Presentó la Cocopa a la SG nuevas propuestas para la distensión

Mireya Cuéllar, Elena Gallegos y Oscar Camacho La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) estuvo ayer en la Secretaría de Gobernación con un nuevo paquete de propuestas que generen un clima de distensión en Chiapas. Dicho organismo, según su vocero, está a la espera de que el Poder Judicial emita un resolutivo en torno a la condena de Elorriaga y Entzin que despeje ``en forma importante'' el camino del diálogo.

Los miembros de la Cocopa estuvieron por un lapso de dos horas con el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien ofreció que la próxima semana el gobierno federal dará respuesta a sus planteamientos, según informó el diputado José Narro Céspedes, vocero del organismo legislativo.

Como ocurre en estos casos, la Cocopa no hizo públicas sus propuestas y Narro Céspedes dijo que la posposición del encuentro entre el EZLN y el gobierno, programado para el 5 de junio, no es un tema que esté en la mesa de las discusiones.

``Solamente se trataron los problemas e incidentes que están alrededor del diálogo y lo están enturbiando, como la detención y sentencia por terrorismo de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin y la movilidad del Ejército que ha generado un clima de tensión y hostigamiento hacie el EZLN, y en esto, estamos avanzando'', apuntó.

El centro del problema, comentó el vocero de la Cocopa, está en la acusación y condena por ``terroristas'' que cayó sobre Elorriaga y Entzin como supuestos militantes zapatistas.

``El juicio va avanzando y esperamos que la audiencia de vista que señalan las leyes, previa a que se emita un nuevo resolutivo del Poder Judicial, sea lo más pronto posible porque es la antesala de una solución definitiva que puede resolver en parte y en forma importante este problema. No hay fechas precisas, aunque sí tiempos legales. Estamos analizando todo esto para que se generen las condiciones y el diálogo continúe''.

Por otra parte, en San Lázaro, el grupo parlamentario del PRD urgió a que se tomen ``decisiones urgentes para distender la situación en Chiapas'' y propuso la inmediata excarcelación de Elorriaga, Entzin y los presuntos zapatistas presos, el cese de maniobras militares en la zona de conflicto, y el aplazamiento de la fecha prevista para reanudar el diálogo (5 de junio) por acuerdo de las dos partes EZLN-delegación gubernamental, en tanto se reencauza el proceso de pacificación.

Los legisladores perredistas refrendaron su apoyo a la Cocopa y a la Conai como instancias de mediación y convocaron al presidente Ernesto Zedillo para que, en rechazo a cualquier salida autoritaria o de corte militar, asuma el compromiso ``de cara a la Nación'' de llevar adelante un diálogo nacional incluyente que conduzca a un cambio en la política económica y una reforma profunda del Estado y la sociedad.

En conferencia de prensa, que ofrecieron ayer diputados de ese partido, César Chávez y Juan Guerra quienes forman parte de la Cocopa, Adriana Luna Parra y Ramón Sosamontes, entre otros, dieron a conocer un documento que contiene siete propuestas de su fracción parlamentaria cuya implementación ayudaría a reponer el proceso de negociación.

Además de la liberación de los presos y el cese de maniobras militares que con el pretexto del narcotráfico se efectúan en el área de conflicto, los perredistas incluyen el desarme y disolución de los grupos paramilitares conocidos como guardias blancas y que se finquen responsabilidades penales a sus miembros y a los promotores y encubridores de los mismos.

También consideraron urgente la entrega de granos básicos a las comunidades que se encuentran en la zona de conflicto a través de las instancias de intermediación o por medio de la Cruz Roja para evitar el desabasto y la hambruna.

Los perredistas pidieron que se instrumenten las reformas constitucionales y legislativas para que se cumpla con los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre el tema de derechos y cultura indígena y que se permita la ayuda humanitaria nacional e internacional por medio de la Cruz Roja y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Respecto a la liberación de Elorriaga Berdegué y Entzin, el PRD estableció la necesidad de que se restablezcan sus garantías constitucionales, ya que éstos, al igual que los demás presuntos perredistas presos, han sido consignados y sentenciados con cargos falsos.

La fracción perredista insistió en la necesidad de que la sociedad y las fuerzas políticas estén atentas a la gravedad de la situación que se generó a raíz de las sentencias por terrorismo dictadas en contra de Elorriaga y Entzin y que, por derivación, se hace a los miembros del EZLN.

