El gobierno de Ernesto Zedillo sigue dando traspiés en lo económico y en lo político, y en su desesperación ante el fracaso de los programas económicos neoliberales, ha endurecido su política en Chiapas, violando no sólo la Constitución sino la Ley del Diálogo al pasar de una guerra de baja intensidad a otra de mediana intensidad. Chiapas es, de nuevo, el pretexto que utilizan los gobernantes para encubrir su incompetencia, sin darse cuenta de que están poniendo cada vez más en riesgo la paz del país.
1. El gobierno que (presuntamente) dirige Zedillo libra de hecho una doble guerra: una económica contra el pueblo, al imponerle los programas del Banco Mundial y del FMI, y otra virtual contra los campesinos indígenas de Chiapas, que ha pasado en los últimos días del hostigamiento y las amenazas a acciones represivas, la que de continuar en su escalada no podría tener otro resultado que un enfrentamiento abierto. En los 14 meses de vigencia de la ley el gobierno ha pretendido que busca la paz por la vía del diálogo, pero no ha hecho otra cosa que proseguir por otros medios la intentona del 9 de febrero, con un objetivo que no se oculta a nadie: aplastar a los zapatistas.
2. El conflicto de Chiapas ha desnudado al ``sistema'' mexicano, pero en pocas ocasiones éste había quedado tan evidenciado como en los procesos a los presuntos zapatistas. La lectura que hizo el EZLN de este hecho es muy clara: las sentencias a Elorriaga y Entzin abrieron una nueva fase de la guerra de Chiapas, no sólo porque mostraron la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, sino porque al sostener que ser zapatista implica ser ``terrorista'', transgredieron un principio central de la ley y rompieron los fundamentos del diálogo, haciendo patente que el Ejecutivo puede violar discrecionalmente el marco legal del país. Luego de estas sentencias, es claro que no existen garantías para que los zapatistas puedan continuar el diálogo y que urge una nueva iniciativa política.
3. Las sentencias constituyeron un error jurídico y político, pero el gobierno no parece darse cuenta de la gravedad de la situación, y ello es muy preocupante. Uno de los emisarios oficiales, Marco Antonio Bernal, mostró por ejemplo cuál es la visión oficial del problema al calificarlas como ``incidentes'' que no deberían afectar el proceso de negociación (La Jornada, 23 de mayo).
4. El grupo gobernante pretende que está dialogando con los indígenas, pero desde el 9 de febrero de 1995 no ha buscado otra cosa que una solución de fuerza, y en las últimas semanas ha llevado a sus extremos esa política. José Córdoba, Emilio Chuayffet y Zedillo saben bien que han fracasado en su tentativa de doblegar a los zapatistas, y con el fin de imponerse están fortaleciendo ahora un triple cerco: político, militar (y paramilitar) y de hambruna.
5. El diálogo de San Andrés ha sido roto de hecho por el gobierno desde el momento en que decidió que sus enviados no hablaran en la fase I de la Mesa 2 y que sólo llevaran unas cuantas propuestas en la fase II, lo que confirmó al desconocer unilateralmente la Ley del Diálogo: a) con el asedio militar (y paramilitar)) a las comunidades, y b) con los procesos ilegales a los presuntos zapatistas y las sentencias a Elorriaga y Entzin. El diálogo, sin embargo, no está roto jurídicamente, sino sólo suspendido, y por ello urge una nueva iniciativa para evitar el enfrentamiento armado, y la propuesta del EZLN en su último comunicado a la Cocopa para que se le de a éste ``un nuevo marco jurídico'' (21 de mayo) puede constituir una vía para darle una salida a la crisis actual.
6. Las condiciones políticas y militares que el gobierno ha pretendido imponer para doblegar al EZLN hacen imposible no sólo el diálogo sino una salida pacífica, y eso no se oculta a nadie. El grupo gobernante no ha buscado hasta ahora dialogar francamente con los zapatistas, sino imponerse minimizando las posiciones de éstos y desinformando a los mexicanos. En los actos rituales efectuados en Los Pinos para anunciar el fin de la llamada Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena (22 de mayo), y en Comitán para abordar el tema de Chiapas (23 de mayo), Zedillo no ocultó que va a seguir soslayando las demandas zapatistas y los acuerdos de la Mesa 1 de San Andrés, y que la iniciativa oficial de reformas constitucionales y legales no tendrá trascendencia.
7. La propaganda oficial no muestra de tal suerte más que una cosa: que el gobierno de Zedillo sigue engañando a la nación. Pretende que busca la paz pero sólo tiene un objetivo: terminar no con el conflicto sino con los zapatistas.
8. El conflicto no puede tener una salida militar y sin embargo el gobierno de Zedillo, obnubilado por su obsesión de aniquilar a los zapatistas, ha enviado a más de 60 mil hombres a la Selva, las Cañadas, Los Altos y el Norte del estado. La afirmación peregrina de que ese despliegue se debe a la lucha contra el narcotráfico no convence a nadie porque es sabido que en las zonas de influencia zapatista no se producen enervantes. Si la Secretaría de la Defensa quisiera luchar contra el narcotráfico debería empezar por la autocrítica y depurar sus propias filas, pues desde los ochentas el narco penetró en la oficialidad, en particular porque las fuerzas armadas tuvieron como comandante supremo a Carlos Salinas, uno de los principales capos de la droga en México.
9. El principal escollo para la paz lo constituye obviamente el desastre institucional que prevalece en México. A 18 meses de haberse iniciado el nuevo gobierno todo mundo sabe que Ernesto Zedillo es sólo una figura (poco) decorativa que no ejerce en realidad el cargo presidencial, y que Córdoba y Salinas siguen controlando al gabinete y decidiendo la política interna. Las contradicciones, dobleces y engaños se explican en buena medida por ello: de ahí la gravedad de la situación.
10. El gobierno se halla entrampado en sus propias contradicciones, y no parece tener más respuesta para salir del conflicto que la de la guerra, pero ahí debería saber que una guerra contra los campesinos indígenas de Chiapas es también contra la gran mayoría de los mexicanos.