Otra vez la Corte, ahora por la libre afiliación sindical
Inconsistencia de los llamados disidentes

De suyo trascendental, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ampara la creación del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara y la constitución de más de un sindicato en las empresas o dependencias federales o de los gobiernos estatales o municipales, en realidad no es más que la ratificación de uno de los principales derechos laborales; la libre afiliación sindical, consagrado constitucionalmente, pero que en la práctica siempre ha sido violado para dar paso al llamado corporativismo laboral y a la utilización política de esa fuerza.

Llama la atención, otra vez, que la Suprema Corte incursione en aspectos que parecieron vedados en su esfera de influencia, pese a que siempre fueron de su competencia. Sin embargo, empieza la Corte a sentar precedentes que a primera vista parecieran signos de independencia frente a los otros poderes, especialmente del Ejecutivo, pero que en el fondo dejan ver una intencionalidad política distante a la autonomía.

Por eso, además de los aspectos positivos del alegato jurídico en que la Corte sustenta el derecho que asiste al personal académico de la Universidad de Guadalajara y por añadidura a los trabajadores en general de dependencias públicas de los tres niveles de gobierno para constituir otro sindicato además de los ya existentes, no debe pasarse por alto la crisis y la aguda división que vive el llamado movimiento obrero y el sindicalismo oficial, lo que podría traducirse en el principio del fin de la práctica del corporativismo.

No es una novedad que a partir del pasado primero de mayo, en la conemoración del Día del Trabajo, quedó expuesta una importante ruptura en el sindicalismo oficial, cuando por lo menos una decena de organizaciones que se agrupan en el Congreso del Trabajo se negaron a asistir al acto oficial y en cambio realizaron, en abierta disidencia, una de las dos multitudinarias marchas independientes que recuperaron el Zócalo capitalino.

La ruptura se profundizó apenas ayer, cuando en la supuesta elección del nuevo presidente del Congreso del Trabajo, las mismas organizaciones que marcharon de manera independiente el primero de mayo cuestionaron la elección de Víctor Flores Morales, la que calificaron de ``autoritaria, excluyente'' y que sólo incrementará la ``falta de credibilidad'' del organismo cúpula del movimiento obrero.

Las 10 organizaciones disidentes del CT y otros 10 sindicatos en total 20 agrupamientos laborales que conforman el llamado Foro del Sindicalismo ante la Nación, demandaron la recomposición del sindicalismo mexicano, redefinir el papel del Congreso del Trabajo, ``en donde exista respeto al cambio democrático y a convertirse en un espacio abierto para establecer nuevas formas de organización, de acción y de representación del movimiento sindical'', y convocaron a realizar una gran asamblea nacional de trabajadores para analizar la unidad, el pluralismo y la democracia del movimiento sindical.

Sólo que los supuestos disidentes del CT y en general los sindicatos que integran el Foro del Sindicalismo ante la Nación, también incluyen, entre sus demandas, ``que ninguna tesis o resolución de la Suprema Corte o cualquiera otra autoridad atente contra el espíritu y el contenido del artículo 123 constitucional''. Esto es, que aquellas agrupaciones que se dicen disidentes del Congreso del Trabajo, que critican a esa instancia corporativa por ``autoritaria, excluyente y antidemocrática'', se oponen a que los trabajadores del Estado, como lo resolvió la Suprema Corte, ejerzan uno de sus derechos laborales fundamentales; el de la libre afiliación sindical.

La resolución de la Corte en el caso del Sindicato de Personal Académico de la Universidad de Guadalajara y su aplicación general a los trabajadores del Estado, provocó una airada reacción del sindicalismo oficial supuestamente disidente, cuyos dirigentes criticaron con severidad el dictamen de la Corte, y hasta se dijeron destinatarios de un mensaje que busca castigar, por la vía de la desintegración de los sindicatos del Estado, a quienes pretenden abandonar las filas del oficialismo.

No resultaría extraño que bajo el amparo de la libre afiliación sindical, los sindicatos presuntamente disidentes se regeneren en otros formaciones subordinadas al gobierno y permanezca intacto el esquema del corporativismo, que mucha falta hará al PRI-gobierno sobre todo en procesos electorales como los de 1997 y del año 2000.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es la inconsistencia de esos dirigentes que apelan al pluralismo, al sindicalismo democrático, al fin de las prácticas autoritarias y excluyentes, de quienes se dicen disidentes y pregonan la renovación sindical, y se niegan a que, como lo establece el texto constitucional, los trabajadores del Estado y los trabajadores, todos, ejerzan su libre derecho a la sindicación.