La Jornada 23 de mayo de 1996

Hernández Juáre: la medida es una ofensiva del gobierno

Judith Calderón, Oscar Camacho, Elena Gallegos y Georgina Saldierna El líder de los burócratas del país, Héctor Valdés Romo, expresó su descontento ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en lo referente a la libertad de sindicalización, y dijo que ese gremio pasará de un sindicalismo de reacción a uno de acción.

El representante de un millón 200 mil trabajadores al servicio del Estado, anunció que acudirán al Poder Legislativo para promover un incidente de reforma al apartado ``B'' del artículo l23 constitucional, porque ``no sé si los magistrados han medido las repercusiones de esta resolución, que no sólo afecta a los burócratas sino a toda la clase obrera del país''.

Entre las consecuencias de este cambio ennumeró que algunos grupos disidentes podrán pedir su registro no al Tribunal Federal sino a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también está la posibilidad de que los trabajadores de algunas secretarías de Estado acudan al Tribunal.

--¿Se tendrá que reformar la ley?

--Confiamos en ello.

Los 21 líderes que integran el Foro del Sindicalismo ante la Nación, rechazaron el fallo de la SCJN, que abre la posibilidad a los trabajadores de salirse de su organización sindical. Al respecto, coincidieron en que se trata de una ofensiva en contra de las organizaciones sindicales y anunciaron que realizarán movilizaciones de protesta y que definirán otras formas de respuesta.

La noticia causó sorpresa e indignación entre los líderes, que trataron el tema en la reunión matutina realizada en el edificio del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA), donde la temática prevista estaba relacionada con su posición ante la inminente elección de Víctor Flores al frente del Congreso del Trabajo.

En un breve receso hablaron con los reporteros y expusieron sus diferencias:

Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, comentó: ``No es nada casual que hoy se dé esta decisión cuando hay cambios en el Congreso del Trabajo. A mí me parece que el gobierno inicia una ofensiva muy importante en contra de las organizaciones sindicales con este laudo de libertad sindical''.

Calificó como ``muy grave'' el hecho porque fomenta la antisindicalización y actualmente, pese a sus fallas, el sindicalismo sigue siendo ``el mejor instrumento con que cuentan los trabajadores para su defensa''.

Agregó: ``Me parece que la respuesta debe ser a través de movilizaciones a nivel nacional, porque eso es precisamente una manera de poder detener esta ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo''.

Antonio Rosado, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), opinó que el objetivo es ``seguir favoreciendo a la empresa y al capital. Es una medida para impulsar su técnica neoliberal que ahora quiere debilitar la forma de defensa de los trabajadores''.

Advirtió que puede ser un primer paso hacia la modificación de la Ley Federal del Trabajo y ``ya hemos visto que todo va en contra de los intereses de los trabajadores, porque si se quiere un sindicalismo diferente, no va a ser desarticulando a los sindicatos''.

Elba Esther Gordillo, dirigente del IESSA, opinó que se trata de una ``ruptura de un pacto que surge de la Revolución Mexicana y no se vale querer destruir el corporativismo con medidas legales dejando a cada trabajador, dizque con un discurso democrático, a que se defienda como pueda''.

Esto es ``atomizar a los gremios''. Las organizaciones deben cambiar pero son los trabajadores y no el gobierno quien lo puede decidir, añadió.

Por separado, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Oscar Mario Santos Gómez, opinó que de sentar jurisprudencia, el fallo de la SCJN podría generar la pulverización y el desmembramiento de las centrales y federaciones obreras. ``Esto le afectaría más al Ejecutivo, puesto que el gobierno tendría que tratar con diferentes sindicatos y con las dirigencias estatales''.

En la Cámara de Diputados, legisladores de oposición consideraron como ``positiva e histórica'' la resolución del máximo tribunal del país, pues ello constituye un duro golpe al corporativismo.

Amado Cruz Malpica, diputado del PRD, dijo que una vez dictadas las resoluciones, toca a las autoridades de la Secretaría del Trabajo asumir acciones en el ámbito de su competencia, para terminar con las trabas administrativas en materia de registro que hasta el momento obstaculizan el reconocimiento y constitución de dos sindicatos en una misma dependencia.