Reabre EU el programa de entrenamiento antidroga a México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 22 mayo Tres años después de la ``mexicanización'' de la guerra contra la droga, que clausuró el programa de entrenamiento antinarcóticos estadunidense en México, el Departamento de Estado está reiniciando ese programa al que propone otorgar 5 millones de dólares para capacitación y apoyo en 1997.

Esta decisión se dio a conocer al tiempo que un informe de una organización privada reveló que además de proporcionar helicópteros al gobierno mexicano, durante los últimos seis años Washington ha enviado al vecino país más de 3 mil camiones militares, 50 mil rifles y varios barcos, como parte de su respaldo a los esfuerzos antinarcóticos.

``Bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la lucha antinarcóticos se ha revigorizado y ampliado'', explica el Departamento de Estado en su informe anual al Congreso. ``Mientras el gobierno mexicano continúa financiando gran parte de sus costos de programa (contra el narcotráfico), ha solicitado la renovación de la asistencia para capacitación y técnica en áreas especializadas de control de drogas''.

En 1992, el gobierno mexicano anunció que estaba ``mexicanizando'' su lucha contra la droga y dejando de esa manera de recurrir a la asistencia financiera estadunidense para ese esfuerzo en México. En respuesta a esta decisión de las autoridades mexicanas, funcionarios estadunidenses explicaron en 1993, que Washington suspendía su programa de asistencia en este rubro, al cual se le dedicaba en promedio 20 millones de dólares anuales para capacitación y refacciones de una flota de helicópteros arrendados al gobierno vecino.

Pero ahora el Departamento de Estado considera que México podría estar dispuesto a aceptar un programa más modesto de asistencia para capacitación especifica por parte de la Oficina de Narcóticos Internacionales (INL) del Departamento de Estado, así como algo de apoyo para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros operados por la PGR. El presupuesto para este programa de asistencia se incrementará de cero en 1995 a 5 millones de dólares para 1997.

"A solicitud de México, INL está trabajando con otras agencias gubernamentales de Estados Unidos para desarrollar un programa comprensivo de entrenamiento en administración de justicia y aplicación de ley, para apoyar el plan de reorganización y reforma de la administración Zedillo", puntualiza el informe presentado al Congreso por el Departamento de Estado.

Un alto funcionario de la administración Clinton explicó a La Jornada que un enfoque principal del programa de capacitación será asistir a los funcionarios mexicanos que participan en la implementación de la nueva ley sobre lavado de dinero, aprobada por su Congreso, la organización de seminarios y sesiones de entrenamiento para personas involucradas en la detección de lavado de dinero y seminarios para banqueros sobre este mismo tema.

Entre otras áreas de capacitación, los funcionarios estadunidenses están anticipando programas para apoyar a fiscales encargados de casos de narcotráfico y para apoyar a autoridades de seguridad pública en la implementación de la legislación para la intervención telefónica, que se espera sea promulgada este año.

"Estamos organizándonos para estar preparados financieramente afin de responder a este tipo de solicitudes de capacitación para México", explicó un funcionario estadunidense.

El Departamento de Estado también anticipa que fondos adicionales podrían ser dedicados a modernizar y mejorar los helicópteros y aviones de la PGR, y para ampliar el personal en la sección de asuntos antinarcóticos en la embajada de Estados Unidos en México. "Todo esto apunta a apoyar los esfuerzos de modernización de (el procurador general, Antonio) Lozano", declaró un funcionario estadunidense.

Equipo

Por otro lado, un nuevo informe de la Federación de Científicos Americanos (Federation of American Scientist, Fas) que será dado a conocer la próxima semana, documenta la ampliación del apoyo estadunidense a los esfuerzos antinarcóticos mexicanos durante los últimos seis años; este respaldo se concentra en la donación de equipo militar usado que, si fuera comprado nuevo, tendría un valor de más de 100 millones de dólares.

El nuevo informe, Armas recicladas: la exportación estadunidense de armas de excedente, indica que como resultado de la reducción de las fuerzas armadas estadunidenses al concluir la guerra fría, Washington ahora vende, renta o dona a países aliados equipo militar que ya no utiliza. Gran parte de este equipo, como los helicópteros Huey, ofrecidos a México, es viejo y ha sido sustituido por equipo de tecnología más avanzada. Pero de acuerdo con funcionarios militares entrevistados aquí, el equipo ha recibido buen mantenimiento y, en general está en condiciones operativas.

Según el informe, y documentación adicional del Pentágono proporcionada a La Jornada por el Proyecto de Monitoreo de Ventas de Armas de FAS, México ha recibido mucho más que sólo helicópteros a través de este programa, en el curso de los últimos seis años. Muchos de los traslados particulares han sido previamente reportados, pero el monto total del equipo trasladado durante este periodo es suficiente para cubrir los requisitos de transporte para una buena parte de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Estos traslados, desde 1990 hasta fines de 1995, incluyen más de 3 mil100 camiones militares de varios tamaños (desde los que tienen capacidad de un cuarto de tonelada, hasta de 2.5 toneladas), 48 mil 178 rifles M-1, trailers y refacciones para aereonaves y barcos. Mucho de este material fue trasladado antes de la ``mexicanización'' de la lucha antinarcóticos, pero de 1993 a 1995, Estados Unidos también otorgó dos fragatas Clase Bronstein, un crucero de guarda costas Medium Endurance y una nave de investigación a la marina mexicana.

Según FAS, los traslados del equipo a los países latinoamericanos se envían con la intención oficial de respaldar los esfuerzos antinarcóticos. Su informe señala que los traslados están limitados a los principales países de producción o transporte de droga con gobiernos democráticos y cuyas fuerzas armadas no violen los derechos humanos. Originalmente, la ley estadunidense contenía el requisito de que el equipo sería utilizado ``sólo'' para propósitos antinarcóticos, pero esto fue enmendado para indicar que el equipo sólo puede usarse ``principalmente'' para propósitos antinarcóticos, ya que, según FAS, "aparentemente el requisito anterior no se respetaba estrictamente".

La FAS ofrece varias criticas del programa actual, por ejemplo el que no siempre se respeta la prohibición sobre el traslado del equipo militar de excedente a regímenes represivos. Señala que Colombia ha sido el principal receptor de este tipo de equipo en América Latina, mientras el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado acusa a la policía y fuerzas armadas de Colombia de "amplios abusos de derechos humanos".

Ademas, la FAS cuestiona la forma en que se informa sobre los traslados en este país, señalando que el valor actual del equipo frecuentemente se calcula por debajo de los precios de mercado, aun para equipo usado. Las discrepancias en el precio pueden ser bastante grandes: por ejemplo, el equipo otorgado a México costó más de 100 millones de dólares cuando fue adquirido nuevo por Estados Unidos, pero es valuado por el Pentágono en menos de 8 millones de dólares.