A Rodolfo Peña, mi solidaridad

El tiempo corre, y lo dejan pasar, sin que se conozca una propuesta oficial para resolver la crisis política originada por la sentencia a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin por los delitos de conspiración, rebelión y terrorismo.

El punto de divergencia es, a juzgar por los documentos publicados en los últimos días, la apreciación del significado y trascendencia de la sentencia misma. De la parte oficial se insiste en considerar la condena a los presuntos zapatistas como un ``incidente'' que no debe impedir la continuación del diálogo; ''Marcos y el EZLN decidieron hacer casus belli de un asunto que, sin dejar de ser grave y preocupante en principio, no daba para tanto'', escribió Gustavo Hirales en El Nacional (22/05/96), y según editorial de ese periódico del gobierno la sentencia a Elorriaga y Entzin es uno más de los ``problemas de coyuntura'' que se deben analizar dentro de las ``pláticas de paz'' (Ibid.).Las diferentes apreciaciones respecto del significado de la sentencia dictada contra Entzin y Elorriaga se expresan en dos formas opuestas, excluyentes, de catalogar o caracterizar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional: una es la caracterización establecida en el artículo 1 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, la cual ha permitido la reunión periódica de los comandantes zapatistas con los delegados gubernamentales en la mesa del diálogo en Chiapas; la otra es la que está contenida en las acusaciones y la sentencia de los presuntos zapatistas, la cual impediría que esas dos delegaciones vuelvan a estar juntas en la misma mesa.

La primera caracteriza al EZLN como un grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas; y la segunda cataloga al EZLN como una organización terrorista, por extensión de las sentencias contra los presuntos zapatistas.

En el documento enviado por la Comisión de Concordia y Pacificación al CCRI-CG del EZLN, con fecha 21 de mayo, los legisladores repiten que su caracterización del EZLN coincide con la de la ley citada, pero el problema no es la caracterización que se encuentra en la Ley para el Diálogo, sino la que los poderes Ejecutivo y Judicial hacen del EZLN, en las acusaciones de los presuntos zapatistas y en la sentencia, mediante las cuales se le cataloga como una ``organización terrorista''.

De nada sirve que la Cocopa se haya reunido con el titular de la Secretaría de Gobernación y con los miembros de la delegación gubernamental y que hayan logrado una declaración conjunta sobre la caracterización del EZLN la misma que está en la ley, como de nada parece haber servido antes que en esa ley estuviera escrito que el EZLN es una organización de ciudadanos: de todos modos los presuntos zapatistas fueron condenados por terroristas. Este es el hecho, y si la Cocopa de veras ``está dispuesta a hacer lo que sea necesario por la paz'', como declara en el sexto punto de su documento dirigido al CCRI-CG del EZLN, tendrá que demostrarlo con hechos.No deja de ser significativo que en el mismo punto en que la Cocopa afirma su disposición por la paz, se utilice otra vez la ley como amenaza de guerra implícita. Ya no sólo está en el discurso del Poder Ejecutivo, ahora también aparece en el de la representación pluripartidista del Legislativo: La Cocopa advierte al EZLN que ``la principal garantía sigue siendo la ley... y en tanto haya diálogo, nadie sufrirá persecución por parte de ningún poder''.Directa e indirectamente el gobierno federal sostiene que no hay razón para suspender el diálogo y que éste debe continuar el 5 de junio como se había acordado. No se responden los argumentos ni se consideran las razones que el EZLN ha expuesto en sus comunicados. Sí en cambio, se ratifica la amenaza invocando la Ley para el Diálogo y se aumenta la presión sobre el Ejército Zapatista y las comunidades de toda la llamada zona de conflicto, intensificando día a día las movilizaciones militares.

La condición que permitía al EZLN acudir al Diálogo de San Andrés era que la Ley para el Diálogo caracterizaba a los zapatistas como ciudadanos mexicanos. El Poder Ejecutivo primero y el Judicial después los han catalogado como terroristas, y con ello han roto las condiciones legales que permitían a los zapatistas sentarse en la misma mesa con los delegados del gobierno. Para que el diálogo continúe, entonces, debe desaparecer del escenario la identificación jurídica de los zapatistas con terroristas, y el primer paso es retirar esos cargos de todos los procesos de los presuntos zapatistas, empezando por los casos de quienes ya fueron sentenciados por ello.