Es muy preocupante la aparición de escuadrones de la muerte en varios estados del país, y la tibia reacción de un gobierno que no quiere combatir lo que tal vez pueda necesitar.

Ningún gobierno renuncia a ese privilegio extraordinario que le da tener el monopolio legal en el uso de la fuerza y de sus instrumentos. La democracia supone amansar y sujetar esa capacidad con leyes e instituciones que deben apegarse a los criterios internacionales de legitimidad y justicia. La tensión es permanente e inevitable y de las resoluciones que vaya teniendo depende el grado de civilidaad de una sociedad.

En México vivimos un momento de tirantez extrema entre los impulsos a la violencia de una parte del aparato estatal y las resistencias que impone la legalidad, la sociedad y la comunidad internacional. Hay razones para preocuparse, pero la batalla por la civilidad no está perdida.

Los gobiernos creados por la Revolución Mexicana siempre han recurrido a la fuerza para mantener controlada a la población. Sin embargo, la coerción y los encargados de ejercerla han estado sometidos a la razón política del grupo en el poder que la ha utilizado con una gran sofisticación.

Nuestra sociedad se ha transformado y los medios de comunicación independientes y el movimiento de derechos humanos y algunos partidos opositores han limitado al uso ilegítimo de la violencia estatal. Desafortunadamente, se trata de estorbos cuando la problemática exige murallas.

En diferentes estados del país ya están operando grupos paramilitares, guardias blancas o escuadrones de la muerte que se apegan a un patrón que describiré a partir de la recomendación 58/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El 10 de enero de 1995 hubo un enfrentamiento en Chicomuselo, Chiapas en el que murieron policías y campesinos. La CNDH constató que ''personas civiles se organizaron, se armaron y, en señal de distinción, se colocaron un listón en la manga de las camisas. Que estos civiles continuaron con la misma actitud aun después de que los elementos de seguridad pública ya controlaban la situación''.La policía toleró a estos civiles y eso quiere decir que el gobierno del estado de Chiapas violó todas las leyes federales y estatales que prohíben expresamente que particulares ejerzan las facultades de la policía. Como parte de su proceder la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la autoridad del estado sobre diversos puntos.

El gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Fierro, aceptó la recomendación y como pasa en diversas ocasiones, la cumplió sólo parcialmente. Por ejemplo, todavía está pendiente de integrar y determinar la averiguación previa sobre las responsabilidades de los jefes policiacos que consintieron la acción de ese grupo paramilitar.

Lo gravísimo de este hecho es que no se trata de un caso aislado. Como demostraré en otras colaboraciones, hay varios estados con grupos paramilitares que asesinan con impunidad ante la tolerancia de las autoridades. El 16 de mayo la CNDH envió una solicitud al mismo gobernador en relación al caso de Bachajón y Chilón. Es indignante que la CNDH volviera a constatar que los ``agentes del Ministerio Público... andaban todo el tiempo acompañados de Los Chinchulines'' y que éstos se ``pasean armados y no son molestados por los agentes de seguridad pública enviados por el gobierno del estado''.

Esos documentos de la CNDH son extraordinariamente importantes porque impiden que los gobernantes finjan demencia ante los acontecimientos. Todos ellos saben lo que pasa y si muestran tibieza e indecisión es porque están inquietos por el futuro. El régimen siempre ha recurrido a estos escuadrones de la muerte que, al no ser autoridad, lo que hacen puede imputarse a actos de criminalidad común. Es inevitable concluir que si no los combaten es porque no quieren terminar con un instrumento que les resulta cómodo para eliminar presencias incómodas.

Tolerarlos también plantea riesgos al régimen que supone que puede regularlos. Sin embargo, hay evidencia de que algunos de estos grupos paramilitares empiezan a actuar por su cuenta y la violencia incontrolada contribuye al clima de incertidumbre. Además de ello, una matanza que en el pasado no hubiera salido de la página roja de diarios locales ahora puede desencadenar o acelerar dinámicas profundamente desestabilizadoras.El espectro de la violencia es tan real como la indecisión de buena parte de las autoridades que se comprometieron a combatirla y que tienen que decidir si están por la violencia o por la legalidad. Inclinar la balanza a favor de la civilidad es uno de los retos más grandes que tenemos. Quien no lo entienda así, no comprende ni la historia ni la lógica, los ritos y los riesgos de la violencia.