Procede el juicio contra Rubén Figueroa en la Cámara

Elena Gallegos y Oscar Camacho Está listo el dictamen para llevar a juicio político a Rubén Figueroa. El documento de 74 cuartillas ofrece 36 considerandos para soportar jurídicamente porqué el gobernador con licencia sí debe ser enjuiciado, y se entregó anoche a los presidentes de las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Las ``contundentes razones jurídicas'' que se dan para sostener que procede el juicio, no dejan abierto ningún ``resquicio legal'' por el cual los priístas puedan ``salvar'' a su correligionario.

Por ello, la fracción del PRI tendrá que echar mano --como ya lo hizo en septiembre-- de su mayoría numérica si quiere evitar que Figueroa sea enjuiciado, opinaron legisladores del PRD y del PAN.

El documento fue hecho llegar también a las oficinas de los coordinadores parlamentarios de los cuatro partidos representados en la Cámara, y en los próximos días se citará al pleno de la Subcomisión de Examen Previo --órgano que determina en primera instancia si el juicio procede o no-- a votarlo.

El dictamen culmina con el resolutivo emitido el pasado 23 de abril por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que existieron ``violaciones graves'' a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, en los cuales perdieron la vida 17 personas y 20 más resultaron heridas.

La Suprema Corte señala específicamente, que de dichas violaciones resulta responsable, entre otros, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida.

Por acuerdo de los presidentes de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia --miembros de ambas integran la Subcomisión de Examen Previo--, Saúl González Herrera y Fernando Pérez Noriega, respectivamente, correspondió al abogado panista Alejandro Zapata Perogordo ser el ponente, luego (de) que el PRD solicitó se reabriera el caso al haber pruebas supervinientes como son el resolutivo mismo de la Suprema Corte y el video de los sucesos ``sin ediciones''.

Después de 20 días de análisis del expediente, el legislador panista entregó el grueso legajo a González Herrera y Pérez Noriega, en cuyos considerandos se resumen desde los debates del Constituyente (1857 y 1917) sobre el juicio político y quiénes pueden ser objeto del mismo, hasta la jurisprudencia de la Corte sobre el mismo asunto.

También se argumenta porqué no tienen cabida los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Responsabilidades para ``evitar'' el juicio. Esos artículos formaron parte medular del dictamen que en septiembre pasado presentó por el PRI, Dionisio Pérez Jácome, para señalar que Figueroa no podía ser enjuiciado porque la violación a las garantías individuales no era sistemática.

Sin embargo, Zapata Perogordo aclara que la Constitución no habla, en el caso de autoridades locales, de violaciones graves y sistemáticas, sino únicamente de ``graves'', por lo que esos enunciados de la ley reglamentaria no pueden ser aplicados en un asunto como éste.

En el último de los considerandos y aludiendo a la conclusión de la Corte, se determina que ``se encuentra plenamente acreditada la existencia de violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presunta responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer.

''Por las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente dictamen, se concluye que por encontrarse en los supuestos del tercer párrafo del artículo 108 y segundo párrafo del artículo 110, ambos de la Ley Fundamental, en relación con el segundo párrafo del artículo 5 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que debe incoarse procedimiento de juicio político en contra de Rubén Figueroa y se somete a la consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Justicia, lo siguiente:

``Primero. Esta Subcomisión de Examen Previo de la H. Cámara de Diputados, es competente para conocer las denuncias de juicio político promovidas en contra de Rubén Figueroa.

``Segundo. Ha lugar a incoar procedimiento de juicio político en contra de Rubén Figueroa, y:

``Tercero. Remítase la presente resolución al pleno de las comisiones unidas a efecto de formular la resolución correspondiente y en su oportunidad se turne a la Sección Instructora de la Cámara''.

Luego de hacer una recapitulación de los hechos en Aguas Blancas, aludir a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el dictamen de la Corte y la renuncia de Figueroa, Zapata Perogordo detalla las razones legales por las cuales la Cámara debe declararse competente y abrir el proceso.

En el dictamen se asienta con insistencia que la misma Suprema Corte calificó de ``graves'' las garantías constitucionales violadas por Figueroa y plasmadas en los artículos 6, 9, 11, 14, 16 y 22 de la Ley Suprema en los hechos de Aguas Blancas y en los posteriores en relación con ellos.

Precisa que tan ``fueron graves'' esas violaciones, que ``existe consternación social y un sentimiento de preocupación de la comunidad nacional para la aclaración de estos hechos, que no pueden considerarse como aislados sino que han constituido una alteración al orden social y alarma entre la comunidad de esa región''.

Conviene en que de la solicitud misma de licencia del gobernador ``se desprende la existencia de ánimos exacerbados por grupos sociales, circunstancia que corrobora la repercusión social que tuvieron los acontecimientos''.

En cuanto a los sucesos posteriores, el dictamen ----que pronto será votado por el pleno de la subcomisión---- se refiere al engaño y ocultamiento que hizo el gobernador de los mismos, dando versiones no apegadas a la realidad y transmitiendo un video editado que no reflejaba el alcance de los sucesos. También en este punto se alude con profundidad a la conclusión de la Suprema Corte que convino en que se había violado la libertad de información.

Los priístas analizan la posibilidad de presentar un dictamen alterno para exonerar a Figueroa. El documento --se supo-- ya está elaborado. Pero para perredistas y panistas, la mayoría ``no dará razones jurídicas de peso'', sólo ``acatará la consigna de no someterlo a juicio, porque fue uno de los elementos que el gobernador pactó para su salida''.