Aun sin contener una condena explícita, la resolución de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que censura la aplicación unilateral de sanciones comerciales de una nación a otra en inequívoca referencia a la ley Helms-Burton constituye un precedente clave, sobre todo en una era en que las relaciones internacionales han tendido a caracterizarse más por el pragmatismo y los intereses económicos que por los principios.

Estados Unidos, acostumbrado en años recientes a hacer prevalecer su voluntad en el concierto de las naciones, en esta ocasión parece haber llegado demasiado lejos. En su empeño por doblegar a un pequeño país, sometido ya a tres décadas de castigo sistemático, pretende que una ley, considerada injusta aun por muchos de sus ciudadanos, rija más allá de sus fronteras y vulnere intereses de sus propios socios económicos, los mismos que en otras ocasiones han respaldado sin reparos sus iniciativas de coerción internacional.

En momentos en que la tormenta preelectoral estadunidense presagia la instauración de medidas semejantes contra Irak y China, la declaración de la OCDE es una bienvenida advertencia de que las actitudes estilo big brother de Washington pueden llegar a constituir una amenaza tan seria al orden internacional como las que con ellas dice combatir.

En este sentido, se equivocó el asesor del presidente Clinton, Joe Stiglitz, al opinar que el tiempo invertido en esta declaración ``debió emplearse para criticar al terrorismo''. Otra suerte de terrorismo, el de un Estado frente a otro, estuvo ciertamente a discusión en París.

Al mismo tiempo, la resolución es un oportunísimo referente para la consulta trilateral que sobre este mismo asunto emprenden los tres países signantes del TLC para América del Norte, cuyas cláusulas, al igual que las normas de la Organización Mundial de Comercio, son violadas por dicha legislación intervencionista.

Cabe esperar que la representación de nuestro país tenga presente no sólo los intereses legítimos de los inversionistas nacionales, sino también la tradicional defensa mexicana de la autodeterminación de los pueblos.