En el documento se especifica que ``se trata de un problema jurídico y político que pone en riesgo no sólo la continuidad del diálogo de San Andrés sino el proceso mismo de paz que con enormes dificultades y esfuerzos hemos venido construyendo''.

Los perredistas recordaron que la sociedad se ha manifestado una y otra vez en contra de una opción militar que llevaría al país a la guerra civil, por lo que ``es imprescindible que se tomen decisiones urgentes para reencauzar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal''.

Finalmente, establecieron que su apoyo a la Cocopa y a la Conai en sus tareas de intermediación, concordia y pacificación corresponden a los intereses nacionales y a la necesidad de que se construya una paz con dignidad.

Los diputados Guerra y Chávez señalaron que también someterán las propuestas perredistas a la Cocopa, con el objeto de contar con el mayor número de alternativas para resolver la situación en Chiapas y negaron que el aplazamiento de la ronda de negociaciones prevista para el día 5, con objeto de reconstruir las condiciones para que ésta se dé, no viola la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna.

Carta de instituciones jurídicasde una universidad texana a Zedillo

Triunfo Elizalde El Programa Interamericano de Estudios Legales y la Oficina de Asistencia Jurídica para los Derechos Humanos y Asuntos Migratorios de la Facultad de Derecho, de St. Mary's University de San Antonio, Texas, hacen saber al presidente Ernesto Zedillo su ``precupación y consternación'' por la sentencia dictada por un juez penal en contra de Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin Gómez.

``Nos parece dicen en su comunicado que hay elementos del dictamen los cuales indican, prima facie, una violación contra las garantías individuales y proyecciones jurídicas de los sentenciados, las cuales están garantizadas en la Constitución mexicana y el derecho internacional''. En el caso de Elorriaga, apuntan que algunas pruebas admitidas contra el historiador ``están viciadas por la forma ilegal de obtener las mismas, como por ejemplo, la confesión que le hicieron firmar mediante tortura a María Gloria Benavides (alias Elisa, esposa de Javier), y las pruebas recabadas durante el cateo del domicilio del sentenciado, el cual fue declarado ilegal posteriormente''.

Agregan que la sentencia del juez Fernando Andrés Ortiz Cruz, de la ciudad de México, sostiene que se extrajo a Elisa una declaración forzada, ``violándose así el artículo 16 de la Constitución'', situación que no tomó en cuenta el juez Juan Manuel Alcántara Moreno al dictar las sentencias de 10 y seis años en contra de los dos acusados, a los que encontró culpables de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración, los cuales no han sido demostrados.

Luego de señalar que ``tiene muy poco valor probatorio la elaboración del video Viaje al centro de la selva'', se refieren a la declaración no ratificada de Salvador Morales Garibay, diciendo que esta ``en sí no hace más que hacer referencias de oídas a la participación del EZLN de Javier Elorriaga, sin mostrar un conocimiento personal y directo del acusado''.

Del papel de Elorriaga como intermediario para comunicaciones informales entre la Secretaría de Gobernación y el EZLN, ``en los días inmediatos anteriores a su aprehensión'', las instituciones jurídicas de la universidad texana manifiestan que ``la eventual aprehensión sorpresiva y acción penal contra Javier, demuestra mala fe por parte del gobierno en su trato hacia el detenido, y una falta de buena voluntad con respecto al diálogo''.

De Sebastián Entzin, detenido con un arma de fuego en su poder un mes antes de Elorriaga y que aceptó ser zaptista, el hecho de que su caso se haya integrado al mismo asunto penal 18/95, es una irregularidad que no establece con claridad nexos entre uno y otro casos. Además de que en las averiguaciones previas en torno a Entzin hay contradicciones en el testimonio de los agentes judiciales que lo detuvieron y no hubo intérprete tzeltal, por lo que ``existen dudas sobre la confiabilidad del traductor que atendió su confesión''.

En ambos casos consideran que hubo parcialidad del juez Alcántara Moreno, sin embargo, hacen saber al presidente Zedillo que tienen confianza en que el Tribunal Unitario de Circuito de Villahermosa, frente al recurso de apelación de las sentencias, rectificará los hechos, rechazando las condenas. Aunque existe también el recurso de que el gobierno federal se desista de la acción penal ``para remediar la injusticia cometida''.