violatoria de los discursos sobre el libre mercado con que se llenaron siempre la boca los conservadores como Helms. No puede ser aceptada, no debe ser respetada. Y no sólo en nombre del derecho de los cubanos a la autodeterminación sino, sobre todo, en el de la soberanía de todos los demás países que, no siendo colonias de Estados Unidos, no tienen porqué acatar las leyes de éste.